Puchuncaví y Quintero: los olvidados de la crisis social en Chile

Luego de que en agosto y septiembre de 2018 más de 700 habitantes —principalmente niños— de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la región chilena de Valparaíso, se vieran expuestos a repetidos episodios de contaminación, producto de la emisión de gases tóxicos, la Corte Suprema falló, en mayo pasado, a favor de las víctimas.

El máximo tribunal acogió los recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la comunidad y distintas organizaciones ciudadanas. Luego ordenó que las autoridades administrativas de los distintos niveles de gobierno adopten, en el plazo de un año, una serie de medidas detalladas en la sentencia.

Los habitantes de estas comunas que conforman una de las cinco “zonas de sacrificio” que existen en Chile —territorios devastados ambientalmente por la alta concentración industrial— festejaron la decisión y calificaron el fallo como histórico. Sin embargo han pasado seis meses y los habitantes sostienen que ninguna de las medidas se ha aplicado, y que tras el estallido social del país sus demandas han quedado, una vez más, al final de la lista de prioridades del Gobierno.

Medidas de la Corte Suprema sin respuesta

Aunque algunas acciones de gobierno se realizaron luego de los episodios de intoxicación, “no hemos visto aplicarse ninguna de las medidas que dictó la Corte Suprema”, asegura Katta Alonso, presidenta de la organización Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero Puchuncaví, una de las organizaciones ciudadanas que interpuso el recurso de protección.

La primera medida dictada por la Corte Suprema fue determinar cuáles son los contaminantes que están afectando a la población. Para ello, señaló que debían hacerse a la brevedad los estudios pertinentes para establecer, “de manera cierta y debidamente fundada, cuál es el método más idóneo y adecuado para determinar la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero, Ventanas y Puchuncaví”.

Luego de las intoxicaciones masivas —y antes del fallo de la Corte Suprema— la red de monitoreo de las emisiones fue traspasada desde las empresas al Estado y el Gobierno confirmó el inicio de un diagnóstico de la red actual de monitoreo por parte de especialistas de Finlandia. El objetivo de esta medida es implementar un sistema eficiente para fiscalizar las emisiones atmosféricas de la zona. El equipo europeo debía entregar en junio de este año la evaluación, pero hasta la fecha nada se sabe del estudio.

Mientras tanto, los habitantes de Quintero y Puchuncaví siguen sin saber la verdad completa detrás del episodio de intoxicación.

La fiscalía pidió, a inicios de octubre pasado, que se agende una audiencia de formalización en contra de seis ejecutivos de la compañía estatal Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) y a un prestador de servicios de dicha empresa. Según la fiscalía, ellos serían los responsables de las intoxicaciones del año pasado luego de trasvasijar, de una embarcación a otra, una carga de petróleo de origen iraní.

En la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, son 19 las empresas que operan y los habitantes del lugar aseguran que Enap es solo uno de los responsables de la contaminación en la que viven y de las intoxicaciones del año pasado. “Me parece muy bien [la decisión del Ministerio Público] pero también tengo claro que Enap no es el único culpable porque en esos días también hubo peak de SO2, hay empresas a las que se les descubrieron algunos hidrocarburos que no están permitidos en Chile”, asegura Katta Alonso.

Andrei Tchernitchin, toxicólogo, presidente del departamento de medio ambiente del Colegio Médico, coincide con Alonso. “A la ENAP lo que se le atribuye es el ácido sulfhídrico (H2S) […] pero el gas prohibido no estaba ahí. El nitrobenceno, que es el otro gas peligroso que se detectó, tampoco”, dice el toxicólogo.

El gobierno estableció, luego de las intoxicaciones de 2018 y antes del fallo de la Corte Suprema, un plan de descontaminación para la zona afectada. Dicho plan, sin embargo, “es muy similar al de Santiago”, dice Tchernitchin. Mide “exceso de material particulado y también dióxido de azufre, pero resulta que [en la zona afectada] hay muchas sustancias que no son cuantificadas”, agrega el experto. “Los gases que aparecieron durante la intoxicación de Quintero no están regulados en ningún plan para disminuirlos”, explica. Además, dicho plan no contempla la contaminación de suelos ni tampoco del agua.

El diputado Diego Ibáñez, miembro de las comisiones de salud y medioambiente de la Cámara de Diputados, dijo a Mongabay Latam que “no hay mayor claridad sobre las medidas concretas que aborden los puntos estructurales que para los movimientos ambientales son importantes de recalcar en el fallo de la Corte Suprema: hablamos de una nueva norma de calidad ambiental para suelo, aire y agua que regule contaminantes que no existen en la legislación chilena”. Para ello, señala que es necesario que la ley de presupuesto anual contemple el financiamiento de esas normas de calidad. Sin embargo, agrega que eso “no se ha propuesto en el marco de la tramitación de esta ley de presupuesto que estamos viendo en este momento [para el 2020]”.

Los pendientes en salud

La Corte Suprema determinó también que una vez fueran identificados y cuantificados los elementos nocivos, la autoridad de salud tendría que elaborar un diagnóstico que permitiera determinar qué patologías han sido producidas por la contaminación del aire, del suelo y del agua.

Además, se ordenó realizar un monitoreo permanente en el tiempo a las personas que fueron afectadas por la nube tóxica; implementar un sistema de seguimiento de los casos para verificar la prevalencia y supervivencia de las patologías; adoptar medidas de vigilancia epidemiológica en la zona de emergencia y, una vez completado el diagnóstico, elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población.

Si embargo, hasta ahora, nada de ello han visto los habitantes de Quintero y Puchuncaví.

Katta Alonso comparte un dato reciente e importante. Asegura que desde el fallo de la Corte Suprema se han registrado por lo menos cinco episodios de intoxicación. Sin embargo, María Araya, presidenta del Consejo Consultivo de Salud de Quintero, advierte que “si tú pides por transparencia [el sistema de acceso a la información] cuántas personas se han intoxicado desde el fallo a la fecha, te van a decir que ninguno, porque todos los diagnósticos son evaluados por gastroenteritis, cefaleas y otros síntomas que son los mismos que los niños sentían cuando fueron intoxicados la primera vez”. La última denuncia por intoxicación fue en octubre pasado y corresponde a 20 niños del colegio Santa Filomena.

El diputado Ibáñez precisa que en la ley de presupuesto, que actualmente está siendo evaluada, no existe “una propuesta en presupuesto de salud para exámenes toxicológicos para hacerle seguimiento médico a los afectados y para mitigar los daños a la salud”. Detalló que el Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Puchuncaví “sigue con una sola ambulancia que está mala, sigue con falta de insumos médicos y padece la crisis hospitalaria que padece todo Chile”, con la particularidad de que “en el caso Quintero Puchuncaví es mucho más dramático producto de los determinantes sociales de una pobreza más alta que el promedio de la región”.

Por último agrega el parlamentario que también hace falta «un programa de salud mental frente al informe que emanó de la defensoría de la niñez para proteger el bienestar de los niños que sienten miedo a la hora de ir a jugar” porque temen verse expuestos a nuevas intoxicaciones. “Lamentablemente, vemos que aquí hay un abandono que se ha profundizado”, concluye el diputado.

El miedo al olvido

En el contexto de la crisis social que vive Chile, que desde hace tres semanas tiene a miles de personas manifestándose masivamente en las calles, los defensores ambientales de Quintero y Puchuncaví temen quedar relegados. “Son tantas las necesidades del país que hemos quedado muy invisibilizados. Estamos superpreocupados por eso”, dice Katta Alonso. Según Araya, “se habla de sueldos, de AFP [sistema de pensiones], de salud, pero el tema medioambiental no lo han tocado en ningún lado”, aunque advierte que “si tú tienes un ambiente contaminado no puedes tener una buena salud y también tienes problemas económicos […] el tema medioambiental debe ser prioridad porque acá se vulneran todos los derechos”.

Katta Alonso lamenta que la COP 25 no se realice en Chile “porque era una muy buena oportunidad de haber conversado el tema medioambiental que es gravísimo en el país”. Sin embargo, aseguró que, en coordinación con el resto de las zonas de sacrificio del país, se están realizando cabildos ambientales para poder llevar la información a la COP en Madrid.

En junio de este año, desde las comisiones de medio ambiente y de salud de las cámara de diputados y senadores, parlamentarios crearon un frente para exigir el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema. Según explica Ibáñez, la segunda sesión de dicho frente parlamentario tuvo que ser suspendida a raíz del estallido social, pero aseguró a Mongabay Latam que es algo que “de todas formas vamos a empujar una vez que se tramite la ley de presupuesto”.