Directorio de Codelco ratifica postergación de Rajo Inca

La minera llegó a un acuerdo con el CDE para suspender el procedimiento por 90 días y tratar de conciliar posiciones. Fuente: El Mercurio, 31 de julio de 2020.


En la sesión de directorio de Codelco que se celebró ayer, originalmente se debía aprobar la inversión para dar el vamos al proyecto estructural Rajo Inca, no obstante, lo que pasó fue todo lo contrario.

La mesa de la estatal, liderada por su presidente, Juan Benavides, ratificó la decisión del comité de inversiones que se reunió el lunes de esta semana y descartó por ahora seguir adelante con el proyecto que busca extender la vida útil de la División Salvador por 40 años. El cambio de planes se da luego de la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que acusó a la minera ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta de un supuesto daño ambiental por parte de la División Salvador, debido a la extracción prolongada del recurso hídrico desde el salar de Pedernales, ubicado en la Región de Atacama.

Dicha situación resulta clave para la iniciativa que está valorada en unos US$ 1.200 millones, ya que de extenderse la decisión de inversión, Rajo Inca no alcanzaría a empalmar con el fin de la vida útil del yacimiento, el que está proyectado para las postrimerías del próximo año. No obstante, desde la minera ya trabajan en alternativas para poder llegar a una pronta solución y desarrollar el proyecto, que además vendría a elevar los niveles de producción de la estatal. Una de ellas es intentar una conciliación con el CDE, con la intención de acotar los plazos judiciales y poder dar viabilidad a la iniciativa.

De hecho, ayer la estatal llegó a un acuerdo con el CDE para suspender el procedimiento y tratar de conciliar una solución en un procedimiento que tiene plazo de 90 días, que fue visado por el Tribunal Ambiental. Con todo, el Gobierno también se ha involucrado en el tema, solicicitando al CDE agilizar la tramitación de la demanda. Esto, debido a los efectos que podría traer en la Región de Atacama un eventual cierre del campamento de Salvador, donde habitan más de 5.500 familias.

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