El panorama que no cambia: Quintero y Puchuncaví a dos años de las intoxicaciones masivas

Foto: Archivo Terram.

Opinión de Hernán Ramírez, investigador de Fundación Terram, sobre la negligente situación de la Bahía de Quintero. Fuente: El Mostrador, 20 de agosto de 2020.


Este viernes 21 de agosto se cumplen dos años del inicio de las intoxicaciones masivas de Quintero y Puchuncaví, frente a lo que es pertinente dar una mirada al desempeño de las instituciones involucradas en la política pública ambiental de la Bahía de Quintero, en su deber de evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse.

Las intoxicaciones sucedieron entre los meses de agosto a octubre 2018, con más de 1.600 atenciones en los servicios de urgencia por síntomas como náuseas, cefaleas, mareos, pérdida de sensibilidad en las extremidades e inconciencia.

Hernán Ramírez

Los más afectados resultaron ser los menores de edad que habitan a una corta distancia del Complejo Industrial Ventanas y que están expuestos a altas concentraciones de contaminantes respirables como arsénico, material particulado, dióxido de azufre o compuestos orgánicos volátiles, los que son emitidos a la atmósfera principalmente por la fundición de cobre de Codelco, las termoeléctricas a carbón de AES Gener, el terminal de petróleos de ENAP, y por las actividades portuarias e industriales ligadas a estas.

A modo de recuento

En el año 2015 la zona fue declarada saturada por material particulado, gatillando con ello la elaboración de un plan de prevención y descontaminación que más tarde sería declarado ilegal por la Contraloría General de la República, pues este no cumplía con el objetivo de descontaminar. La autoridad, entonces, se vio obligada a elaborar un nuevo plan de prevención y descontaminación, el cual comenzó a operar en marzo del 2019.

Entre los años 2014 y 2016 ocurrieron tres derrames de hidrocarburos y más de cien varamientos de carbón en la Bahía de Quintero, a lo que se suman las reiteradas intoxicaciones de niñas y niños por contaminantes respirables que se han sucedido en la última década en Quintero y Puchuncaví, producto de emisiones industriales cuyo origen casi siempre es desconocido, registrándose durante el primer semestre del 2018 a lo menos tres episodios de intoxicaciones de niños en localidades de Puchuncaví, lo cual sin dudas resulta preocupante.

El 21 de agosto del 2018 fueron atendidos en los servicios de urgencia más de 58 niños con síntomas de mareo, vómito, náuseas y pérdida de sensibilidad en extremidades, situación que se repetiría en los días posteriores. El 22 de agosto la autoridad ambiental trasladó un equipo portátil de medición de contaminantes respirables a la zona, con el fin de identificar los tóxicos responsables, informando la detección de metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, lo cual posteriormente fue desmentido por la Subsecretaría de Salud, señalando que los valores medidos carecían de validez por problemas de calibración del equipo, no realizando mediciones paralelas, motivo por el cual difícilmente sabremos el o los contaminantes y la o las actividades industriales que emitieron estos compuestos.

El problema central de esto es que en Chile no existe normativa ambiental para compuestos orgánicos volátiles, por tanto, al no haber mediciones permanentes es imposible tener un registro de estos compuestos en el aire y el grado de toxicidad que representan para la población local.

El fallo de las instituciones

Es importante destacar que el Ministerio del Medio Ambiente presenta un enorme retraso en los procesos de dictación y actualización de normas. De hecho, no ha cumplido con los plazos legales para revisión de normas para contaminantes respirables aplicable en la zona, como son los casos de la norma de emisión de termoeléctricas, la de funciones de cobre o la norma primaria para material particulado MP2,5, entre otras. Además, existen procesos de actualización de normas que se extienden mucho más allá de lo razonable, como el caso de la norma primaria para material particulado MP10 y la norma de emisión de Riles. Todo esto da cuenta de la poca preocupación y/o capacidad del Ministerio del Medio Ambiente por garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Durante el periodo de las intoxicaciones y con posterioridad a ellas, la señalada superintendencia inició varios procesos sancionatorios, sin embargo, ninguno de ellos ha sido concluyente respecto a las emisiones que causaron las intoxicaciones masivas.

Por su parte, luego de 32 días de iniciada las intoxicaciones, recién el Ministerio de Salud decretó la Alerta Sanitaria para Quintero y Puchuncaví (D.S. 83/2018), estableciendo facultades para prohibir el funcionamiento de industrias o disminuir sus emisiones contaminantes durante periodos de mala ventilación. Para ello, el 2 de octubre de 2018 se implementó un sistema de predicción meteorológica para esas situaciones, no obstante, desde su implementación, y hasta el 31 de diciembre de ese año, hubo advertencia de mala ventilación a lo menos durante 120 horas y, sin embargo, dos termoeléctricas de AES Gener no disminuyeron sus emisiones.

En febrero del 2019, y a seis meses de iniciadas las intoxicaciones, la Corte de Apelaciones de Valparaíso decidió rechazar los 12 recursos de protección interpuestos en representación de los habitantes de la zona. Sin embargo, tres meses más tarde la Corte Suprema acogió estos recursos, estableciendo responsabilidades de los servicios públicos en su actuar frente a las intoxicaciones.

En el fallo, la Corte Suprema estableció 15 medidas a implementar por las autoridades, las que hasta la fecha se han cumplido solo parcialmente. Lamentablemente, aunque el fallo del máximo tribunal contempló medidas respecto a nuevos episodios de contaminación, estas no van en el sentido de restringir o paralizar las industrias: en vez del cierre de las empresas contaminantes se dispone el cierre de los establecimientos escolares y el traslado masivo de niños y personas vulnerables a zonas con aire más limpio.

También la Cámara de Diputados creó una comisión investigadora, la cual en sus conclusiones señaló: “Debido a las deficiencias normativas, institucionales y de infraestructura, parece ser imposible detectar con exactitud qué compuesto está contaminando y de qué empresa proviene (…). A esto se le debe sumar que la institucionalidad ambiental vigente hace difícil establecer una relación de causalidad entre los efectos de la contaminación y los responsables de esta (…). Sin embargo, a pesar de las debilidades institucionales, la Comisión adquiere la convicción que la responsabilidad por la contaminación de la zona de Quintero Puchuncaví, encuentra su causa directa en las emisiones de las empresas”. Desde Fundación Terram consideramos que sería conveniente que la Cámara, en su rol fiscalizador, hiciera un seguimiento de las medidas establecidas en el fallo de la Suprema y de las recomendaciones propuesta en su informe del 2018.

Por su parte, el Presidente Sebastián Piñera, en su alocución en la asamblea General de Naciones Unidas del 27 septiembre del 2018, recordó su compromiso para que dejen de existir zonas de sacrificio en Chile, ratificando su voluntad de cambiar la historia de esas dos localidades y de muchas otras, de forma tal de poner en marcha un plan para superar la situación de emergencia y proteger la salud de sus habitantes, pero también hacerse cargo de una implementar una solución definitiva para los habitantes del lugar. Sin embargo, tras dos años de ocurrida la contaminación masiva, este Gobierno, al igual que los que le antecedieron, no ha tomado medidas efectivas para atender la dramática situación de los habitantes de esta zona.

Después de esta sucinta revisión del actuar de las instituciones a dos años de las intoxicaciones masivas, no queda más que concluir que la negligente situación de la Bahía de Quintero sigue siendo una realidad de la zona, no existiendo una auténtica voluntad de la autoridad por solucionar los problemas del lugar, como tampoco hay garantías de que episodios de intoxicaciones masivas no vuelvan a repetirse en la zona. Las falencias en materia de dictación y fiscalización de la normativa ambiental en nada ayudan a componer las confianzas rotas de la comunidad con las instituciones sanitaria y ambiental, las que claramente han abandonado su deber de velar por el derecho a la vida, la salud, la integridad física y psíquica y el derecho a vivir en un medio ambiente seguro y libre de contaminación.

1 Comentario

  1. Maria Ines Ramirez dice:

    ¿y ¿no se puede hacer nada para lograr el cierre de las empresas contaminantes? ¿Que dice Carolina Schmidt?