Chile: la expansión de paltos continúa pese a la sequía

Chile no cuenta con un ordenamiento territorial que permita determinar cuánto es posible plantar y las cuencas no dan abasto para abastecer la alta demanda de agua de una agroindustria en expansión. Fuente: Mongabay Latam, 30 de enero de 2020.


En Petorca, una comuna en la región de Valparaíso, no hay agua. La responsabilidad apunta al sector agrícola, puntualmente a las empresas productoras de paltos (aguacates). Un negocio que se expandió incluso cuando la escasez de agua era evidente y se sabía que esos cultivos le arrancaban hasta la última gota que quedaba al suelo.

Pero los habitantes de Petorca fueron las primeras víctimas de un problema que sigue vigente y que se ha expandido a dos comunas más: Salamanca en la región de Coquimbo, zona centro norte del país; y Las Cabras en la región de O’Higgins, en el centro sur de Chile. Dos localidades cuyos habitantes han sido testigos de la expansión de los cultivos de palta, incluso después de que las cuencas de los ríos fueran declaradas agotadas o “restringidas” por la disminución de sus caudales.

Salamanca

El primer gran cultivo de palta del valle del Choapa (nombrado así por el río homónimo que lo cruza), se instaló en 2007 al alero del holding empresarial Penta. La empresa agrícola del Grupo Penta se llama Mercedario y aunque actualmente existen otras firmas palteras, es la más grande y representativa en la zona.

En 2004 la Dirección General de Aguas (DGA) —organismo del Estado a cargo de la administración del recurso hídrico—, declaró agotada la cuenca del río Choapa y de sus afluentes. Por ello, era imposible que la DGA pudiera ceder grandes derechos de uso de este recurso.

Mercedario, entre otros empresarios, buscó entonces otra salida: compró los derechos de agua a aquellos campesinos que, en la década del ochenta, recibieron permisos de uso de acuerdo a las hectáreas correspondientes a sus propiedades.

La consecuencia inmediata fue la reducción de los pequeños agricultores. Las grandes empresas fueron concentrando poco a poco el negocio agrícola, haciéndose de las acciones vinculadas al agua y dejando hectáreas sin derecho al recurso hídrico y, por consecuencia, imposibilitadas de cualquier tipo de trabajo agrícola.

A pesar de declarada agotada la cuenca del Choapa, la superficie de cultivos de palta aumentó. Según el catastro frutícola nacional realizado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, en 2005 la provincia del Choapa contaba con 602 hectáreas de paltos. Para el 2015 el número había aumentado a 1904. Además, en toda la región, la superficie sembrada con paltos en 2005 era de 3931 hectáreas y en 2011 se duplicó alcanzando las 6290 hectáreas.

Valentín Baez, un pequeño agricultor de Salamanca, recuerda a sus 60 años que el valle del Choapa era extremadamente rico en agua y que el río alcanzaba para atender la demanda de todos los pequeños agricultores de la zona.

Valentín solía sembrar porotos, trigo, ají, tabaco. Hoy, solo cosecha una hectárea y media de parras y pasto para sus animales.

La ingeniera agrónoma, doctora en ciencias de la agricultura y académica de la Universidad Católica de Chile, Pilar Gil, explica el problema se debe a la excesiva cantidad de hectáreas sembradas.

En la provincia del Choapa, 10 años después de haber sido declarada agotada su cuenca, la superficie total cultivada, incluyendo todas las especies, se incrementó en 1300 hectáreas.

En paralelo, la disminución de las lluvias producto del cambio climático ha llevado a la zona a una situación de crisis hídrica permanente. En 2019, el Ministerio de Agricultura declaró a la región de Coquimbo zona de catástrofe.

“Este año que pasó fue complicado, fue crítico, porque había muy poca agua, pasto muy poco en las praderas, y también poca agua para regar el pastito. Así que el ganado demasiado flaco está, se está muriendo. Aquí se ha muerto yo creo que ya casi el 50 % del ganado en el valle”, narra Valentín.

Mongabay Latam contactó a Arturo Miquel, gerente general de Mercedario, para pedirle su versión sobre este problema y señaló que por política de la empresa no emiten declaración alguna sobre este o algún otro tema.

Las Cabras

En la comuna de Las Cabras, el aumento en la demanda de agua ha disminuido la disponibilidad del recurso a tal punto que actualmente gran parte de la región se encuentra clasificada, según la DGA, como zona de restricción para la extracción de aguas subterráneas.

En noviembre de 2018, el lugar que tradicionalmente era ocupado por un frondoso bosque nativo, compuesto en algunos sectores por árboles de más de 100 años, según cuentan los lugareños, fue tumbado para plantar paltos.

El empresario agrícola a cargo de la operación es Nicolás del Río Silva, propietario de la Agrícola Tralcán SpA.

Para realizar esa tala, en Chile es necesario realizar un cambio de uso de suelo. Para ello, el dueño de los terrenos debe hacer una solicitud del cambio de uso de suelo en el Servicio de Impuestos Internos (SII), el servicio público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile. Desde la institución tributaria revisan si las condiciones son aptas para una modificación y, una vez que da el visto bueno al cambio de tributos, los documentos se presentan a la Conaf, la institución pública encargada de administrar la política forestal chilena y las áreas naturales protegidas. Esta institución finalmente aprueba el plan de manejo para el nuevo uso del suelo.

Ambos trámites, sin embargo, no son vinculantes, es decir, que la CONAF puede oponerse a la solicitud aunque el SII la apruebe.

Según el abogado de la Agrícola Tralcán, Nicolás Muñoz, “los funcionarios de Conaf visitaron dos veces el terreno antes de aprobar el Plan de Manejo”, por lo que concluye que no se basaron en la decisión del SII sino que “vieron el terreno y juzgaron, técnicamente, que se podía realizar el proyecto”.

Erica Cornejo, secretaria de la junta de vecinos, cuenta, sin embargo, que «en la Conaf nos dijeron que una autorización por el cambio de uso de suelo, entregada por el SII, los autorizaba a ellos [como Conaf] a darle [a Nicolás del Río] el permiso para el plan de manejo”, precisa.

La historia de Las Cabras hizo surgir preguntas ineludibles: ¿cuántas hectáreas habrá permitido deforestar la Conaf amparada en las autorizaciones de cambio de uso de suelo entregadas por el SII?, ¿cuántas zonas de cultivo se habrán creado de ese modo en lugares donde cada vez hay menos agua o donde el recurso derechamente ha sido declarado agotado?

Buscando la respuesta se conformó, en marzo de este año, en la Cámara de Diputados, la comisión investigadora de “actos de Conaf, SII y otros órganos, en relación con procedimientos de autorización de planes de manejo forestal en regiones en los últimos 10 años”. Sin embargo, hasta ahora, la Conaf no ha entregado la totalidad de la información requerida por la Comisión, asegura la diputada Sepúlveda.

Diego Soto Rodríguez, ingeniero civil hidráulico, sanitario y ambiental de la Universidad de Chile, resume el problema señalando que “no existe ley de ordenamiento territorial que establezca cuánto plantar” mientras que la ingeniera agrónoma Pilar Gil agrega que “se pide mucha más agua de la que las cuencas pueden otorgar”.

El subdirector de la DGA, Juan José Crocco, asegura que se está trabajando con la Comisión Nacional de Riego para “mejorar los criterios que se aplican a la hora de aprobar o gestionar proyectos, ya que no queremos que haya una sobreexplotación de los recursos hídricos”. Además, adelanta que están dando forma a un plan de desarrollo para cuencas “para [que] se pueda conocer con certeza la disponibilidad y usos actuales del agua […] para desarrollar una gestión que asegure la sustentabilidad del recurso”.

Reformas que urgen si se quiere evitar replicar la crisis de Petorca donde, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los responsables han sido no solo la persistente sequía y la sobreexplotación del recurso hídrico, sino también “la insuficiencia del marco regulatorio vigente y la ineficacia de las acciones adoptadas por las autoridades”.

 

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