Precios de derechos de aguas subterráneas se triplicaron en Biobío y los de superficiales caen hasta 48% en Valparaíso

Ante la casi imposibilidad de obtener un nuevo derecho de uso de agua en la zona central, el negocio secundario del agua ha elevado los precios de las aguas subterráneas. Fuente: El Mercurio, 13 de enero de 2020.


Ríos prácticamente secos y hectáreas de tierra resquebrajada por el sol se han vuelto una imagen típica en algunas partes de la zona central del país. Sequía, cambio climático y una baja tecnificación del riesgo han hecho que la situación se vuelva crítica, una emergencia agrícola, como la ha catalogado el Gobierno. A la par de un recurso cada vez más escaso y con incertidumbre de si volveremos a tener años normales de lluvia, los precios de las transacciones secundarias de derechos de agua se han vuelto una mina de oro.

Porque de nuevos derechos de aguas entregados por la autoridad, ni hablar. Según un análisis realizado por Carolina Oyarzún, jefa del área agrícola de GPS, los precios de los derechos de agua subterráneos, donde aún queda agua para extraer y utilizar productivamente, se han triplicado en las regiones del Biobío y Ñuble desde los $400 mil de 2015 a $1,2 millones de 2019, mismo crecimiento que se ha dado en el valor de los derechos que dan acceso a aguas superficiales. Entre 2015 y 2019 las precipitaciones han incrementado su déficit desde -4% a -38% (medido en Chillán), respecto al promedio histórico. Este déficit ha tenido baja influencia en el caudal promedio de aguas superficiales de la región.

Por ejemplo, el río Biobío, medido en Rucalhue, entre los años 2015 y 2019 ha mantenido estable su caudal en aproximadamente 330 m3/ seg. Y el escenario para las aguas subterráneas, según antecedentes de la DGA, al igual que el resto de los acuíferos de la zona central, es que si bien ha presentado fluctuaciones, se ha mantenido estable en su nivel de altura. Otra realidad se vive en Valparaíso, donde los derechos que dan acceso a aguas superficiales han caído a la mitad hasta $2,6 millones en 2019, desde los $5 millones que costaban en 2015, una caída de 48%. Esto se explica, principalmente, porque no hay agua ni certeza de que ese cauce vuelva a tener agua. Por lo mismo, las transacciones han disminuido fuertemente, y las que hay son a precios mucho más baratos que hace cinco años.

Justo lo contrario ha ocurrido con los derechos subterráneos, los que, en promedio, han aumentado su valor en el mismo periodo desde los $4,5 millones a los $7 millones. ‘Este aumento de valor se debe, además de la escasez de derechos de aguas superficiales, a que los derechos de aguas subterráneas ofrecen certeza y estabilidad hídrica de abastecimiento respecto a los superficiales’, dice Carolina Oyarzún. Y agrega que ‘en el momento que se pierde la seguridad hídrica se observa un punto de inflexión, donde el valor comienza a bajar en igual proporción que la falta de seguridad del caudal efectivo’.

Los cambios al Código que trabaja el Gobierno

La semana pasada, en el Senado se rechazó un cambio constitucional para declarar al agua como un bien de uso público. La razón de quienes se opusieron tiene que ver con que el agua ya es un bien de uso público y el Código de aguas permite a privados utilizarla para fines de consumo humano, agrícolas o industriales, algo que el Gobierno y el oficialismo no tienen intención de cambiar.

De hecho, el 75% del agua la consume la agricultura, el 14,8% la industria, el 6,8% es para consumo humano y el 3,4% la minería. Para el ministro de Agricultura, Antonio Walker, la situación hídrica nacional es gravísima. ‘Estamos viviendo el peor de los escenarios. Hay menos agua, menos nieve, menos caudales de ríos, y la demanda ha aumentado porque hay más población que alimentar y un alto desarrollo de la agricultura exportadora’, dice el secretario de Estado. Por lo mismo, la agenda que está trabajando el Ejecutivo, además de cambiar la cultura de la gestión del agua en todo sentido, es mejorar el riesgo tecnificado, ya que solo un tercio de la agricultura nacional utiliza algún sistema para optimizar y eficientar el uso del agua; construir 26 embalses por más de US$ 6 mil millones, y avanzar en la desalinización del agua de mar. Pero es en el cambio al Código de aguas donde están los mayores esfuerzos.

El proyecto aún está en discusión en la Comisión de Agricultura de la Cámara, y en este se aumentarán las sanciones por no uso de los derechos de agua. Además, Walker se muestra dispuesto a conversar y negociar todos los temas, incluido quitar la perpetuidad de la entrega de los derechos. ‘Lo que no está en entredicho, y en eso con la oposición estamos de acuerdo, es que serán privados quienes usarán el derecho de agua, pero el agua es de todos los chilenos’, dice Walker.

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