La reciente noticia sobre un escape de salmones desde un centro de cultivo ubicado en Calbuco, de propiedad de Salmones Aysén, pone una vez más en la discusión pública la forma en que trabaja la industria salmonera chilena y las capacidades que tiene la autoridad para impulsar mejores prácticas dentro de la misma.

Si bien esta industria se ha desarrollado en forma intensiva por más de 30 años, y para muchas personas representa una fuente de trabajo en la Región de Los Lagos, sabemos que no ha estado exenta de polémicas. Las denuncias que ha enfrentado van desde lo laboral, a lo ambiental y lo sanitario. En una primera etapa, y hasta la irrupción de la crisis sanitaria provocada por el virus ISA, la producción salmonera chilena se concentraba en Los Lagos, región que generaba cerca del 85% del total de la producción de salmones a nivel nacional.

Con posterioridad a esta crisis y con el cambio en el modelo productivo, la industria salmonera ha privilegiado el aumento de la producción en la Región de Aysén, la que poco a poco ha ido tomado la delantera, al mismo tiempo que ha comenzado a incrementar su producción en la Región de Magallanes. Este traslado de los cultivos a otras zonas para incrementar su producción se explica, básicamente, porque la industria necesita para su desarrollo ciertas “condiciones ambientales”, entre las cuales están la cantidad de oxígeno en el agua y la calidad de la misma, condiciones que se deterioran con el cultivo intensivo de peces cuando no existen adecuadas prácticas ambientales y sanitarias.

Las cifras indican que en Chile, la industria salmonera creció casi un 3.000% entre 1990 y 2017; cualquier industria que crece a una tasa anual de 102 evidentemente genera impactos negativos en su entorno. En el caso de la salmonicultura, los impactos son evidentes en materia ambiental y sanitaria, pero lo más preocupante es que la autoridad competente, ya sea Ministerio de Medio Ambiente o el Ministerio de Economía a través del Servicio Nacional de Pesca, ha permitido que esta industria se desarrolle sin establecer regulaciones y capacidades de fiscalización adecuadas a las que una industria de esta envergadura requiere, dejando así que siga creciendo en producción sin importar los impactos ambientales que genera en el entorno