¿Hasta cuándo serán vulnerados los defensores ambientales?

Durante la semana pasada, dos reconocidos líderes ambientales fueron amenazados y amedrentados por desconocidos. La primera noticia la recibimos el martes en la tarde: Katta Alonso, vocera de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia, fue intimidada en las afueras de su casa. Luego, durante el fin de semana,  Rodrigo Mundaca, líder del  Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), quien además recientemente le fue otorgado el premio  Internacional de Derechos Humanos de Nuremberg, recibió amenazas de muerte a través de redes sociales.

Esta situación es  inaceptable en los tiempos que corren. Sin embargo, es el reflejo de lo mucho que le falta nuestro país para avanzar en materias de protección de derechos humanos y medio ambiente.

Tomando en cuenta que esta no es la primera vez que se vulneran a defensores y defensoras ambientales –aunque esperamos que sí sea la última-, estos hechos demuestran  que es ineludible  suscribir el Acuerdo de Escazú, ya que es el primero en esta materia para Latinoamérica y El Caribe, y cuyo objetivo es garantizar la participación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de tomas de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales; el cual, paradojalmente, siendo Chile el país impulsor de esta iniciativa, el Ejecutivo se ha negado a firmar, argumentando que nuestro país  cumple con todas las disposiciones en él contenidas.

Sin embargo, es claro que nuestra legislación  no garantiza ningún resguardo  a este tipo de líderes que, tomando en cuenta la cantidad de conflictos ambientales que se desarrollan a lo largo de nuestro territorio, son un número considerable.  Ellos son quienes están expuestos a las peores consecuencias de un Estado que invisibiliza los conflictos ambientales. Duele ver que el Estado dispone de más herramientas –y que los Gobiernos continúan perpetuándolas- para proteger los derechos de las corporaciones y sus proyectos, que para otorgar protección a líderes que piensan en el bienestar de todos y todas y de la naturaleza.

Katta Alonso y Rodrigo Mundaca, son ciudadanos comunes  que sin ningún tipo de recurso más que el pulso de su valentía y decisión. Ellos velarán  hasta el final por resguardar los territorios donde hoy están perpetuados conflictos socio-ambientales severos que, finalmente, nos repercuten a  todos.

Desde Fundación Terram, manifestamos  nuestro profundo reconocimiento y gratitud a estos líderes que –a pesar de ser violentados, minimizados y estigmatizados-  no descansarán hasta que sus legítimas demandas sean reconocidas y cumplidas.

Exigimos al Gobierno tomar medidas al respecto, este tipo de situaciones no pueden ni deben continuar repitiéndose en un país “democrático”. Es el Estado y sus instituciones, el responsable de asegurar la paz social y el derecho a la libre expresión de todos y todas quienes habitamos este país. Y, si no se cumple, es porque claramente estamos frente a un Estado Fallido que deja a su suerte la integridad de actores sociales de especial relevancia para el futuro de nuestro país.