La agenda ambiental y climática también es una agenda social

Opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sobre el lugar de las demandas ambientales en el estallido social del país. Fuente: La Mirada Semanal, 14 de noviembre de 2019.


Hasta hace menos de un mes la agenda pública en nuestro país estaba cargada de noticias y debates en torno a cambio climático, pues Chile sería sede de dos importantes eventos internacionales, la reunión de APEC y la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP25. Pero tras el estallido social en que Chile despertó, todo rápidamente cambió de rumbo. Las razones esgrimidas por el gobierno para desechar la realización de la COP25 en Santiago señalaron que era el “minuto de priorizar la agenda interna[1]” y que el gobierno había “decidido atender con urgencia y responsabilidad los problemas e intereses de los chilenos, sus necesidades, anhelos y esperanzas que han aflorado en estos últimos días[2]”.

En las semanas transcurridas desde este anuncio, obviamente en Chile ya no se habla de cambio climático, las noticias sobre manifestaciones, marchas y legítimas demandas de la ciudadanía han copado los medios de comunicación. Sin embargo y entendiendo que los habitantes de este país de alguna forma hemos decidido que ya no queremos más de lo mismo y que necesitamos cambios que hagan de Chile un país menos desigual, más justo y democrático, no podemos obviar que el cambio climático sigue allí y que sus efectos están incidiendo o van a incidir en nuestra vida cotidiana. No se trata de que la agenda social sea más importante que la ambiental o la inversa. Se trata de que cada vez más personas entiendan que el cambio climático y las demandas ambientales son también demandas sociales.

Por eso no podemos olvidar que los habitantes de las “zonas de sacrificio” donde se emplazan las centrales termoeléctricas a carbón y gas que contaminan el aire -contribuyendo con sus emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático-, las cuales son comunas pobres y abandonadas por el Estado de Chile. Estos son territorios, donde desde hace muchos años sus habitantes presentan problemas de salud, sus niños tienen problemas de aprendizaje, donde los pescadores artesanales no tiene nada que pescar, pues el mar está contaminado y deben aceptar los empleos precarios que les ofrecen las mismas empresas que contaminan sus comunidades.

Tampoco podemos olvidar que la zona centro norte de Chile desde hace 10 años está afectada por una severa sequía. Esta situación no es transitoria y en poco tiempo puede derivar en una situación tan o más dramática que la que viven los habitantes de comunas como Petorca.  En abril de 2019, la DGA señalaba que según “los reportes pluviométricos el registro de precipitaciones a marzo de 2019 comparado con el promedio de lluvias registrado para el periodo 1981 -2010, evidencia un déficit de 100% desde Antofagasta a Los Andes. En Valparaíso el déficit fluctúa entre el 84% y 91%, en Concepción llega al 63% y en Puerto Montt a 52%» [3]. Sin duda esta situación se ha agravado, pues el invierno de 2019 fue extremadamente poco lluvioso para las regiones del centro y norte del país. Pero el problema del agua no solo se puede atribuir a los efectos del cambio climático o la sequía, gran parte de la problemática está relacionada con la propiedad y gestión del agua. Ya en 2011 el Banco Mundial daba cuenta de los problemas que tiene Chile en términos de institucionalidad y gestión en la materia en un informe denominado “Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos[4]”.  El problema del agua en Chile puede ser abordado con distintas acciones que van desde cambios en la Constitución Política de la Republica hasta medidas de contingencia que permitan gestionar los recursos hídricos en tiempos de crisis.

Y así podemos seguir dando ejemplos, la contaminación por leña en las ciudades del sur, la salmonicultura en las regiones australes, el impacto del modelo forestal chileno en las comunidades indígenas, el emplazamiento de vertederos y rellenos sanitarios en comunas pobres… en fin.

Sin duda el cambio climático nos afecta a todos, pero no de igual manera. Las comunidades, familias y personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, son los primeros afectados. Ellos no cuentan con los recursos para hacer frente a los efectos del cambio climático. Es evidente que las personas que viven en zonas de sacrificio difícilmente, por no decir que es imposible, pueden salir de ellas; lo mismo pasa con personas más pobres afectadas por la sequía, ellos deben aceptar vivir en condiciones indignas. Por estos y muchos otros casos consideramos que la agenda ambiental es también social.

Sin embargo y pese a los dichos del gobierno respecto a la cancelación de la COP25, los temas ambientales o relacionados con cambio climático no forman parte de las medidas anunciadas en la agenda social, es dramático constatar que existe una total desconexión entre los problemas que se viven en los territorios y lo que propone el gobierno. Esperemos que después de todo lo vivido exista voluntad de elaborar una agenda de trabajo clara y con financiamiento que permita abordar los temas más urgentes relacionados con el cambio climático, de lo contrario es difícil imaginar cómo el gobierno de Chile pretende influir y mucho menos liderar las negociaciones climáticas mundiales.

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[1] https://www.cop25.cl/#/cop-news/5r3blOxqP2rD9H7xdU2P

[2] ibid

[3] https://www.latercera.com/nacional/noticia/chile-se-seca-reportes-del-mop-dan-cuenta-del-real-deficit-agua/614719/

[4] http://www.dga.cl/eventos/Diagnostico%20gestion%20de%20recursos%20hidricos%20en%20Chile_Banco%20Mundial.pdf

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