El debate sobre el 10% de recaptura que se instaló tras las últimas fugas de salmón

Esta obligación de recapturar sólo una parte de los peces que se escaparon en los últimos episodios en la región abrió la discusión sobre la efectividad de la norma ambiental. Distintos actores coinciden en que llegó la hora de realizar ajustes a la normativa. Fuente: El Llanquihue, 9 de agosto de 2020.

Reactiva más que proactiva. Esa es una de las calificaciones que, desde distintos sectores, le dan a la normativa que rige a la industria salmonera. Por eso, si es que llegó la hora de modificarla o de realizarle ajustes, es algo que forma parte del debate sobre lo que sucede en el sector, considerado como el motor de la economía de la región, luego de polémicos episodios de escape de salmones.

Y es que en los últimos meses, dos de estos eventos hicieron que se reactivara la discusión en torno a si es que la actual normativa responde a los tiempos y desafíos actuales, o si sólo otorga soluciones a problemáticas que se vivieron en el pasado. Desde la industria, en tanto, apuntan a los altos estándares con los que trabajan las empresas, sobre todo en la construcción de sus centros de cultivos.

En la Superintendencia de Medio Ambiente, por su parte, apuestan por la utilización de nuevas tecnologías a la hora de realizar las fiscalizaciones.

EVENTOS

El 27 de junio un fuerte temporal provocó el hundimiento de 16 de las 18 jaulas pertenecientes al centro de cultivo Caicura, ubicado en el Seno del Reloncaví -cercano a Hualaihué- y de propiedad de la empresa Blumar, provocando así una masiva fuga de salmones.

Si bien Sernapesca informó, como lo señala El Llanquihue en su edición del 4 de agosto, que un total de 771.405 peces (88% de los que estaban en el centro) se hundieron con la infraestructura, un total de 103.720 “escapó” del lugar.

De estos, un 27% fue recapturado, lo que está dentro del rango de cumplimiento de la norma que se le exige a las empresas, en cuanto a que deben rescatar el 10% de lo fugado.

En lo que respecta a este caso, el Seremi de Medio Ambiente, Klaus Kosiel, indica que la empresa presentó un plan tanto para el monitoreo de las variables ambientales y maniobras de reflotamiento, como a la extracción de la mortalidad, el cual está siendo analizado por los estamentos técnicos.

En la empresa, en tanto, remarcan que desde que ocurrió este hecho han trabajado de manera seria y con sentido de urgencia. Así lo garantizó el miércoles a este medio Pedro Pablo Laporte, gerente de área de Salmones Blumar Seafoods.

El otro “escape” tuvo lugar a comienzos de julio en el lago Llanquihue. Esta vez el hecho se registró en un centro de la empresa Camanchaca, la que presentó una denuncia a la Policía de Investigaciones acusando que una acción premeditada (de terceros) provocó que más de 90 mil salmones fuesen liberados en las cercanías de Frutillar. Lo importante, sostiene Kosiel, es que frente a estos casos se eviten impactos sobre el medio ambiente, “resguardando a nuestras comunidades costeras”.

Además, explica que “hoy el comité interinstitucional de contingencias ambientales está plenamente enfocado en el monitoreo y coordinación de las gestiones de fiscalización y requerimiento de acciones hacia Blumar, a raíz de la sumación registrada en Caicura”.

EFECTOS

El efecto de estos escapes es uno de los puntos de análisis de distintos actores. Y es que lo ocurrido este año se suma a otros similares registrados en los últimos años.

En Oceana Chile, por ejemplo, advierten que desde 2010 han ocurrido más de 70 episodios de este tipo, de acuerdo señalan- a los registros del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Semapesca), totalizando así alrededor de cuatro millones y medio de salmones escapados hasta 2018. “Uno de los más grandes ocurrió en 2018, cuando aproximadamente 690 mil salmones escaparon desde un centro de Mowi (ex Marine Harvest)”, recuerda Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de la entidad, quien además cuestiona lo extenso que puede ser un proceso sancionatorio.

Esto, a su juicio, “pone en duda la capacidad regulatoria del Estado fi-ente a una industria que no es capaz de autorregularse y una autoridad con problemas para fiscalizar y sancionar producto de una regulación que no ha puesto en el centro la protección ambiental”.

Los diputados Gabriel Ascencio (DC) y Javier Hernández (UDI) integran la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Baja. Ambos parlamentarios, representantes de la región, coinciden en la necesidad que existe de contar con una nueva normativa que regule a la industria. Y en este nuevo escenario plantean que se requiere que Sernapesca cuente con más atribuciones y herramientas para poder fiscalizar.

Desde el sector aludido también abordan esta materia. Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), de SalmonChile, relata que el año pasado ese ente elaboró un documento en el que establece un modelo “causal de escapes y luego aborda los que son de gestión directa del titular del centro de cultivo”.

De esta manera, explica, se busca abarcar no sólo el cálculo, sino que también la operación y mantenimiento de los centros, garantizando así una forma de trabajo que permita prevenir y facilitar las mejoras en caso de que ocurra algún incidente de este tipo, además de precisar qué modelo se podría aplicar en este tipo de situaciones.

Ramírez detalla que “se detallan también las principales causas de estos incidentes, como las asociadas a eventos climatológicos inusuales y a la acción de terceros, como robos o accidentes con embarcaciones”.

RECAPTURA

Uno de los temas que se encuentra en discusión tiene que ver con la exigencia del 10% de recaptura luego de un escape.

Gabriel Ascencio critica el panorama actual: “si recapturas un 9% se produce un daño ambiental; pero si recapturas un 10% ya no lo hay… Esto hay que mejorarlo y tiene que modificarse”.

Para Hernández, en cambio, más que el 10% (de recaptura), se tiene que realizar una revisión de la normativa, ya que en la actualidad se está frente a una que es más “reactiva que proactiva. Tenemos que cambiar esta mentalidad, ya que de otra manera seguiremos asistiendo a este tipo de eventos”.

El diputado UDI recordó que el año pasado, en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja, aprobaron un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite en el Senado y que indica que ante una situación de escape de salmones, las empresas tienen que cumplir de manera oportuna con las medidas dispuestas en sus planes de contingencia. “Es importante que Sernapesca solicite a la empresa la presentación de un plan de retiro seguro”, manifiesta.

Su colega DC agrega que se debe mejorar la seguridad de la industria. “No es posible que cualquiera se instale porque tiene una concesión y lo realice con lo que cree que corresponde”, enfatiza.

Por ello, el parlamentario es partidario de que se forme una mesa de trabajo con todos los actores locales que estén relacionados con el mundo del salmón, de manera que se puedan abordar todos estos conflictos y determinar las soluciones.

Entre las organizaciones medioambientalistas también se discute el tema. Mauricio Ceballos, vocero de Greenpeace, coincide con el diputado Hernández en cuanto a que “siempre las reglamentaciones son reactivas a un problema de la industria. Cuando ya ocurrió el daño la legislación trata de reparar esta situación”, dice.

Para Ceballos, lo primero que se debe realizar es una crítica a la poca capacidad que tiene la institucionalidad para ver cuáles son los potenciales problemas que existen en ese sentido.

Además, recuerda que la reglamentación que existe actualmente para el retiro de mortalidad, que se modificó a partir de una masiva fuga, establece 48 horas de plazo máximo para que los centros hagan el retiro de la mortalidad.

Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile, critica que las sanciones por escape son muy bajas, motivo por el cual, asegura, no hay un incentivo a un mayor mantenimiento de las instalaciones para evitar así este daño ambiental.

“Es curioso que los llamemos escapes y no invasión de especies exóticas, ya que los salmones no se escapan, sino que son las instalaciones las que están en malas condiciones y liberan al medio natural estas especies exóticas para las aguas chilenas”.

CERTIFICACIÓN

Gabriel Ascencio coincide con la directora ejecutiva de Oceana y por ello acusa que hoy se requiere que la construcción de un centro sea certificada por algún experto en la materia, y también en la necesidad que existe de precisar cuál es el real impacto al medio ambiente que producen “miles de salmones fugados en nuestras aguas”.

Hernández complementa y reflexiona respecto de que una recaptura del 27% (cita lo ocurrido con Blumar) “no significa que el daño ambiental se hubiese quitado, sino que claramente existe un problema de depredación de los restantes salmones en el resto de la fauna y la flora por su necesidad de alimentación y, por lo tanto, vamos a tener que mejorar la actitud preventiva”.

A Liesbeth van der Meer le produce “extrañeza que la causa siempre sea el mal tiempo, en zonas conocidas por altos vientos y un clima inhóspito, ¿no tendría que estar preparada la infraestructura para aguantarlos?”.

Acusa que aquí, claramente, “hay problemas de cálculo o mantenimiento que están fallando. Pero sea cuál sea la razón, no podemos seguir normalizando los reiterados escapes que terminarán por diezmar la fauna nativa de nuestros fiordos y aguas estuarinas”.

Mientras que Mauricio Ceballos llama a la responsabilidad que debe existir a la hora de otorgar las autorizaciones de construcción y al momento de determinar la cantidad de centros que pudieran operar en un determinado lugar.

Para el vocero de Greenpeace, hoy se carece de las herramientas suficientes como para fiscalizar y anticiparse a la ocurrencia de estos hechos. “Hay que ponerles cienos límites respecto de la cantidad y operación en los lugares donde se ubican”.

PREVENCIÓN

Desde el sector salmonero, Esteban Ramírez, gerente general de lntesal, aborda el tema de la normativa.

-¿Cómo analizan la normativa que regula el sector salmonero?

-Debemos centramos en la prevención. Las empresas utilizan las mejores prácticas para evitar estos eventos, como incorporar un elevado estándar en el cálculo y diseño de estructuras de fondeo, pero es importante reflejar toda la evolución en estos procesos. En esta tarea, sabemos que se está trabajando en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, lo que es sin duda un paso importante.

-¿Cómo toman las críticas de que el 10% de recaptura es poco?

-Más allá de un porcentaje de captura, la discusión debe centrarse en entender y cuantificar los eventuales impactos que puede generar un escape, ya que actualmente no existe información científica que sustente las tesis sobre los efectos que producen estos eventos en el medio marino. Debemos tener más estudios que entreguen un sustento serio y responsable a todas las acciones que se llevan a cabo. Asimismo, el foco tiene que estar en la prevención, y el marco normativo debe apuntar en esa línea.

-¿Se debieran considerar exigencias mayores a la hora de construir centros?

-Lo primero es entender que estos eventos son accidentales debido, entre otros aspectos, a factores climáticos o generados por la acción de terceros, como es el caso del robo en centros de cultivo. En cualquier situación, las empresas son las más interesadas en tomar todas las medidas preventivas para evitarlos. Actualmente, los centros de cultivo se diseñan y construyen con los mejores estándares y en base a memorias de cálculo acuciosas que miden corrientes, vientos y condiciones de energía de la zona donde se emplazan. Es decir, el diseño se realiza con información real que cuenta con mediciones, datos del SHOA (Servido Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada) y de otros organismos. Lo importante es avanzar en la construcción de un criterio común que permita contar con una correcta fiscalización para tomar acciones preventivas y, en caso de que ocurran incidentes, se apliquen los procedimientos correspondientes.

-¿Creen que se hace necesario abordar nuevos criterios o un perfeccionamiento a la normativa que se crea tras el virus ISA?

-La regulación de ISA ha resultado ser muy eficiente, ya que ha permitido que la industria se adapte a la convivencia con este virus y que Chile sea un ejemplo reconocido por su programa de control. Lo anterior, a través de un monitoreo permanente y la adopción de estrictas acciones en caso de detección. Hoy, el ISA prácticamente no es un problema, porque existen medidas eficientes de control ante algún brote, demostrando que el sistema opera correctamente, independiente de que siempre es posible revisar y mejorar.

EVOLUCIÓN

Cristóbal de La Maza es el superintendente de Medio Ambiente y quien describe cómo se aborda la normativa en el sector. La autoridad expone que las empresas tienen obligaciones que corresponden al reglamento ambiental de la acuicultura y de las propias resoluciones de calificación ambiental que abordan los principales impactos que tiene actividad y que siempre se requiere perfeccionar.

“Hay una evolución en la industria del salmón, en que este tipo de eventos ha detonado en mejoras sustantivas y sistemáticas en los niveles de protección”, sostiene, al tiempo que compara este escenario con el que ocurrió tras el virus ISA (entre los años 2008 y 2010), dado que le permitió al sector subir el estándar de sus operaciones.

Subraya que en este momento la regulación obliga a que estas instalaciones presenten las condiciones de seguridad óptimas, desde el punto de vista oceanográfico y climático. En cuanto a la fiscalización, reconoce que es la parte más compleja, por cuanto estas instalaciones se ubican en “áreas remotas y por eso nosotros estamos migrando cada vez más al uso de mecanismos de fiscalización remota, a través del uso de la tecnología”. Es así como cuenta que están realizando un seguimiento profundo de todos los centros de engorda del país mediante imágenes satelitales, con las cuales están rastreando que se encuentren en el área de concesión a la cual corresponden.

Otro aspecto que plantea es que publicarán pronto nuevas herramientas de fiscalización, las que están desarrollando junto a los otros servicios involucrados en esta área, como Sernapesca y la Autoridad Marítima. “Esperamos ir incorporando un nuevo ecosistema de cumplimiento en que finalmente la vigilancia de la autoridad sea mucho más intensa; pero que también permita destacar a la parte del sector que cumple la normativa a cabalidad, lo que ayudaría también desde el punto de vista de la transparencia y de la confianza pública”, manifiesta.

De La Maza explica cuáles son los aspectos que preocupan del sector, tales como la sobreproducción, que tiene un impacto sobre todo en el fondo marino y cuyo incumplimiento motiva altas sanciones.

En segundo lugar ubica a los residuos (asociados a todo el borde costero) y donde, describe, existe una gestión “bastante interesante entre el titular y la autoridad en cuanto a la gestión de esta materia”.

“También incorporamos la mortalidad masiva que pudiera ocurrir; el tema de los escapes y yo agregaría el posicionamiento que genera impacto fuera de la zona autorizada. Son cinco dimensiones que tienen distintos niveles de impacto”, afirma.

Es el panorama actual de una industria que, a pesar de ser considerado como el motor de la economía de esta región, debe estar en constante perfeccionamiento de sus procesos, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, lo que constituye uno de sus grandes desafíos de cara al futuro.