La necesidad de contar con una regulación de la geoingeniería marina en Chile

La geoingeniería es toda práctica deliberada que busca modificar a gran escala el sistema climático del planeta como respuesta al cambio climático. Si bien son presentadas como soluciones rápidas al problema, desde la ciencia rechazan estas alternativas debido a los impredecibles impactos que podrían tener para los ecosistemas y la escasa certeza de sus beneficios. Una de las alternativas, es la fertilización del océano, la cual podría desarrollarse en las costas de Chile en un futuro cercano.


En abril de 2017, la empresa canadiense Oceaneos anunció su intención de realizar un proyecto de geoingeniería marina en Chile para mitigar el cambio climático, específicamente, de fertilización marina, técnica hasta entonces desconocida en nuestro país. Al plantear su idea, señaló que esta práctica traería beneficios como el aumento del rendimiento de las pesquerías nacionales, entre las que se encuentran las del jurel y la anchoveta y las cuales están en riesgo debido a su sobrexplotación.

La propuesta consiste en fertilizar artificialmente con hierro un sector cercano a la Región de Coquimbo (130 km costa afuera, aproximadamente). La promesa de la empresa es que, con esta técnica, se estimularía la cadena trófica del mar, aumentando el crecimiento de fitoplancton y la biomasa y así mejoraría las condiciones para la recuperación de las pesquerías y, al mismo tiempo, capturaría dióxido de carbono (CO2) que se desplazaría al fondo marino o se mantendría prolongadamente en aguas profundas.

Desde el momento de su anuncio, diversos institutos de investigación en Ciencias del Mar rechazaron la iniciativa, señalando la incertidumbre que existe acerca de los impactos ambientales asociados a esta práctica, enfatizando que nada garantiza la efectividad que tendría para recuperar las pesquerías y aumentar la captura de CO2. Además, objetaron categóricamente esta iniciativa, porque no se ajusta a los requerimientos del Convenio de Biodiversidad para ser considerada legítimamente como un experimento científico; que los experimentos previos no demostraran la factibilidad de sus posibles resultados; que el proyecto no haya sido validado por la comunidad científica nacional ni internacional; que no cuenta con una metodología probada; que tenga objetivos comerciales y, finalmente, que el ejemplo que estaba usando la empresa para respaldar su iniciativa, fue declarado ilegal en el Pacífico Norte durante 2012.

Esos y otros antecedentes son los que considera el policy brief “Geoingeniería marina, un gran riesgo para Chile”, realizado en alianza por Fundación Terram y el Instituto Milenio de Oceonografía (IMO), para advertir la necesidad que posee nuestro país de contar con una regulación que pudiera detener este y otros proyectos de geoingeniería. El documento, además, hace un extenso repaso y análisis de las regulaciones internacionales y nacionales que podrían normar la fertilización marina en Chile.

De hecho, la publicación explicita que el Estado de Chile debe ratificar la enmienda a la Convención sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimientos de Desechos y otros materiales -o Convenio de Londres- alojada en la Organización Marítima Internacional. Esta enmienda, realizada en 2013, generó un marco específico para la regulación de proyectos de geoingeniería marina, especialmente, la fertilización con hierro. El documento estudia cómo se aplicaría dicha regulación al proyecto de Oceaneos en Chile.

Sin embargo, no solo el Convenio de Londres y su Protocolo hacen un llamado en no avanzar en experimentos de geoingeniería marina. Por su parte, el Convenio de Biodiversidad estableció una moratoria de facto sobre cualquier experimento de geoingeniería. Por tal razón, el Estado de Chile debe avanzar en crear el marco regulario ad hoc para el experimento propuesto, puesto que no cumple con estándares para realizarlo a una pequeña escala, con objetivos científicos y con un marco de gobernanza internacional que permita evaluar sus efectos.

Sobre esta y otras medidas, Fundación Terram e IMO exigen que nuestro país se pronuncie y se actualice. “El Estado de Chile se ha autoimpuesto la imagen de campeón de la conservación marina de los océanos en relación a sus capacidades de hacer frente al cambio climático, es urgente que se envíe lo más pronto posible la ratificación al Parlamento, con el objetivo de ratificar la enmienda al Protocolo de Londres. Han pasado 7 años de inacción y se mantiene a los ecosistemas marinos nacionales bajo amenaza del desarrollo de esta iniciativa privada”, señala Samuel Leiva, uno de los autores del documento recientemente publicado.

“Esta situación es de tal gravedad, que Fundación Terram está evaluando llevar este tema a la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur y hacer un llamado a todos sus miembros para revisar sus legislaciones nacionales y evitar la realización de cualquier tipo de geoingeniería marina en sus aguas jurdiccionales que pongan en riesgo sus pesquerías, los ecosistemas marinos y la economía relacionada” advierte Leiva.

REVISA EL DOCUMENTO «GEOINGENIERÍA MARINA, UN GRAN RIESGO PARA CHILE»

 

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