Código de Aguas: El debate en torno a la privatización y los derechos del bien hídrico en el país
A raíz de la columna del ex director general de Aguas, Matías Desmadryl, titulada “Desafíos y mitos sobre el agua en Chile”, expertos y autoridades iniciaron una discusión respecto al actual sistema y los cambios que requiere. Fuente: Emol, 10 de febrero de 2020.
“Desde hace años, algunos políticos y líderes de opinión han criticado duramente el régimen de propiedad y administración del agua en Chile, sosteniendo que es el único país en el mundo en que el agua es privada y los derechos de aprovechamiento de aguas (DAA) se transan en un mercado. Se cuestiona que la propiedad de los DAA esté separada de la tierra, y que éstos puedan ser libremente transferidos”.
Así comenzaba la columna del abogado y ex director general de Aguas, Matías Desmadryl, a El Mercurio llamada “Desafíos y mitos sobre el agua en Chile”, a raíz de la cual expertos y autoridades iniciaron un debate acerca del sistema.
“La evidencia internacional muestra que el modelo chileno existe en diversos países, en especial en aquellos que han sido exitosos en el uso y conservación de este valioso recurso”, continuaba la columna.
El abogado especialista en derechos de agua explicó que el actual Código de Aguas (1981) no privatizó el bien ni tampoco creó los DAA, sino que fue Bernardo O’Higgins quien “dispuso expresamente en 1819 que los ‘regadores’ (hoy DAA) podían ser vendidos y no estaban ligados al dominio de la tierra”. Además, en 1857 se reconoció y reguló el agua como un bien nacional de uso público (BNUP), y los DAA de propiedad de titulares se inscriben en los registros de propiedad de los Conservadores de Bienes Raíces desde 1908.
“Lo que ocurrió el año ´81 es que el derecho de propiedad sobre el DAA, ya existente, fue elevado a rango constitucional. El objetivo, según el exministro Büchi, fue crear ‘(…) derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado'”, agregó.
Desmadryl también señaló que Chile no es el único que tiene este sistema. Así, indicó que existen otras legislaciones parecidas, tales como la de Estados Unidos (15 estados), Australia (6 provincias), Canadá (6 provincias), Gran Bretaña, Nueva Zelandia, Alemania, Suecia, India, Indonesia, Corea del Sur y Corea del Norte, Japón, Rusia, Sudáfrica, Filipinas y Jordania, lo que concentra “el 40% de la población mundial”.
Además, recordó que China “está modificando su legislación para establecer un sistema de mercado y transacción de DAA”, utilizando, entre otros, el modelo nacional como ejemplo.
Sin embargo, el experto advirtió que “nuestra institucionalidad y legislación requieren un fortalecimiento en materias como priorización del consumo humano, fomento de nuevas fuentes (desalación, reúso), mejor gestión del agua subterránea, preservación y gestión sustentable del recurso, fortalecimiento de la institucionalidad pública, entre otras”.
“Se nos acabó el tiempo de las consignas y de las discusiones puramente ideológicas, de lado y lado. La megasequía que vive nuestro país nos puso en un pie forzado, especialmente al Ejecutivo y Congreso, para actuar con pragmatismo y urgencia, y así tomar decisiones concretas y lograr los acuerdos necesarios que den solución a los problemas y desafíos que tenemos”, concluyó.
Luis Mayol, ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) junto a Felipe Martin, ex Secretario Ejecutivo Comisión Nacional de Riego, respondieron a esta columna a través de una carta al director al mismo medio complementando que “el ámbito privado del aprovechamiento de agua en nuestro país permitió en esa época a don Domingo Eyzaguirre, a través de la Sociedad Canal del Maipo, construir el actual canal San Carlos, primera carretera hídrica del país capaz de trasladar aguas para riego desde el río Maipo al río Mapocho”.
Esto, según expusieron, “significó que los privados construyeran más de 150 mil kilómetros de canales, obras de riego y almacenamiento de agua”, lo cual permite actualmente “el cultivo de un millón 200 mil hectáreas, que tengamos un sector silvoagropecuario que exporta US$18 mil millones y que genera dos millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta”.
Asimismo Ricardo Ariztía, actual presidente de la SNA, entró al debate y sostuvo que “los agricultores agradecemos el valioso contenido de la columna de Desmadryl”.
“Este régimen (de aguas) ha sido clave para propiciar las inversiones en diferentes rubros, entre ellos la agricultura”, enfatizó y agregó que desde 1981, cuando entró en vigencia el actual Código de Aguas, “nuestra actividad ha transformado este recurso en alimentos, convirtiendo el agua en productos como uva de mesa, cerezas, arándanos, carne, madera y muchos otros, que a su vez han sido importantes fuentes de divisas para nuestro país y de generación de empleos”.
“A mediados de los 80, el PIB silvoagropecuario de Chile era de US$ 1.060 millones, el que en 2018 llegó a US$ 8.300 millones; es decir, se multiplicó casi por siete veces. Asimismo, las exportaciones en 1985 alcanzaban los US$ 150 millones y hoy, llegando a más de 150 países en el mundo, se han multiplicado por 120 veces, logrando un valor de US$ 18.000 millones al año”, añadió.
“No podemos seguir avalando el actual Código de Aguas”
Por su parte, el investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad Cristián Frêne opinó distinto diciendo que “en Chile existe un mercado del agua regulado por privados, con mínima participación del Estado y éste no garantiza el acceso al agua para toda la población ni mucho menos salvaguarda el caudal ecológico” y agregó, respecto a la columna de Desmadryl, que “me parece lamentable este tipo de declaraciones, con un sesgo productivo que raya en lo aberrante”.
El experto discrepó con el ex director general de Aguas respecto a la comparación con otros países, ya que “el autor (Desmadryl) no aclara que aquellos países con modelo de mercado de aguas sí resguardan un porcentaje para uso humano y caudal ecológico y tampoco deja claro que la falta de prelación en derechos permite que comunidades locales se queden sin agua por actividades productivas en sus territorios”.
“Nada dice sobre el precario sistema de monitoreo hidrológico, que no nos permite saber cuánta agua tenemos exactamente y dónde está, cuestión que sí está resuelta en los otros países con sistemas similares al chileno, (…) La fiscalización del Estado está reducida a su mínima expresión”, agregó.
“La consagración del derecho de propiedad sobre las aguas en la Constitución es la que hace único en el mundo a este modelo chileno. Países como Australia, Canadá o Alemania tienen un sistema bastante distinto al nuestro, ya que se ocupan de conocer bien sus recursos hídricos para luego asegurar caudales que permitan su funcionamiento ecológico y consumo humano. Luego, utilizan el excedente para el mercado del agua. Esto, a diferencia de Chile, donde tenemos ríos secos por la sobreextracción y comunidades que no tienen acceso al agua potable y mucho menos a saneamiento adecuado de aguas servidas”, indicó. “No podemos seguir avalando el actual Código de Aguas”, finalizó.
Respuestas a Frêne
“El señor Frêne omite en su análisis una parte importantísima de lo que constituye el actual régimen legal de las aguas, y que a la vez, considero, ayuda a solucionar la gran mayoría de los problemas por él planteados en su carta: me refiero al rol que juegan las organizaciones de usuarios de aguas en la distribución de las mismas”, comentó el presidente de la Confederación de Canalistas de Chile, Fernando Peralta, respecto a la carta enviada por el investigador.
“Son estas organizaciones las que históricamente han cumplido el rol de componedoras de conflictos entre usuarios de aguas; en aquellas partes en las que ellas no existen, la conflictividad aumenta. Ejemplos hay varios, muchos de ellos de reciente data, para sustentar dicha afirmación”, agregó.
Según indicó Peralta, ejemplo de éste es la labor que cumplen las Juntas de Vigilancia de los ríos Aconcagua, Maipo y Mapocho en el aseguramiento del derecho humano al agua, como el apoyo prestado a los APRs en años recientes.
Sin embargo, señaló que comparte el “diagnóstico de que hay aspectos a mejorar”. “La integración operativa de las aguas subterráneas a las organizaciones de usuarios de aguas, la consagración de prioridades de uso y la mejora de la institucionalidad -aparejado de un necesario aumento de su presupuesto- son temas que deben abordarse a la brevedad”, sentenció.
El también ex presidente de la SNA Patricio Crespo se sumó a la crítica hecha por Peralta y señaló que la carta de Frêne le parece “impropia”, ya que “responsabiliza al Código de falencias que son de responsabilidad de la administración del Estado”.
“Espero que no esté creyendo que con un nuevo Código se resolverán los problemas que denuncia, tal como otros pretenden resolver los problemas de salud construyendo nuevos hospitales, o nuevas escuelas en el ámbito de la educación, sin resolver la causa de fondo, que radica en la ineficiente gestión de los servicios públicos”, afirmó y explicó que tanto el monitoreo hidrológico, como la precaria fiscalización, el sobreotorgamiento de derechos y la sobreexplotación de los cauces “son funciones encomendadas a las instituciones públicas llamadas a otorgar derechos, fiscalizar y sancionar”.
Para Crespo, las falencias del servicio de agua potable “obedecen a la inhabilitación de pozos profundos que sirven a los sistemas APR, proyectos que están sometidos a la factibilidad social que exige la ley, lo que limita su profundidad, dejando un mínimo margen para la oscilación de las napas que explotan”.
Por último, apeló a la comisión de Constitución del Senado afirmando que espera que ésta “pueda levantar la mirada y evitar aquellos cambios que, siendo innecesarios, solo traerán precariedad jurídica y, muy por el contrario, pueda ponerse el acento en la superación de las graves falencias en la gestión estatal”.
Respuesta a Crespo
“El académico del Instituto de Ecología y Biodiversidad (Frêne) expresa argumentos claros, desde la ciencia y la realidad nacional, sugiriendo que deben realizarse cambios urgentes en el actual Código de Aguas”, sostuvo el hidrólogo Pablo García en respuesta a Crespo.
Respecto a los pozos profundos señalados por el ex presidente de la SNA, señaló que “la profundización de estos es el peor error que podemos cometer”.
Acerca del Código de Aguas indicó que “pese a que siempre se pueden dar algunos argumentos en su defensa, Chile necesita estos cambios urgentemente”.
Asimismo agregó que “lo que está pasando no es una ‘sequía’, sino un proceso asociado al calentamiento global que empeoró cada vez más, por lo que debemos evolucionar para seguir creciendo como país, de lo contrario seguiremos hundiéndonos económica, social y ambientalmente”.
“La opinión de la ciencia es la que realmente se debe escuchar”, concluyó.