Conservacionistas critican decisión del gobierno de no firmar el Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, busca el reforzamiento mutuo entre los países para el empoderamiento climático. De un total de 33 países 22 han firmado el acuerdo, entre los cuales no está Chile, 8 lo han ratificado y se precisan 11 ratificaciones para su entrada en vigor.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, el desafío del tratado es mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales acordados en Paris 2015.

La Cepal afirma que la participación pública y el acceso a la información y al conocimiento son esenciales para elaborar y aplicar políticas climáticas efectivas. El Acuerdo de Escazú según el organismo constituye una herramienta sin precedentes para catalizar la acción y gobernanza climáticas en América Latina y el Caribe.

A pesar de este propósito, este lunes el Ejecutivo informó que no firmará el acuerdo por las siguientes razones: “Introduce una serie de principios no definidos que condicionarían nuestra legislación ambiental (…) Implica cambios en nuestra legislación generando incertidumbre jurídica (…) Introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento”, según un documento al que tuvo acceso La Tercera.

Matías Asun, director nacional de Greenpeace, afirma que “con la intervención en el Congreso del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, y de la Ministra de Medio Ambiente, Claudia Schmidt, en donde han intentado explicar las razones por las que Chile no firmará el acuerdo de Escazú, se confirma que el gobierno del Presidente Piñera ha engañado al país haciéndonos creer que los temas medio ambientales están en el centro de su agenda. No es así y hoy (22 de septiembre) ha quedado ratificado con la intervención del Canciller”.

Agrega que “el gobierno promovió y lideró el acuerdo de Escazú que hoy decide no firmar, el gobierno expuso el acuerdo de Escazú como argumento para conseguir la sede de la COP25. Bueno, resulta que todo fue un engaño. Una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera. Sentimos la decepción de quien ha sido engañado por largo tiempo”.

Flavia Liberona, directora ejecutiva Fundación Terram, cree que es lamentable que el gobierno, después de dos años en que se abrió la firma del Acuerdo de Escazú, recién haya entregado las razones por las que decide no suscribir el acuerdo. La conservacionista afirma que esto genera molestia y tensión, pues se demoraron 24 meses en hacer el análisis de un acuerdo del que Chile fue parte de su elaboración, e incluso la lideró durante muchos años. Afirma que en este sentido no se entiende la respuesta del gobierno.

“Evidentemente el tratado es abierto, flexible, como todos los tratados internacionales, y cada país lo implementa de acuerdo a sus posibilidades, pero establece una progresividad y en ese sentido es extremadamente importante, pues es el primer tratado en materia de ambiental y derechos humanos que une a los países de Latinoamerica y El Caribe”, dice Flavia Liberona.

Añade que “hoy el cambio climático es uno de los problemas fundamentales que enfrenta la especie humana, y no avanzar en materias ambientales parece absolutamente inconsistente, y la respuesta del gobierno va en ese sentido. No querer avanzar en temáticas ambientales, resguardando los derechos de las personas, el acceso a la información y el medioambiente: esa es la respuesta del gobierno. Es lamentable”.

Respecto a una mayor judicialización de los proyectos, la directora ejecutiva de Terram aclara que “realmente es no tener claro el sentido del acuerdo, ni querer ir en busca de una mejor legislación ambiental y mejores formas en que los habitantes del país accedan a información ambiental, participen, opinen y que se tomen mejores decisiones para el país, el medio ambiente y las personas, y no para unos pocos como los grandes consorcios empresariales”.