Opinión de Flavia Liberona sobre el proyecto que modifica el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Fuente: Nueva Minería y Energía, 15 de noviembre de 2019.
La reforma al SEIA, completamente insuficiente
En junio de 2019, el gobierno retiró la iniciativa legal que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), presentada en 2018, y la reemplazó por el proyecto de ley que introduce modificaciones en la institucionalidad ambiental y en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, actualmente en tramitación.
Pero debemos hacer un poco de historia. En 2010 se aprobó la reforma a la institucionalidad ambiental, la cual, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, creó el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, la que sumó más tarde a los Tribunales Ambientales.
La reforma de 2010 introdujo modificaciones al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA), pero éstas no tuvieron como propósito revisar las causas que están en la base de los conflictos socioambientales, como tampoco se hizo cargo de las demandas y propuestas de las organizaciones ciudadanas. Muchos de los problemas que presenta el SEIA están relacionados con desigualdad de trato en el proceso de calificación ambiental entre proponentes y servicios públicos y ciudadanía en general.
Esto se expresa en diversos aspectos, pero los más evidentes son los plazos con que cuentan unos y otros al interior del sistema. A esto se suma la total ausencia de apoyo desde instituciones del Estado a las comunidades.
En el segundo gobierno de Bachelet, se creó la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del SEIA, instancia que fue duramente criticada, ya que la mayoría de los consejeros representaban los intereses de grandes gremios. El trabajo de esta comisión concluyó con un informe y recomendaciones, pero no se tradujo en modificaciones de fondo al SEIA.
El proyecto de ley de 2018 que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Bol.11952-12), junto al proyecto de Ley Agenda Inversión I (Bol.11747-03), tenían como propósito destrabar la calificación ambiental, promoviendo la inversión privada, flexibilizando así el proceso de evaluación ambiental, una vez más sin realizar una revisión a fondo de los problemas que posee el SEIA para todos los sectores.
La propuesta de 2018 no fue tramitada y se reemplazó por la presentada en 2019, pero ambas son muy similares, pues profundizan los problemas de desigualdad que presenta el sistema y son regresivas. El único cambio significativo entre una y otra es la eliminación de la participación ciudadana anticipada en el proyecto de 2019.
La iniciativa, que comenzó su tramitación legislativa antes de que ocurriera el estallido social, y por tanto, que fueran tan evidentes las desigualdades que existen en el país, ya había prendido la alerta en organizaciones ambientales. Hoy es más evidente que su contenido es completamente insuficiente, pues no respeta el principio de no regresión y menos aún, incorpora los contenidos mínimos del Acuerdo de Escazú. Es por ello que esta iniciativa debería ser retirada del Congreso, ya que sólo apunta a profundizar las brechas que existen entre grandes consorcios empresariales y comunidades locales.