Los siete mayores desafíos ambientales de Chile para 2020

En Chile "la ley ambiental, está definida de tal forma que podemos estar todos contaminados, pero legalmente no estarlo", dice Flavia Liberona, directora de Fundación Terram. Fuente: El Mercurio de Antofagasta, 26 de enero de 2020.


El 2020 es un año crucial para el mundo. Es la última oportunidad que los países tienen de comprometerse con disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura global aumente hasta llevarnos a un momento de no retomo, con consecuencias devastadoras para el planeta y sus habitantes.

Chile, organizador de la recientemente celebrada COP 25, debe continuar a la cabeza de las negociaciones internacionales en la lucha contra el cambio climático hasta que la responsabilidad le sea traspasada al Reino Unido cuando se celebre en Glasgow, Escocia, la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 26.

Pero, además, en 2020 Chile deberá estar atento a responder a las demandas que sus habitantes salieron a exigir en 2019 en las protestas más grandes registradas desde el regreso de la democracia. Lo ambiental es parte de esa agenda de pendientes a los que el Estado debe responder.

Mongabay Latam hizo una selección de los principales temas ambientales que Chile deberá enfrentar este 2020.

Quintero y Puchuncaví: la larga espera

La Corte Suprema falló, en mayo pasado, a favor de más de 700 personas, la mayoría niños, que en 2018 sufrieron intoxicaciones tras respirar gases tóxicos. Los afectados son habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, pertenecientes a la Región de Valparaíso, una zona llamada de sacrificio por estar devastada ambientalmente debidoa la alta concentración industrial.

El máximo tribunal ordenó que las autoridades de los distintos niveles de gobierno adopten una serie de medidas para monitorear la salud de los afectados y detener definitivamente los episodios de contaminación que desde hace años impactan al medio ambiente y a los habitantes del sector.

Aunque los chilenos esperaban que la disposición de la Corte Suprema se comenzara a cumplir de inmediato, a días de terminar el 2019 los afectados sostienen que ninguna medida se ha aplicado y que incluso desde el fallo se han registrado alrededor de cinco nuevos eventos de intoxicación.

El diputado Diego Ibáñez, miembro de las comisiones de salud y medioambiente de la Cámara de Diputados, asegura que «no hay mayor claridad sobre las medidas concretas que aborden los puntos estructurales que para los movimientos ambientales son importantes de recalcar en el fallo de la Corte Suprema: hablamos de una nueva norma de calidad ambiental para suelo, aire y agua que regule contaminantes que no existen en la legislación chilena».

Es por ello que el cumplimiento del fallo queda como uno de los grandes pendientes del 2020.

Ya en junio, desde las comisiones de medio ambiente y de salud de las cámara de diputados y senadores, parlamentarios crearon un frente para exigir el cumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema.

Hernán Ramírez, investigador asociado de la Fundación Terram, precisa que desde la sociedad civil están trabajando junto con los parlamentarios y que, de incumplirse el fallo, los pasos siguientes serán «recurrir con recursos a los tribunales por incumplimiento de las medidas dictadas por la Corte Suprema y, paralelamente, recurrir a instancias internacionales de Derechos Humanos».

Mongabay Latam se puso en contacto con el Ministerio del Medio Ambiente para tener su versión, sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta alguna.

Lucha contra la pesa ilegal

Este año se creó la ley que moderniza y fortalece la función del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) en el control y combate de la pesca ilegal.
Para ello, uno de los cambios fue que sea el mismo Sernapesca quien certifique los desembaiiues, función que hasta entonces estaba en manos de empresas externas contratadas por el Estado. Los cambios fueron implementados durante el 2019 en la zona sur y norte del país y, a partir de enero 2020, comenzaron a aplicarse en la zona centro completando así el territorio nacional.

«El control de desembarque nos permite estar in situ revisando embarcaciones y recursos, evitando así (el) subreporte de pesca que tanto daño genera a la conservación de las especies y que pone en riesgo la sustentabilidad de la actividad pesquera», explicó en un comunicado Alicia Gallardo, Directora Nadonal de Sernapesca.

Que el Estado asumiera la responsabilidad de fiscalizar las capturas realizadas era un pendiente desde 2015, cuando se descubrió que la empresa externa encargada de los registros de desembarque en la región del Biobio intervino el sistema de pesaje permitiendo la producción de más de 5.000 toneladas de harina de pescado ilegal. Este año entonces será clave para evaluar si la ley de modernización del organismo fiscalizador trae consecuencias positivas en la lucha contra este delito.

Desde Océana aseguran que si bien aún es temprano para evaluar la medida, existen algunos datos que indican que va bien encaminada. «Ha habido un descenso brutal de fauna acompañante (pesca correspondiente a especies distintas a la objetivo y que son capturadas en el mismo lance)», asegura la organización. «Se generaba mucho subreporte y los niveles de fauna acompañante siempre eran altos».

Lo anterior daría cuenta de que reportes falsos de fauna acompañante habían estado siendo utilizados para blanquear pesca ilegal Además, este año debía implementarse la obligatoriedad de que todas las embarcaciones industriales lleven instaladas cámaras para registrar lo que efectivamente se pesca.

La medida también permitirá saber los niveles de descarte que se realizan a bordo, es decir, de la pesca que es arrojada de vuelta al mar. No habiendo sido concretada esta iniciativa en 2019, queda como pendiente para el 2020.

Dominga: la decisión final

El polémico proyecto minero y portuario Dominga podría, por fin, definirse en 2020 y los defensores ambientales que se oponen a él tienen buenas razones para creer que finalmente el proyecto no se concretará.

Si por el contrario, Dominga ve la luz, anualmente 12 millones de toneladas de hierro serán extraídas desde el interior de la tierra, más otras 150 mil toneladas de concentrado de cobre, durante26,5 años. Un total de 318 mil millones de toneladas de hierro que serán embarcadas en un puerto propio, desde donde tres a cuatro barcos mensuales transportarán el mineral hacia el mercado asiático para su comercialización.

Todo eso ocurriría a 35 kilómetros de una de las zonas de mayor biodiversidad marina en el mundo: la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e isla Choros y Damas. Áreas protegidas que forman parte de una región más amplia, conocida como el Archipiélago de Humboldt, donde es posible encontrar hasta 560 especies marinas.

En abril del 2018, el Tribunal Ambiental falló a favor de la empresa luego> de que esta acusara al Comité de Ministros, que habla rechazado el proyecto, de incurrir en arbitrariedad e ilegalidad. Según la empresa, la dedSión de rechazar Dominga estaba ligada a posturas partidistas y no a razones técnicas.

La ONG Oceana acudió entonces a la Corte Suprema y esta dictaminó, en septiembre 2019, que el Comité de Ministras sí cumplió con el procedimiento adecuado al rechazar el proyecto. El máximo tribunal desestimó así los argumentos de Dominga y ordenó al Tribunal Ambiental volver a revisar la causa. «Esperamos que esta vez (el Tribunal Ambiental) sí olorice las consideraciones técnicas y se rechace definitivamente el proyecto, aunque eventualmente la empresa pueda volver a apelar a la Corte Suprema», señala Liesbeth van der Meer, directora de Oceana Chile.

A pesar de que existe la opción de que el proyecto continúe en instancias judiciales, van der Meer agrega que saben «que la línea base que proporcionó la empresa en su momento eradeficientey fue cuestionada reiteradas veces por los servicios públicos, por ende, esperamos que se zanje en el Tribunal Ambiental».

Mayor fiscalización a la industria salmonera

En el Senado chileno se encuentra un proyecto de ley que propone obligar a la industria salmonera a publicar mensualmente la cantidad y la dase de antibióticos utilizados por cada empresa en cada centro de cultivo, además de reportar la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha de salmones.

La aprobación de esta ley es un desafio para el 2020 puesto que, según explica, Liesbeth van der Meer, la propuesta «busca que de una vez por todas, la sociedad civil, los consumidores, los periodistas o quien esté interesado pueda acceder a esos datos y conocer de qué forma cada empresa produce y así evaluar; por ejemplo, decisiones de compra».

La directora de Oceana Chile resalta que las empresas salmoneras se han negado en los últimos siete años a proporcionar información sobre la cantidad de antibióticos que utilizan en su producción. Algunas de ellas, agrega van der Meer, incluso forman «parte de la Global Salmon Initiative donde dicen compartir valores de transparencia, integridad y sustentabilidad pero, por otro lado, realizan esfuerzos colosales para impedir la publicidad de la información en Chile».

La salmoniculturaes una de las industrias de alimento animal que más antibióticos utiliza. Ello, debido a los peces se enferman o se contagian con parásitos por las condiciones de hacinamiento de las jaulas. Según un informe de Oceana Chile, elaborado con datos de la Global Trends in antimicrobial use in food animals 2015, se utilizan 950 g de antibióticos por cada tonelada de salmón. En cambio, por una tonelada de vacuno, se utilizan 45 g de antibióticos. Es decir 21 veces menos. Al mismo tiempo, la industria salmonera en Chile utiliza 700 veces más antibióticos por tonelada producida que Noruega, el principal productor mundial de salmones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que el uso excesivo de antibióticos deriva en lo que se conoce como resistencia bacteriana. El Dr. Danilo Lo Fo Wong, director del Programa de Lucha contra la Resistencia Antimicrobiana de la Oficina Regional de la OMS para Europa, explica en
un documento que esto ocurre cuando «las bacterias mutan y se vuelven resistentes a los antibióticos utilizados para el tratamiento de las infecciones». La resistencia bacteriana «compromete nuestra capacidad para matar enfermedades infecciosas y pone en peligro muchos avances médicos», por lo que de hecho es una de las principales preocupaciones de la OMS.

El proyecto de ley además autoriza a los pescadores artesanales a capturar salmones que hayan escapado de los centros de cultivos. Desde Oceana aseguran que formalizar esa práctica es importante puesto que los salmones, al ser especies exóticas en Chile, no tienen depredador.

El ecólogo Iván Arismendi, quien ha estudiado desde hace 17 años la invasión de estos peces, asegura que uno de los riesgos asociados al escape de salmones es que estas especies logren establecer poblaciones viables y autosustentables en el medio natural. Al hacerlo, los salmones depredan las especies nativas y compiten con ellas por espado y alimentación.

Plan contra la sequía

Durante el 2020, el gobiemo deberá trabajar en la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos que, según anunció la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, deberá estar listo en 2021 con acciones concretas a realizar.

Por ahora, el plan ya tiene algunos ejes en torno a los cuales deberán plantearse soluciones para que el país pueda adaptarse a un clima que se torna inevitablemente más seco. Uno de ellos es la gestión sustentable de los recursos hídricos que permita una adecuada protección de la cantidad y calidad de las aguas.

Una de las maneras de lograrlo es avanzar hacia la reutilización del recurso, por ejemplo, de las aguas grises de uso doméstico. El plan también busca superar la escasez a corto plazo y abordarla de forma permanente. Para ello se contempla comprender mejor el ciclo hidrológico en el manejo de los recursos, ser capaz de recargar artificialmente los acuíferos, obtener recursos desde nuevas fuentes como, por ejemplo, plantas desalinizadoras y construir nueva infraestructura hídrica.

El plan también considera ampliar el estudio y seguimiento del estado de los glaciares a través del desarrollo de una ley de glaciares que permita la conservación de estos cuerpos de agua; mejorar la institucionalidad para planificar de una mejor manera la asignación del recurso, así como su protección y fiscalización; fortalecer y ampliar los sistemas de monitoreo, y promover la cultura de conservación del agua a través de programas de educación.

El Plan Nacional de Adaptación de Recursos Hídricos debería verse reforzado por una nueva ley marco de cambio climático que acaba de ser ingresada al Congreso.

Este proyecto de ley busca establecer un sistema degobernanza con instrumentos de gestión y mecanismos de financiamiento que permitan transitar hacia un desarrollo en contexto de cambio climático. Es decir, para cumplir con los compromisos de cero emisión de CO2 al 2050, pero tomando en cuenta también la adaptación frente a una menor disponibilidad de agua.

Para ello, la Dirección General de Aguas de Chile se encuentra realizando un estudio para cuantificar el recurso disponible en las cuencas. Esa información resulta crucial puesto que, debido a que el último catastro de agua data de 1987, no se sabe «a ciencia cierta, cuánta agua tenemos ni en los glaciares ni en los acuíferos», dice Ariel Muñoz, científico del Instituto de Geografia de la Universidad Católica de Valparaíso y del CR2. Eso, para el experto, «es lo primero que deberíamos hacer antes de repartirnos el agua», señala.

El científico advierte otro problema central en la niega-sequía que viveactuahnente el país: la ausencia de ordenamiento territorial para la agricultura. En efecto, el experto asegura que adaptarse a la sequía también implica «plantar lo que es adecuado para cada lugar», puesto que «hay lugares que son muy secos como para que estén siendo destinados a cultivos con alta demanda hídrica».

Es el caso de las plantaciones de palta de la Región de Valparaíso, declarada zona de catástrofe por la escasez hídrica, se sabe que estas abarcan 19 134 hectáreas. Según mediciones del Instituto de Geografia de la Universidad Católica de Valparaíso, este fruto consume entre 700 y 1200 litros de agua por kilo producido. «Eso, multiplicado por el número de árboles que hay y la cantidad de hectáreas que están plantadas, estamos hablando de cifras enormes de consumo de agua», dice Muñoz.

El ordenamiento territorial es «una política que jamás se ha implementado en el país, pero que se requiere con urgencia», asegura el científico. Desde el Ministerio de Agricultura, sin embargo, confirman que no es algo que esté contemplado. «Por el momento no se tiene considerado hacer un ordenamiento de ese tipo», dijo el ministerio a Mongabay Latam.

Un compromiso con el planeta

Chile debe presentar en 2020, al igual que todos los países y regiones que suscribieron en 2010 el Acuerdo de París, el tratado internacional más importante en la lucha contra el cambio climático, un compromiso de acción climática para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que sea más ambicioso que los propuestos hasta ahora.

Todos los compromisos, conocidos como las Connibuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), deben estar dirigidos a que los países reduzcan para el 2030 en un 45 % sus emisiones respecto del 2010, además que para el 2050 no emitan más CO2. De no hacerlo, la temperatura global sobrepasará los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales, lo que se materializará en un grave impacto para los ecosistemas y la vida de las personas.

Chile está avanzando en esa tarea y ya tiene un proyecto que se encuentra en fase de revisión. La propuesta cumple con reducir las emisiones en un 45 % para el 2030 y se compromete a tener neutralidad de CO2 para el 2050. Sin embargo, expertos señalan que no hay claridad de cómo se alcanzarán esas metas por lo que el documento no ha estado exento de críticas.

La propuesta precisa que el país seguirá produciendo más emisiones hasta el 2027 como año peak o pico, y que luego empezará a reducir progresivamente sus niveles hasta alcanzar la meta de carbono-neutral para el 2050. Al respecto, Gary González, economista de la Fundación Terram, señala que «quedan grandes dudas de cómo se podrá lograr esa reducción en solo tres años».

Ricardo Bosshard, director de WWF en Chile, agrega que para lograr la meta sería necesario que las centrales energéticas a carbón cierren en 2030 y no en 2040 como propone el gobierno. Añade que sería necesario «adelantar el año peak de emisiones (para no esperar hasta el 2027) y aumentar la superficie de restauración y manejo de bosque nativo a 500 mil hectáreas». Esto último debido a que «las compromisos en bosques, son similares a los que se presentaron en 2015, por lo que es necesario ser más ambiciosos», asegura González.

El economista hace hincapié en que debido a la alta vulnerabilidad del país fi-ente al cambio climático, «los esfuerzos no solo deben concentrarse en mitigación sino más bien en la adaptación». Por lo mismo enfatiza que la propuesta del anteproyecto de dejar para el 2025 la definición de la metodologia para medir la huella hídrica o al 2030 la elaboración de planes estratégicos de cuenca para la gestión del agua, «nos parece un despropósito y totalmente desconectado de la triste realidad que ya se vive en diversas zonas del país».

Adicionalmente, Bosshard apunta a que «es importante que se desarrolle una estrategia a largo plazo para llegara la meta del 2050 y que se implementen medidas concretas en el corto plazo. Entre ellas, los planes de adaptación deben tener financiamiento e implementación urgente frente a la crisis climática que ya se está viviendo en Chile».

Una nueva constitución con visión ambiental

En abril de 2020, los chilenos tendrán que deliberar en un plebiscito si es que quieren cambiar la constitución que rige en el país desde 1980 y cómo quieren que se construya esta nueva carta magna.

Si bien expertos coinciden en que una nueva constitución no solucionará los pendientes ambientales que tiene Chile, aseguran que sí abriría la posibilidad a que se pueda legislar sobre ternas en los que hoy no es posible hacer grandes reformas puesto que la constitución actual no lo permite.

Uno de esos temas es el agua, un recurso que tiene complicado al país sudamericano que desde hace una década sufre una megasequía y que el 2019 alcanzó su pico matando, hasta ahora, a 1.500.000 animales, según datos del Ministerio de Agricultura.

En Chile, explica la abogada Liliana Galdámez, profesora e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los derechos de agua, tal cual está establecido en la actual constitución, están en manos de privados. Los problemas de distribución asociados a esa figura han agravado las consecuencias de la sequía, pero «la constitución actual es una piedra de tope para que reformas sustantivas en materia de agua no se puedan hacer», asegura Ezio Costa, director de la ONG Fima, el estudio jurídico ambiental de interés público más importante del país.

Según expertos, una nueva constitución debería así revisar el derecho que la propiedad tiene sobre los bienes comunes, como el agua, puesto que tal cual está escrito el texto actualmente «el derecho a la propiedad es más importante que otros derechos», asegura Costa.

Además, una nueva carta magna debiera hablar de derecho al medio ambiente sano y no a uno libre de contaminación aseguran los expertos. Ello, puesto que un ambiente contaminado solo puede ser considerado como tal si tiene un exceso de aquellos elementos contaminantes que están normados. En Chile, sin embargo, existen sustancias que son emitidas al ambiente y que no tienen un marco regulatorio. Así ha quedado demostrado en los casos de intoxicación del 2018 en la llamada zona de sacrificio Quintero Puchuncaví. En Chile «la ley ambiental, está definida de tal forma que podemos estar todos contaminados, pero legalmente no estarlo», dice Flavia Liberona, directora de Fundación Terram.

Para que todas estas consideraciones, sin embargo, sean efectivas, la nueva constitución debe tener un cambio aún mayor. Debe «apostar a un Estado de derecho ambiental», dice Pilar Moraga, investigadora del Centro de Ciencia del Climay la Resiliencia (CR)2 y subdirectora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Es decir, «hay que plantear una perspectiva más trans-disciplinaria, más holística (…) transformar este derecho fundamental (a vivir en un medio ambiente sano) en algo que tiene mayor trascendencia y que debiera inspirar el actuar de todos los órganos del Estado», asegura Galdámez.

Para lograr eso sería necesario incluir al medio ambiente en las bases de la institucionalidad, es decir, dentro de los primeros artículos de la constitución que son los que establecen los valores fundamentales del Estado y a partir de los cuales toda la constitución es interpretada.

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