Abogados acusan incumplimiento del Gobierno en fallo de la Corte Suprema por caso intoxicados

El 28 de mayo del año pasado la Corte Suprema dictó un fallo favorable para siete de diez recursos de protección que se agrupaban en una sola causa por el caso de intoxicación masiva en Quintero y Puchuncaví, ocurrido entre agosto y septiembre del 2018.

El fallo, del máximo tribunal fue contundente y determinó que hubo omisión por parte del Estado en resguardara la población que por años se ha visto devastada por efectos contaminantes. Por esto, dictaminó quince medidas que debiesen estar ejecutadas en el plazo de un año, situación que -según confirmaron abogados de la causa consultados por este diario- no ha ocurrido.

La directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental, Cristina Lux; el abogado Ezio Costa de la ONG Fima que representó a varias organizaciones ambientales como Greenpeace; el abogado José Miguel Ferrada que representó a 47 vecinos de la zona y el Jurista Cristian Lucero, abogado del senador Francisco Chahuán, quien interpuso el primer recurso de protección en contra de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), coinciden en que se deben aplicar medidas ante el retraso o incumplimiento que según algunos de ellos se evidencia.

La abogada Cristina Lux, quien expuso en la Cumbre Internacional de cambio climático, COP25, fue crítica y planteó que “en junio se cumple el plazo que dio la Corte y el Gobierno no ha hecho nada. Si lo ha hecho, se ha esforzado por ocultarlo, ya que hemos presentado solicitudes Vía Transparencia para averiguar y responden que no hay información”.

Ante esto, aseveró Lux, “no descartamos acudir a instancias internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), ya que el Gobierno no parece sentirse obligado por la máxima autoridad judicial interna; ha tenido una actitud pasiva en resolver el problema de las zonas de sacrificio, y en particular de esta que tuvo más de 1300 personas intoxicadas en el segundo semestre del 2018”.

Subrayó que el “abandono del Estado vulnera los derechos humanos de los habitantes, su derecho a la salud, a la dignidad, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la salud, a la vida y finalmente también al Trabajo y la vivienda, y no es posible aplazar más está situación (…). Los peak de dióxido de azufre (SO2) son constantes y los varamientos de carbón también.

Apostando por recursos nacionales, en tanto, el abogado Ezio Costa, postuló que “me parece grave que todavía no se haya ejecutado de buena manera el fallo, esto no es solamente incumplir una acción judicial sino que ese incumplimiento significa seguir violando los derechos fundamentales de las personas de Quintero y Puchuncavi que es lo más grave. Ellos mismos nos han informado que el fallo no se ha cumplido porque las condiciones de vida que tienen no ha ido mejorando”.

Ante esto, Costa destacó que “si no se cumple en el plazo correspondiente va a haber que hacer otras acciones. La acción internacional es una posibilidad, pero también creo que hay juicios que pueden comenzarse a nivel nacional porque aquí claramente hay un incumplimiento”.

OFICIAR A LA CORTE

Mientras, el abogado Christian Lucero fue menos drástico y explicó que se debe estar a la espera de la respuesta del Gobierno antes de tomar estas acciones o bien oficiar a la Corte Suprema para que pidan la información correspondiente. “Lo que hay que hacer es pedirle a la Corte que oficie a estos organismos para que informen qué fue lo que ocurrió en diciembre del año pasado cuando la Supaintendencia de Medio Ambiente (SMA), según consta en la carpe ta, entrega información”.

Lucero acotó que “cuando se revisa la causa se ve que sólo pocos abogados – Ezio Costa y José Miguel Ferrada- han solicitado informes, pero los otros no han aparecido pidiendo el cumplimiento del fallo correctamente como correspondería. Lo que hay que hacer es solicitara la Corte que seto pida al organismo, lo objetivo es lo que está en la causa”.

Al igual que Lucero, el abogado Ferrada precisó que “se debe solicitar a la Corte que pida la información” y afirmó que “el Gobierno no ha cumplido con lo establecido, pero más que eso hay que intentar una acción directamente con las empresas porque los gobiernos son de turno, pero las empresas son las que están en la zona contaminando constantemente y no han parado”.

Lo importante, dijo Ferrada, “es que las empresas regulen la situación”. El jurista agregó que “se debe pedir oficios porque lo que tenemos que saber es qué se ha hecho y si hay programas, cómo se han ejecutado. Después de eso habría que ver qué acciones se pueden implementar con esa información”.

“HAY CUMPLIMIENTO”

Desde la Intendencia Regional respondieron en relación al tema y afirmaron que cuando se dictó el fallo “como Gobierno ya habíamos adoptado varias de esas exigencias, como por ejemplo, la entrada en vigencia del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), con medidas exigentes que están generando un alto impacto en las empresas y que apuntan a resguardar la salud de la población”.

Y a partir de mayo de 2019, confirmaron, “se comenzó a implementar la nueva norma Primaria de Calidad del Aire para Dióxido de Azule (SO2), que tiene como objetivo proteger la salud de las personas de los efectos agudos y cronicos generados por la exposición a concentraciones en el aire de SO2 (dióxido de azufre). Esta normativa incorpora, de forma inédita, el valor horario de 350 g/m3N; exigencia equivalente a la de la Unión Europea”, por lo que hay – según informó la Intendencia- cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

A estas medidas, además, se agrega “el rediseño de la estación de monitoreo y el estudio realizado por el Instituto Noruego de Calidad del Aire (NILU) para la medición de COVs (Compuestos Organicos Volátiles), cuyos resultados preliminares fueron sociabilizados con la comunidad”.

En este sentido, informaron que “el estudio de COVs se sigue realizando y su resultado estará finalizado durante el primer semestre de este año , en tanto que adicionalmente se trabaja para elaborar la Norma de Calidad de COVs”.

Confirmaron que “el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha trabajado en la aplicación de estrictas medidas, hoy incluidas en el PPDA, a fin de dar cumplimiento a una serie de compromisos adoptados para entregar una solución definitiva a las familias de esta zona que por más de 50 años han debido convivir con la contaminación”.

Y en este aspecto, recalcaron, “cada uno de los organismos requeridos por el fallo ha informado oportunamente a la Corte Suprema sobre las medidas adoptadas y sus avances. A ocho meses del fallo se sigue trabajando en las medidas pendientes y algunas se concretarán pronto, como la página web”