Un largo camino es el que le resta al proyecto de ley que viene a transformar de raíz a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), y que ha sido uno de los ejes del actual ministro de Minería, Baldo Prokurica. La iniciativa está siendo estudiada por la Segpres, que la recibió hace un par de semanas, luego de que el Ministerio de Minería despachara el cuerpo legal para recibir observaciones, y así presentarla en el Congreso, donde seguramente, recibirá más comentarios.

Una de las novedades principales de dicho proyecto tiene que ver con la ampliación del ámbito de fiscalización del organismo, más allá de Codelco y Enami, buscando integrar de manera inédita a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), información que fue confirmada por el ministro Prokurica. La autoridad aseguró que este trabajo se hizo en coordinación con el Ministerio de Energía, y que además cuenta con la venia de la actual presidenta del directorio de la estatal, Loreto Silva. ‘Esto yo lo he hecho de acuerdo con el ministro de Energía, que es de quien depende la Enap; antes el ministro de Minería participaba en el directorio. Hoy, la Enap tiene más de US$ 4 mil millones en deuda y US$ 400 millones de patrimonio, con niveles de sueldos similares a Codelco’, aseguró la autoridad.

Si bien hay entidades, como la Contraloría, que pueden fiscalizar a la petrolera y las demás empresas públicas, la gran diferencia que se produciría con este cambio legal, es que Cochilco cuenta con la facultad de hacer fiscalizaciones de mérito, por lo que se puede cuestionar la rentabilidad y la viabilidad de los proyectos e inversiones desde el punto de vista técnico. En cuanto a los otros puntos del proyecto —que además modificará el nombre de Cochilco a Comisión Nacional de Minería—, destaca el que eleva sus facultades de fiscalización, aumentando el estándar de transparencia exigido para las empresas. Así, las declaraciones de patrimonio que rindan tanto directores como altos ejecutivos de empresas como Codelco, tendrán que hacerse hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que ya fue implementado por la estatal. Aunque de aprobarse la ley, esta información tendrá que ser revisada también por la propia comisión. ‘La idea es que con esta información, Cochilco puede hacer el trabajo que en la administración pública hace la Contraloría, esta última ve con cuántos bienes entras y con cuántos sales de tus cargo’, explica Prokurica.

Instauran sanciones

En el proyecto que se espera que ingrese en las próximas semana al Congreso, otro de los ejes está relacionado con la función sancionadora, para lo que se establecen una serie de medidas que van desde procesos administrativos hasta la imposición de multas a las empresas. De esta manera, la nueva entidad contará con una división especial a cargo del proceso sancionatorio y otra a cargo del cumplimiento. El sistema de multas, dependiendo del número y gravedad de las infracciones, puede ir desde 1 a 8.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, desde los $50.322 (valor julio) a $402 millones. ‘Por primera vez se establece una serie de requisitos e inhabilidades para postular a desarrollar las funciones profesionales en Cochilco.

No estamos en el nivel adecuado que la vida de hoy exige para este tipo de labores, un funcionario que trabajó en Cochilco no se puede ir al otro día a una empresa estatal. Eso no existía antes y ahora se va a incorporar’, agrega el titular de Minería. En esta línea, y a nivel estructural, confirmó que la división de estudios de la Comisión pasará a depender directamente del ministerio. A su vez, estará liderada por un consejo que integrará ocho miembros. Será presidido por el ministro de Minería, y la integrarán el ministro de Hacienda, o un representante; tres consejeros nombrados por el Presidente de la República, un consejero designado por el contralor, otro por el Banco Central y uno nombrado por el Servicio de Impuestos Internos.

Mientras que las funciones del vicepresidente ejecutivo, hoy en manos de Marco Riveros, serán ejercidas por un director ejecutivo, el que será nombrado por el sistema de Alta Dirección Pública. ‘Hay que destacar cuánto ha cambiado Cochilco, y cuánto ha crecido la cantidad de fiscalizaciones que realizan, ha costado sangre, sudor y lágrimas. Este es un cambio importante en una institución que la gente poco conoce, pero que es fundamental’, sostuvo Prokurica. Este año, la entidad firmó un acuerdo de colaboración con Contraloría, se implementó una línea de denuncias y se impulsó un proyecto de revisión permanente de conflictos de intereses, además de tener en curso 12 auditorías a empresas del Estado.