Organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios, exigen usar facultades expropiatorias que garanticen el acceso al agua en Petorca en contexto de COVID-19

Fundación Terram, Territorios Colectivos, el diputado Diego Ibáñez y el senador Juan Ignacio Latorre demandan al Gobierno tomar medidas sanitarias en la zona que posee un acceso limitado al agua en el contexto de la pandemia.


Por paradójico que pueda parecer, el acceso al agua para el consumo humano no siempre está vinculado de forma directa a la disponibilidad del recurso. Por ejemplo, América Latina es la región del mundo más rica en agua potable por habitante, el subcontinente que posee más del 30% de este recurso a nivel mundial y, sin embargo, la mitad de sus habitantes, alrededor de 300 millones de personas, tiene acceso a un agua de mala calidad o carecen de suministro constante.

Es de público conocimiento que en Chile, y en especial en la Provincia de Petorca, se arrastra una crisis humanitaria asociada a la falta de agua, sostenida en el tiempo, que no se evidencia sobre el agro, y que mantiene a su población con un acceso restringido al agua -en su mayoría a través del controvertido negocio de los camiones aljibe-, mientras conviven con un paisaje de cerros colmados de paltos que acaparan toda el agua y los derechos sobre ella, utilizando enormes cantidades del vital componente, naturalizando con ello el modelo agroexportador por sobre las necesidad básicas humanas.

En Petorca no hay condiciones básicas para la vida de las personas. Diariamente, las familias sólo cuentan -en algunos casos-, con un tercio del volumen mínimo de agua recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que establece que deben ser entre 100 a 150 litros por persona al día [1]. Esta agua, por lo tanto, no cubre las necesidades del hogar, tales como higiene personal, consumo y alimentación, y los hogares que cuentan con abastecimiento, es solo por un breve periodo de 1 a 2 horas. Pero la realidad de la mayoría es que ya no tienen agua.

Con 78.299 habitantes al 2017, el 34% son adultos mayores o niños y niñas, los cuales conforman la población de la provincia que pertenece a un grupo de riesgo sanitario, sin considerar las personas con enfermedades crónicas o inmunosupresoras. Estas personas han consumido agua de dudosa calidad y en baja cantidad por años. Como resultado de esto, las niñas y niños sufren constantemente de problemas a su salud, con cuadros de diarreas por la deficiente calidad del agua e infecciones urinarias por no tener agua suficiente para el aseo periódico, entre otros. A su vez, las familias sufren quiebres y separaciones debido a la obligación de enviar lejos a sus hijos y adultos mayores con otros familiares que aún tienen acceso al agua, porque la cantidad disponible por persona no alcanza para la subsistencia de los integrantes del hogar.

Al mismo tiempo, los números macroeconómicos de la región no dan cuenta de otra cara de esta crisis humanitaria hídrica: aquella que refleja lo que experimentan los pequeños agricultores y crianceros, que impotentes, ven secar sus campos y morir sus animales de hambre y sed, el trabajo de sus vidas y el sustento de sus familias desapareciendo, para dejarlos en una situación de gran precariedad, que va deteriorando sus vidas, sus bienes y su salud mental y emocional. Esta dimensión de la crisis agudiza una catástrofe sanitaria que ya lleva más de 12 años, con ambos ríos declarados agotados, y la declaración de zona de emergencia hídrica. Esta crisis afecta solo a la población, especialmente la más vulnerable, mientras las grandes agrícolas almacenan agua en gigantescos tranques para el riego de árboles frutales, de ministros, grandes empresarios miembros de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Agropetorca por nombrar algunos. Ellos gozan de los beneficios del modelo, mientras el Estado, teniendo las facultades de obtener agua para el consumo humano mínimo, deja sin protección sanitaria a los habitantes de la provincia.

Como si lo anterior no fuera ya una lucha constante por la supervivencia, la población de la provincia de Petorca se encuentra en medio de un modelo que le despojó de las medidas mínimas para hacer frente a la actual pandemia mundial. Decenas de miles de personas, sencillamente no tienen la posibilidad de abrir la llave para lavar sus manos y se les priva de cumplir la primera norma sanitaria de higiene para eliminar y disminuir las posibilidades de contagio de esta enfermedad. Esta condición pone a nuestros compatriotas en una situación de riesgo fuera de los límites tolerables para hacer frente a la amenaza del COVID-19.

La carencia de agua en esta zona no solo está ligada a una sequía prolongada, sino que sus orígenes están vinculados al marco legal vigente que, por una parte, permite entregar a privados derechos de agua en forma gratuita y, por otro, no prioriza los tipos de uso del preciado recurso, lo que tiene como consecuencia que no asegura el acceso al agua a las poblaciones más vulnerables. Al respecto, resulta desalentador constatar que la protección de este modelo privatista sobre las aguas ha prevalecido intacto, incluso en el escenario de la actual crisis de salud pública provocada por el Covid-19, en función de lo cual este gobierno se ha abstenido de ejercer potestades que permitirían asegurar una mayor accesibilidad y suficiencia del componente hídrico para comunidades vulnerables. En efecto, ya desde la génesis misma del Código de Aguas, en 1981, el Estado cuenta con la potestad para expropiar derechos de aguas para satisfacer menesteres domésticos de la población frente a la inexistencia de otros medios para obtenerla, facultad que adquiere, por lo demás, especial sentido en el contexto de Estado de Catástrofe, que habilita a la autoridad estatal para establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad. Esta potestad, jamás ejercida en la práctica, pareciera no ser tampoco ahora una opción posible para este gobierno ni siquiera bajo el contexto de la pandemia, en el que una de las principales medidas para prevenir el contagio por Covid-19 tiene que ver con el uso de agua para el lavado de manos.

Desde Territorios Colectivos  y Fundación Terram,  junto al diputado Diego Ibáñez y el senador Juan Ignacio Latorre, demandamos que el gobierno asegure el derecho humano al agua a las decenas de miles de personas que no tienen hoy acceso a ella, y de esta manera satisfaga permanentemente las necesidades que estas comunidades tienen, reconociendo que las actuales restricciones no solo develan el fallo del modelo de gestión del agua que pone en peligro a comunidades completas, sino que ilustra claramente que esta lucha desde los territorios no es por la propiedad, sino por el derecho a la vida.

[1] Nations Unites, The Human Right to Water and Sanitation, Media brief, 2015, España.

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