Ley Marco de Cambio Climático: resiliente al clima

Lo que se comente del Cambio Climático (CC) y sus notorios y graves impactos tiende a quedarse permanentemente corto ante su avance vertiginoso y evidencia incuestionable. Por algo es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era, teniendo directa influencia en sequías, olas de calor, incendios forestales, aumento del nivel del mar, inundaciones, tormentas, pérdida de biodiversidad y el desbalance de los ecosistemas que sustentan la vida. Todo esto, de manera cada vez más severa.

Para hacer frente a esta realidad, en enero pasado el gobierno ingresó al Congreso el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, “el que sentará las bases para la transformación trasversal de nuestro país, impulsando un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima para disminuir el impacto que este fenómeno tiene en las personas”, asegura la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

La iniciativa legal pretende establecer por ley un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al CC, “promoviendo un desarrollo sustentable que equilibre las dimensiones sociales, ambientales y económicas, pero siempre con el foco en las personas”.

A juicio de la autoridad ambiental, el proyecto “establece objetivos claros para la mitigación y adaptación al CC, incorporando el concepto de seguridad hídrica y relevando las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de Chile y fortalecer su resiliencia frente a este grave problema”.

Además, define como meta nacional que nuestro país sea carbono neutral al 2050, es decir, que se alcance un equilibrio entre las emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Con esto, Chile se transformará en el primer en vías de desarrollo en establecer por ley este objetivo.

SIETE INSTRUMENTOS

Para lograr lo anterior, el proyecto incorpora siete instrumentos de gestión.

Así, por ejemplo, propone establecer una Estrategia Climática de Largo Plazo, que fijará un presupuesto total de GEI a emitir a los años 2030 y 2050, y de las metas de adaptación por sectores, los que deben cumplirse en un plazo de 10 años.

Adicionalmente, contiene lineamientos en materia de adaptación al cambio climático, así como de evaluación de riesgos, considerando la vulnerabilidad de cada sector específico.

Asimismo, se establece la obligación de elaborar planes sectoriales de mitigación, destinados a reducir emisiones, y de adaptación al CC, enfocados en analizar las vulnerabilidades de nuestro territorio y proponer acciones para disminuir los riesgos de los efectos del cambio climático a los que están expuestos todos los habitantes del país.

También existirá una obligación de hacer planes Estratégicos de Recursos Hídricos para las 101 cuencas del país propendiendo a la seguridad hídrica, para resguardar la posibilidad de acceso al agua, a nivel local, en una cantidad y calidad adecuada, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico y la conservación de los ecosistemas.

Otros de los instrumentos que incluye el proyecto son la formalización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como meta intermedia al 2030 para lograr la neutralidad de emisiones, la generación de un reporte de acción nacional de cambio climático y planes de acción regional de CC.

MECANISMO DE DONACIONES

El proyecto incorpora además un incentivo a las donaciones ambientales para la protección, cuidado y conservación del medio ambiente, así como para impulsar proyectos de acción climática tanto en mitigación como adaptación.

Estas donaciones, de empresas o personas naturales, podrán destinarse a un fin en específico, como el apoyo financiero para mantener un área protegida privada, planes de manejo de un santuario de la naturaleza o paneles solares para comunidades indígenas, entre muchos otros.

Los aportes pueden ser en dinero o en bienes muebles o inmuebles, donados por personas y organizaciones, y se realizarán a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA).

La iniciativa también facultará al Ministerio del Medio Ambiente para normar por primera vez en Chile los gases de efecto invernadero, de manera de establecer un límite de emisiones por fuente o grupo de ellas. Este mecanismo obligará a las empresas a adoptar las mejores tecnologías existentes para cumplir las nuevas normas que se elaboren.

El proyecto también propone, considerando la transversalidad del cambio climático, reformar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, permitiendo incorporar a los ministerios de Educación y Ciencias, sumando esta instancia nuevas facultades.

POSIBILIDAD DE DISCUTIR

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, valora que el Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley en la materia al Parlamento, pues esto “abre la posibilidad de discutir el tema en un espacio distinto al de la sociedad civil, la academia o las empresas. Hoy más que nunca necesitamos que los legisladores y otras autoridades políticas entiendan la complejidad del problema, la vulnerabilidad de Chile y que se promuevan medidas efectivas para afrontar los efectos del cambio climático”.

No obstante, a la bióloga el proyecto de ley le parece “completamente insuficiente, tanto en su contenido como en su financiamiento. Por ejemplo, no le entrega atribuciones a los municipios, que son los que deben afrontar los efectos del CC. Tampoco define como prioritaria la implementación de acciones de adaptación. Si de verdad queremos paliar los efectos del cambio climático, desarrollar acción climática y afrontar los problemas que afectan a las personas más pobres o vulnerables, es imposible hacerlo con el presupuesto contemplado en esta propuesta, el cual se deberá repartir en 9 instituciones públicas”.

Marina Hermosilla, Directora Ejecutiva de CLG Chile (Líderes Empresariales por la Acción Climática), manifiesta una visión distinta. “Para nosotros se trata de un buen proyecto de ley. Si bien es perfectible, es un esfuerzo serio por instalar una institucionalidad adecuada y dotarla de herramientas para impulsar una transición justa hacia una economía carbono-neutral y resiliente al clima”, comenta.

Añade que lo central es el establecimiento, por medio de una ley, de una meta de carbono-neutralidad para Chile al 2050, “un aporte sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico. Tratándose de una meta que incide en todos los sectores productivos de la economía nacional, otorga la posibilidad de adoptar políticas e instrumentos con una mirada de largo plazo, potenciando a la vez la inversión y el desarrollo sustentable del país”.

Respecto a los principios en los que se basa la propuesta legal, Hermosilla sostiene que “nos parecen destacables el científico, el de costo-efectividad y el de equidad, puesto que dan el contexto y orientan la implementación de la acción climática en el país, buscando que las consideraciones sociales, ambientales y económicas estén en equilibrio. No olvidemos que el cambio climático tiene sus mayores efectos entre los sectores más vulnerables de la sociedad, por lo que es necesario abordarlo con perspectiva de costo-efectividad y de equidad, procurando una justa asignación de cargas, costos y beneficios, con especial énfasis en sectores, comunidades y ecosistemas vulnerables al CC”.

En relación a los instrumentos propuestos, CLG Chile destaca la Estrategia Financiera Climática y los instrumentos económicos y de mercado para la gestión del cambio climático. “Éstos ofrecen una herramienta poderosa para lograr los objetivos de prosperidad económica, inclusión social y recuperación ambiental. En efecto, los presupuestos de carbono -tanto a nivel nacional como sectorial- las normas de emisión y los sistemas de certificación de emisiones de GEl permiten internalizar los costos de estas emisiones en la economía, movilizar la importante capacidad de financiamiento del capital privado y potenciar la innovación, el desarrollo tecnológico y la conservación, a la vez que impulsan un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima”, destaca su principal ejecutiva.

También pone de relieve las soluciones basadas en la naturaleza que se incluyen en el Art.5 y los planes estratégicos de recursos hídricos por cuencas, porque son “herramientas innovadoras para impulsar los cambios que requieren en los ámbitos de adaptación”.

Y con los instrumentos de seguimiento y los reportes de cumplimiento “es posible ir verificando periódicamente si las medidas adoptadas son suficientes para cumplir los objetivos, si es necesario profundizarlas o si deben adoptarse otras”, subraya.

PROPUESTAS DE MEJORA

Sobre la posibilidad de introducir mejoras a la iniciativa, Marina Hermosilla y CLG Chile abogan por cambios al Comité Científico Asesor, ya que “éste debe ser un cuerpo independiente del gobierno de turno, con competencias en materia científica -social y ambiental- y económica. Su objetivo sería realizar seguimiento a los efectos sociales, físicos y económicos de las medidas y políticas aplicadas, y con ello conocer tempranamente si las políticas e instrumentos que los diferentes gobiernos implementen están apuntando al cumplimiento del objetivo de largo plazo. Y esto no lo pueden hacer reuniéndose cuatro veces al año y con una participación ad honorem”.

Además, le parece necesario que las políticas e instrumentos incorporados en el proyecto cuenten con validación social para su implementación, por lo que sería conveniente “ampliar los plazos de la participación ciudadana para los diferentes instrumentos sometidos a este proceso de acuerdo a la propuesta legal”.