Ong’s piden a comité ONU que Chile aclare cómo su política climática cumple pacto de derechos económicos, sociales y culturales
Este año, el país deberá presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) su quinto informe de avance sobre estas materias, y se espera que este contenga importantes aspectos en materia de políticas relacionadas con el cambio climático. Terram, FIMA y el Movimiento Chao Pescao pidieron al organismo que se ponga especial énfasis en la política climática y de carbón, las políticas de mitigación, las denominadas “zonas de sacrificio” y las medidas adoptadas frente a la crisis hídrica del país. Fuente: País Circular, 17 de febrero de 2020.
A más tardar a junio de este año, Chile deberá presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) su quinto informe periódico sobre estas materias, y se espera que este contenga importantes aspectos respecto del avance del país en sus políticas relacionadas con el cambio climático. Aunque en las observaciones del organismo al cuarto informe del país entregado en 2015 estas estaban acotadas a la elaboración de reglamentos y directivas claras para la evaluación del impacto social y ambiental que puedan tener los proyectos de explotación de recursos naturales, así como a aspectos relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento, se espera que esta vez los temas relacionados al cambio climático adquieran una mayor preponderancia.
Esto principalmente a raíz de una declaración presentada en septiembre pasado por cinco organismos de Derechos Humanos de la ONU, entre ellos el CDESC, donde se señala que, en su trabajo futuro los comités continuarán revisando los impactos del cambio climático y los desastres inducidos por el clima en los titulares de derechos protegidos bajo sus respectivos tratados, así como el cumplimiento de los compromisos adoptados en el Acuerdo de París.
“Los mecanismos de derechos humanos tienen un papel importante que desempeñar para garantizar que los Estados eviten tomar medidas que podrían acelerar el cambio climático y dedicar los máximos recursos disponibles a la adopción de medidas destinadas a mitigar el cambio climático. Es de agradecer que la judicatura nacional y las instituciones de derechos humanos se comprometan cada vez más a garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones bajo los instrumentos de derechos humanos existentes para combatir el cambio climático”, señalaron en el documento.
Así lo han entendido las ong’s chilenas vinculadas a los temas ambientales, principalmente Terram y la Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA) junto al Movimiento Chao Pescao, que recientemente hicieron llegar al CDESC un informe paralelo para el exámen de la lista de cuestiones relativas a Chile, donde ponen especial énfasis en la política climática y de carbón, las políticas de mitigación, las denominadas “zonas de sacrificio” y los impactos extraterritoriales en los derechos humanos, al tiempo que entregan una serie de preguntas recomendadas para que el organismo realice al gobierno.
“Las principales emisiones de fuentes fijas en Chile que impactan sobre el cambio climático, son las que generan las termoeléctricas a carbón. La decisión del Estado de Chile de haber dejado el cierre de estas centrales a la ‘buena voluntad’ de las empresas generadoras, ha sido una irresponsabilidad por parte del gobierno, así como no haber comenzado en 2016 con el proceso de revisión de la normativa de emisiones, las cuales son una de las principales causas de la condición ambiental a la que son sometidas las comunidades que habitan las zonas de sacrificio y que vulneran su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, señala al respecto Hernán Ramírez, investigador asociado a Fundación Terram.
“Esperamos que la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, acate el dictamen de Contraloría dado a conocer la semana pasada y establezca nuevos parámetros de emisiones que se igualen al derecho que tienen los habitantes de países de la Unión Europea a vivir en un ambiente seguro para su vida. Los derechos humanos son universales, no solo para algunos privilegiados, sino que para toda la humanidad, lo que incluye a las personas que viven en las zonas de sacrificio de Chile”, agrega.
Llamado a una mayor ambición
En su informe al CDESC, las ong’s hacen hincapié en que Chile es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, el que -afirman- ya ha tenido importantes impactos perjudiciales en sus habitantes socavando derechos protegidos al agua, la alimentación, la vivienda y la salud.
“Uno de los impactos más significativos es la escasez de agua que se ha producido en los últimos 20 años, tras la disminución de las precipitaciones y el retroceso de los glaciares. Como resultado, Chile ha experimentado una sequía multianual y el año 2019 fue uno de los más secos en 60 años. Además, Chile ha sufrido inundaciones, olas de calor e incendios forestales”, señala el documento, que advierte además que “los impactos proyectados del cambio climático en Chile son aún más severos”.
A esto se suma, agregan, que la fuerte dependencia actual de Chile de los combustibles fósiles -incluidas sus 28 centrales termoeléctricas a carbón- ha interferido considerablemente en el disfrute del derecho a la salud y otros derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos chilenos.
“En particular -agrega el documento- de los que viven en las denominadas ‘zonas de sacrificio’ muy cerca de las centrales termoeléctricas. Las personas que viven cerca de estas plantas han sufrido impactos significativos en la salud debido a los niveles excesivamente altos de metales pesados y gases tóxicos, así como la pérdida de su hogar y medios de vida”.
En ese marco, y dentro de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y del Acuerdo de París, entre ellas el “actuar con la debida diligencia” y “movilizar el máximo de recursos disponibles” para proteger los derechos afectados por el cambio climático, las organizaciones ambientales llaman a incrementar significativamente la ambición de la actual NDC de Chile -hoy en discusión-, introducir objetivos de reducción de emisiones a corto y mediano plazo (2025 y 2030), y la eliminación progresiva del carbón y otros combustibles fósiles a más tardar en 2032, entre otras.
“Las decisiones que Chile tome en materia de cambio climático tienen un impacto en los derechos humanos de las comunidades. El Acuerdo de París obliga a los países a respetar los derechos humanos en las políticas climáticas y cuando determinan sus NDCs. Esto significa diseñar medidas para abordar los efectos que el cambio climático tiene, por ejemplo, sobre el derecho de acceso al agua, a la vivienda y a la salud de los chilenos”, explica Gabriela Burdiles, directora de proyectos de la ong FIMA.
“Esto también implica -afirma- que estas decisiones deben informarse debidamente a la comunidad y diseñarse de manera participativa, considerando los conocimientos de los pueblos indígenas y de las mujeres, así como las necesidades de los grupos más vulnerables. Esto en la práctica no ocurre; un ejemplo es la nueva NDC y la ley de cambio climático que no mencionan a los pueblos indígenas ni incluyen medidas concretas para hacer frente a los efectos desproporcionados que el cambio climático tendrá en los derechos de los grupos más vulnerables en Chile”.
Propuestas de revisión a la política climática de Chile
Entre las propuestas de revisión por parte de la CDESC a Chile planteadas por las ongs firmantes del documento, se encuentran el hecho de que el NDC que está actualizando actualmente el gobierno, a juicio de expertos internacionales -señalan-, sería aun insuficiente para mantener el calentamiento por debajo de los 2ºC.
A esto se suma, agregan, que “las propuestas de Chile en materia de adaptación con respecto a los recursos hídricos del país son inadecuadas, especialmente dadas las actuales presiones sobre el derecho al agua. Prevé que en 2025 y 2030 se inicien planes para lograr una mayor ‘resiliencia’ de agua, que son demasiado a largo plazo dado que el país ya tiene una gran crisis de agua. Además, no hay ninguna indicación de cómo se llevarán a cabo estos compromisos”.
En cuanto al Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático presentado por el gobierno al Congreso, que busca consagrar una meta de carbono neutralidad para el país al año 2050, las organizaciones ambientales consideran que este no incluye suficientes medidas de reduccion de emisiones a corto y mediano plazo para los años 2025, 2030 o 2040.
“Si bien los compromisos para lograr la neutralidad del carbono son esenciales para mitigar el cambio climático, los objetivos de reducción de emisiones a largo plazo no pueden sustituir las ‘medidas climáticas urgentes y decisivas’ que el CDESC ha reconocido que son necesarias a corto y mediano plazo para evitar daños graves e irreversibles a los derechos humanos causados por el cambio climático”, señalan.
En ese escenario, en su misiva las ong’s firmantes instan al CDESC a que en su lista de cuestiones previas a la presentación de informes a Chile, solicite al gobierno que proporciones información adicional sobre la adecuación y eficacia de su política climática.
Entre las preguntas sugeridas, se pide que el gobierno explique “cómo las políticas de mitigación de cambio climático de Chile y el apoyo continuo a 28 centrales termoeléctricas a carbón son compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos del país, y con las obligaciones derivadas del Acuerdo de París y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
Adicionalmente, solicitan que “proporcione información sobre las medidas concretas que está adoptando Chile para hacer frente a los efectos adversos actuales y futuros del cambio climático sobre los derechos económicos, sociales y culturales del país”, y en particular “con respecto a la reducción del suministro de agua debido al retroceso de los glaciares y la disminución de las precipitaciones”.
Finalmente, piden al CDESC que el Estado chileno proporciones información “sobre las medidas específicas que está adoptando el país para hacer frente a los actuales efectos adversos sobre el derecho a la salud de las personas, en particular a los niños, debido a las emisiones de las centrales eléctricas a carbón, en particular asegurando que sus reglamentos sean compatibles con las normas internacionales”.