Marcela Mella, ecologista chilena: “La clase política no tiene voluntad para parar Alto Maipo”

Este mes de marzo, la ambientalista chilena Marcela Mella llegó hasta el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, en Suiza, para presentar su cruzada: la oposición a un proyecto de hidroeléctrica que amenaza con dejar sin agua a su comunidad, y a su juicio, a la capital de Chile, Santiago, si no se detiene.

La ONU podrá elegirla entre varias otras luchas medioambientales e interrogar directamente al gobierno de Chile al respecto. En este viaje a Europa, Marcela iba a entregar también una carta a la empresa privada de electricidad francesa, Suez, involucrada indirectamente a través de su filial chilena Aguas Andinas en el proyecto, pero en París, donde está la sede de la compañía, se impuso el confinamiento a raíz del coronavirus.

Pese a ello, Marcela habló con France 24 para explicar que ellos se oponen al proyecto porque el Cajón del río Maipo, donde vive, “presta muchos servicios ambientales a Santiago”. “El más importante es que el 80% de las personas de Santiago toman agua del cajón del Maipo y la cuenca del Maipo riega 120.000 hectáreas, que son las principales productoras de los alimentos de Santiago”, detalla.

Ese es el principal mensaje que Marcela y las miles de personas que se oponen al proyecto intentan enviar hace varios años. La central consiste en un sistema de túneles de 70 kilómetros, que tienen en promedio ocho metros de diámetro. Según explica Mella, la empresa propietaria del proyecto, la firma estadounidense A.E.S. Gener, “va a introducir en esos túneles los tres principales afluentes del río Maipo y los va a conducir hasta las pendientes y luego a las turbinas para producir hidroelectricidad”.

Desde 2013, el proyecto está en fase de construcción y se calcula que un 50% de los túneles ya están construidos. “Esta obra ha tenido múltiples dificultades porque al perforar la cordillera del Cajón del Maipo ha afectado seriamente el sistema subterráneo de agua: todas las napas freáticas, acuíferos, que son además el sistema de agua de las personas que viven en la zona, porque no todo el Cajón del Maipo tiene agua potable de Aguas Andinas. El 40 % de nuestros vecinos no tiene agua potable”, insiste la activista.

Además aclara que si “se afecta al sistema subterráneo de aguas, también se afecta al sistema superficial”.

Los inversores estadounidenses ejercen presiones sobre los gobiernos en Chile

La empresa de aguas de la región metropolitana de Santiago, Aguas Andinas, se opuso en un principio a Alto Maipo, pero en 2011, A.E.S. Gener les ofreció un convenio y, desde ese momento, Aguas Andinas comprometió las reservas de agua de Santiago, para la operación del proyecto, según comenta Mella.

Sin embargo, en el contrato que firmó con la empresa estadounidense hay una cláusula que permite el desistimiento. Ese es el objetivo de la carta que Mella entregó a la empresa eléctrica francesaSuez: “Nosotros le estamos pidiendo a Suez que garantice el derecho al agua en la capital de mi país y le exija a su filial en Chile, Aguas Andinas, que le ponga fin a este contrato para que las reservas de agua potable sean destinadas a lo que están por ley, es decir, al agua potable y saneamiento y no al negocio eléctrico”.

Allí está la principal esperanza de la lucha de Mella. La otra, en Chile, donde han solicitado a la autoridad ambiental local detener los trabajos de los túneles, mientras se resuelven todos los problemas que hay con la construcción: “Hemos señalado que la evaluación ambiental o las condiciones en que se hizo el proyecto se han visto seriamente modificadas por todos los años que han pasado”.

Mella aclara que “cuando se inició la evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto en 2007, en Chile había un discurso de que si no diversificábamos nuestras fuentes de energía no íbamos a poder avanzar hacia el desarrollo, y como la minería era la mayor demandante de energía, entonces muchos de esos proyectos se aprobaron para entregar energía a las mineras”.

Gener, según cuenta la ambientalista, “ha usado este proyecto para decir que es una empresa verde y sustentable, pues la mayoría de sus proyectos en Chile son de combustión fósil”. “Pero el agua no se puede ya considerar como un recurso renovable por el impacto del cambio climático y también por la propiedad privada del agua en Chile. Y además la energía que produzca Alto Maipo será exportada a Argentina”, asevera. Marcela se indigna e insiste en que “cada minera se las arregle y vea cómo produce su propia energía, pues tienen unas utilidades escandalosas y pagan un impuesto ridículo”.

Mella: “La clase política no tiene voluntad para parar el proyecto”

Según la activista, la clase política “no tiene voluntad” para parar este proyecto: “Durante todos los gobiernos que han transcurrido desde que empezó este conflicto, dos de Michelle Bachelet y dos de Sebastián Piñera, no habido nunca de parte de ellos, que administran el Estado, una voluntad de tomar en serio nuestro estudio, nuestra posición, que tiene evidencia científica a pesar de que todas las cosas que señalamos hace más de 12 años han empezado a ocurrir”.

Mella explica que la empresa A.E.S. Gener “cuenta con una gran red de protección política en Chile en la derecha pero también en la coalición de izquierda, Nueva Mayoría, una red de apoyo transversal, porque en el fondo son inversiones norteamericanas que ejercen presiones indebidas al gobierno de Chile”.

Por eso, su activismo se ha volcado hacia el extranjero porque creen que afuera de Chile, el Estado chileno “no tiene la protección y tiene que enfrentar el cuestionamiento de la opinión pública internacional, de las instituciones y de la sociedad civil y eso tiene un directo perjuicio, por ejemplo, en el precio de las acciones de A.E.S. Gener en la bolsa”.

Lo más paradójico es que el gobierno de Sebastián Piñera declaró la zona del Cajón del Maipo en “escasez hídrica y con emergencia agrícola”. “Se nos pide que nos duchemos en tres minutos y que optimicemos el uso de nuestra agua, y ellos tienen este contrato que puede ser muy perjudicial para Santiago si el proyecto entra en operación”, remata Mella.

En Chile, la gestión de las fuentes de agua es privada

Chile es el único país del mundo que tiene la gestión del agua y la propiedad de sus fuentes de agua privatizadas. “Esto quiere decir que las empresas sanitarias son privadas, pero lo más grave es que cada gota de agua de nuestros ríos, de nuestros esteros, de nuestras vertientes, de nuestros lagos, tiene un propietario o propietaria que tiene el derecho de aprovechar esa agua en primer lugar para sus actividades económicas y productivas. Los ciudadanos y las ciudadanas no tenemos derecho al agua, nuestro consumo depende de las compañías sanitarias, a las cuales, además, hay que pagarles bastante dinero para poder acceder al servicio en Chile y, por lo tanto, nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad”, advierte Mella.

Miles de chilenos dependen actualmente de camiones repartidores de agua para su consumo diario, dado que los ríos en sus comunidades se han secado porque los propietarios de los derechos de agua desvían los cursos desde sus caudales naturales para usarlos en sus actividades.

El movimiento social que explotó el 18 de octubre en Chile tiene como una de sus principales demandas la recuperación del derecho al agua para la población.

“El movimiento socio-ambiental en Chile lleva años movilizado y señalando al modelo neoliberal y la política extractivista del Estado chileno como los culpables de la muerte, la enfermedad y el desplazamiento de cientos de chilenos y chilenas”, afirma Mella.

“La protesta que comenzó el 18 de octubre nos ha dado la oportunidad, entre otras cosas, de darnos cuenta de que las personas en Santiago tienen más conciencia de la que creíamos sobre el impacto del proyecto y también de ayudar a levantar la demanda de la recuperación del agua en el proceso constituyente que se avecina. Eso nos tiene bastante satisfechos”, sentencia la activista.