En el Día Mundial de la Salud: Estado, empresas y medio ambiente

Hoy, 7 de abril, se conmemora un nuevo Día Mundial de la Salud, mientras nos encontramos en medio de la peor crisis sanitaria que haya ocurrido en Chile y el mundo en muchos años. Y a pesar de que en nuestro país todavía no hemos visto las peores consecuencias que trae consigo el COVID-19, sí nuestra cotidianeidad ha sido fuertemente afectada: restricciones de movilización y reunión se suman a una serie de medidas de protección que diariamente debemos tomar para morigerar la propagación de la pandemia. Por su parte, el gobierno haciendo uso de las facultades que le otorga la ley ha optado por decretar Estado de Catástrofe en el territorio nacional, lo que permite, en teoría, destinar una mayor cantidad de recursos humanos, financieros y legales, así como disponer requisiciones de bienes, limitar el ejercicio del derecho de propiedad y tomar todas las medidas extraordinarias necesarias para gestionar la emergencia. Sin embargo, a pesar de los instrumentos que la ley provee al gobierno para actuar, éste inexplicablemente ha decidido no usar algunas de sus facultades más importantes y que podrían apoyar a paliar los efectos de la epidemia en sectores más desposeídos.

Entre otras cosas, hasta ahora el gobierno se ha negado a fijar precios de medicamentos y alimentos, expropiar temporalmente derechos de agua, a distribuir mayor cantidad de agua para garantizar condiciones sanitarias de comunidades vulnerables y a proveer insumos y equipamiento médico básico para afrontar el coronavirus a comunidades altamente contaminadas, como las zonas de sacrificio. Las empresas, entonces, se encuentran con un camino despejado para usar el espacio que deja el Estado y lo aprovechan para actuar como instituciones “solidarias y comprometidas”, publicitando sus acciones de una manera que permite entenderlas, más que como una ayuda en tiempos de crisis, como una suerte de estrategia de posicionamiento en la sociedad o derechamente lavado de imagen.

En efecto, el momento crítico que vivimos como país representa una posibilidad para que las empresas que han sido altamente impactantes del medio ambiente generen acciones que logren modificar la percepción que sobre sus actividades existe, sin cambiar necesariamente sus comportamientos ambientales, laborales y/o sociales, ocupando los vacíos que el Estado no alcanza o no quiere llenar y generando, así,  un cambio en su imagen que puede tener componentes solidarios, pero que también parece un tanto oportunista.

¿Cómo entender, sino, que las mismas empresas que hoy se muestran como socialmente conscientes y dispuestas a contribuir a la superación del COVID-19 a través de aportes y donaciones, sean las responsables de otras crisis ambientales y/o sanitarias que de forma temporal o permanente afectan la salud de las personas y los ecosistemas?

La verdad es que en estos momentos no hay sólo una forma de lavarse las manos: las instituciones que asumen temporalmente compromisos éticos voluntarios, en momentos de crisis, pueden mostrarse ante la ciudadanía como altruistas aun cuando su intención no sea modificar sus conductas sino simplemente mejorar la imagen que de ellas se tiene, y de paso no modificar ni un ápice las prácticas que implican una afectación constante de la vida y salud de las personas y el medioambiente, contribuyendo de paso a fortalecer el estado subsidiario, haciéndolo cada vez más dependiente de las decisiones de los grandes sectores empresariales, disminuyendo el rol del Estado y así contribuyendo al fortalecimiento del modelo neoliberal .

Hasta el momento hemos sido testigos de cómo estas tendencias se reproducen en el ámbito de los más variados sectores productivos, de modo que, considerando lo dicho hasta ahora, como Fundación Terram nos parece adecuado hacer un recordatorio en lo que respecta a los sectores agroexportador, minero, salmonicultor y energético, teniendo presente que las empresas son organizaciones con fines de lucro y que el deber del Estado es velar por el bien común.

AGUA Y SECTOR AGROEXPORTADOR

El pasado 25 de marzo, Juan Sutil, recién electo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), anunció la creación de un fondo que recaudará recursos del empresariado para asistir la red pública de salud durante la crisis sanitaria. Sutil es también vicepresidente de la Sociedad Nacional Agrícola (SNA), la federación gremial agrícola más antigua del país, que por estos días, junto al Ministro de Agricultura, Antonio Walker –también empresario agrícola-, dispuso de 20 tractores con pulverizadoras destinadas a sanitizar la ciudad de Santiago.

A pesar de la preocupación que ha mostrado el sector del agronegocio por la crisis sanitaria desatada por el COVID-19, el gremio más cuestionado por la escasez hídrica que hoy afecta al 40% de las comunas del territorio nacional, se ha mantenido en silencio respecto a las más de 400 mil personas que hoy no disponen de agua en cantidad ni calidad necesarias para enfrentar la pandemia y prevenir el contagio.

Por años, este sector ha mostrado una clara de indiferencia con quienes desde hace décadas experimentan quizás la más grave de las crisis: la falta de agua, oponiéndose sistemáticamente a todos los intentos de reformas necesarias para acabar con esta situación, calificándolas como “expropiatorias” e “inconstitucionales”, posición que durante este período de crisis no ha cambiado.

SALMONICULTURA

En el sur del país, en medio de continuas protestas de la población chilota contra la industria salmonera por incumplir la barrera sanitaria decretada en la zona, y de solicitudes de los propios alcaldes de paralizar la actividad acuícola como medida preventiva, la empresa Mowi -ex Marine Harvest-, ofreció realizar gratuitamente hasta mil muestreos diarios de Covid-19, y así contribuir a descongestionar la red pública de salud.

Si bien el anuncio por sí solo no suena mal, el historial ambiental de esta empresa constituye una fuerte razón para desconfiar de la intencionalidad benefactora del ofrecimiento, considerando que fue ésta misma la responsable del escape masivo de 690.000 salmones acontecido en julio de 2018 en la comuna de Calbuco, sin que el Estado haya interpuesto una demanda por daño ambiental por estos hechos. A esto, además, se suma lo ocurrido con la propagación de virus ISA que desató una crisis sanitaria en la industria salmonera los años 2007-2008.

MINERÍA

El gremio extractivo nacional no queda fuera del análisis: el Consejo Minero, por su parte, anunció un aporte de $17.000 millones de pesos, el que se sumará al Fondo de Emergencia creado por la CPC para lidiar con los efectos de la pandemia. A través de un comunicado emitido por su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino, expone que las medidas tomadas por el sector “contribuyen a la protección de la vida y salud de los chilenos, colaborando para que exista acceso a bienes y servicios básicos”, intención cuya efectividad es a lo menos cuestionable si consideramos que este sector ha sido unos de los principales opositores a la aplicación de un verdadero Royalty Minero (la GMP-10 en los últimos tres años ha aportado sólo un 2% de los ingresos fiscales), instrumento que, en estos tiempos de crisis, permitiría generar una gran cantidad de recursos públicos para sobrellevar el aumento del gasto proyectado por el gobierno.

A su vez, el gremio ha sido un fiel detractor de aprobar una Ley de Glaciares que establezca una mirada integral y de conservación de los mismos, y, como si fuera poco, representa un 28% de la conflictividad socioambiental a nivel nacional, siendo la propiedad y acceso al agua unos de los principales focos de conflictos que han relevado las comunidades afectadas por la minería. Como se puede apreciar, el sector difícilmente ha contribuido a la protección de la vida y salud de las y los habitantes de Chile, principalmente de las comunidades afectadas directamente por su explotación.

ZONAS DE SACRIFICIO

Los habitantes de las Zonas de Sacrificio durante años, e incluso décadas, han sido sometidos a  altas concentraciones de contaminantes que afectan el sistema respiratorio, producto de las emisiones de termoeléctricas a gas, carbón y fundiciones de cobre, lo que ha generado enfermedades respiratorias crónicas y también un incremento de los diagnósticos de cáncer. Lo que han vivido estas comunidades por décadas se agudiza ante el peligro de contraer el COVID-19, pues claramente los habitantes de zonas de sacrificio son población de riesgo. Por ello sería esperable que las empresas emplazadas en estas áreas colaboren paralizando o, a lo menos, reduciendo sus emisiones contaminantes al aire. Sin embargo, esto no ha sucedido, más bien todo lo contrario: el 31 de marzo la Unidad 2 de la empresa AES Gener, ubicada en Ventanas, en dos ocasiones su superó el límite de emisiones de dióxido de azufre, gas irritante para el sistema respiratorio.

Cabe señalar que la infraestructura y equipamiento con que cuentan las Zonas de Sacrificio es precario y no se adecúan a las necesidades del momento. Los hospitales de Quintero y Huasco, por ejemplo, no cuentan con respiradores mecánicos, a pesar de que, ante la realidad de sus comunidades y la presencia de este brote epidémico, podrían ser muy necesarios.

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Desde Fundación Terram concluimos que existe una tremenda contradicción en el actuar de las empresas que en estos momentos intentan hacer aportes para de la superación de la crisis: aun visibilizando ayudas que pueden realmente significar una contribución en la emergencia, no dejan de ser las mismas que permanentemente afectan la calidad de vida de las personas y dañan o alteran ecosistemas.

Junto con ello, es particularmente llamativo que sean las vocerías empresariales y no el gobierno quienes determinan el papel que jugará el sector privado y su infraestructura durante la crisis, tomando así la iniciativa política para delimitar los marcos de las medidas posibles y lo que es o no discutible, protegiendo rápidamente la figura del Estado subsidiario y perpetuando un modelo primario-exportador que desde mucho antes de esta pandemia ha mantenido en amenaza la salud de los ecosistemas y sus comunidades. Todo esto, sin mencionar todavía que, una vez superada la crisis, es posible que en virtud de la reactivación de la economía los estándares ambientales sean flexibilizados, haciendo del empresariado un sector que realmente saque cuentas alegres de esta emergencia sanitaria.