Coronavirus y Día del Agua: mientras algunos no pueden lavarse las manos, otros saben hacerlo bien

Opinión de Fernanda Miranda y Moisés Valenzuela, geógrafa y periodista de Fundación Terram, a propósito de una nueva conmemoración del Día del Agua y la evolución del COVID-10 en Chile. Fuente: El Mostrador, 22 de marzo de 2020.


A medida que la pandemia del COVID-19 continúa extendiéndose, el Ministerio de Salud, haciendo eco de las recomendaciones de la OMS, ha señalado que una de las formas más baratas, sencillas e importantes de prevenir el contagio, es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. Sin embargo, la más básica de las medidas de prevención contra la pandemia, es todo un reto para un número importante de personas en el país, lo que evidencia los problemas sostenidos y estructurales que acarrean sociedades como la nuestra.

En Chile, la escasez de agua afecta alrededor de un millón de personas que hoy no tienen acceso asegurado a un bien tan primordial para la vida. Diferentes comunas de las 10 regiones más afectadas por la escasez hídrica son abastecidas por camiones aljibes, recibiendo sólo 50 litros de agua al día con una frecuencia de distribución que puede ser diaria, semanal o de hasta 15 días, según los sistemas de acumulación y las distancias de las diferentes localidades. Según cifras de 2017, el número de personas que vivía en esta situación alcanzó en ese año los 400 mil, siendo un problema que, lejos de encontrar solución, al día de hoy sólo se ha profundizado.

Queda claro entonces que aún en condiciones “normales”, es decir, sin la presencia de una pandemia que requiere una mayor higienización, estas personas tienen dificultades para realizar tareas tan cotidianas como cocinar, cepillarse los dientes y, por supuesto, lavarse las manos. Organismos como UNICEF recomiendan el lavado de manos con frecuencia y con una duración de, al menos, 20 segundos. No cabe duda que este tipo de recomendaciones deben ser atendidas, no obstante, según propias cifras del gobierno, son 12 litros de agua los que emanan de una llave abierta durante un minuto, por lo que no puede sino resultar un consejo inútil para aquellos que, limitados a consumir 50 litros diarios, no tienen acceso al agua de forma regular, ni mucho menos en cantidades suficientes.

En consecuencia, las personas privadas de agua y saneamiento en nuestro país son más vulnerables a la propagación de COVID-19 y les resultará más difícil tomar las medidas para protegerse a sí mismas y a su núcleo familiar cercano. Pero esto no es algo nuevo: las personas privadas de agua ya se enferman a causa de ello. Conocido es que el saneamiento deficiente, la insuficiente cantidad y la calidad cuestionable del agua -como sucede con la proveniente de fuentes informales como los camiones aljibes – se relacionan con la transmisión de enfermedades como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea.

La pregunta, entonces, viene por sí sola: ¿cómo responde el Estado frente a esto?

Diariamente, las familias que reciben el suministro de agua mediante camiones aljibes, se ven forzadas a complementar su abastecimiento comprando más agua, porque simplemente 50 litros por persona no es suficiente. Y según un estudio de Fundación Amulén, las familias pobres de agua ya pagan más caro el litro que aquellos que cuentan con un suministro potable por redes formales en sus hogares (comprando bidones de agua el valor por litro es de $150 versus los $0,36 que vale el litro del agua en tubería suministrada por una empresa sanitaria). Pero, ¿es esto diferente ahora, con una pandemia de la cual cuidarse? Aunque esperaríamos que así fuese, a decir verdad, no lo es.

Aun en un contexto en el que hay un fuerte llamado a lavarse las manos, a permanecer en la casa y a higienizarse más de lo normal, el Estado chileno no ha sido capaz de modificar su “estrecho” marco de acción en materia de aguas: ni siquiera bajo declaración de estado de catástrofe, donde los derechos de propiedad pueden ser temporalmente suspendidos, el problema del acceso al agua se encuentra solución, pues el preciado recurso continúa en manos las mismas familias y empresas, dejando a su suerte a los más vulnerables.

Mencionar la condición de estado de catástrofe no es antojadizo: según el artículo 43° de nuestra Constitución, tal como son restringidas las libertades de reunión y locomoción, es posible “establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”. ¿Podrían entonces ser suspendidos, aunque sea temporalmente, los derechos de propiedad existentes sobre el agua para abastecer a los habitantes de los territorios afectados por la escasez? Tal parece que sí. Si constitucionalmente es permitido, entonces sólo restaría voluntad política, pero, lamentablemente, justamente ahí parece radicar gran parte del problema.

Así todo, para un importante número de personas en el país, lavarse las manos no constituye algo sencillo ni barato, aún bajo condiciones de emergencia como la que actualmente enfrentamos. El Gobierno, por su parte, sigue sin considerar el impacto particular del COVID-19 en la población que carece de acceso suficiente al agua, viéndose algunos municipios cordilleranos del Biobío obligados a solicitar al Gobierno Regional un aumento de la entrega de agua a comunas sin suministro, ya que, a todas luces, los 50 litros diarios que reciben las familias son insuficientes para enfrentar la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

En definitiva, mientras algunos no pueden lavarse las manos, otros parecen saber hacerlo muy bien.

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