Grupo transversal de profesionales plantea al Gobierno y a la oposición ley corta para agilizar la tramitación de proyectos de inversión

Agilizar una cartera de 138 proyectos productivos, cuyo inicio de construcción y/o operación está previsto para lo que queda de este año y 2021 —y que en conjunto involucran una inversión de US$ 24.500 millones—, es parte de la propuesta del Gobierno para impulsar la reactivación de la economía, que ha sido fuertemente impactada por la pandemia. Sin embargo, en el sector privado piensan que esto no pasará de ser una intención, en la medida en que no se avance con iniciativas concretas que permitan acelerar, entre otras cosas, la tramitación ambiental y de los permisos sectoriales, que son condición para la materialización de los proyectos de inversión.

Un grupo transversal de profesionales le planteó al Gobierno y a la oposición una iniciativa de ley corta que modifique tres aspectos de la normativa ambiental para permitir, entre otras cosas, una reducción efectiva del plazo de evaluación de las iniciativas de inversión.

‘Es claro que una parte importante de la crisis económica se superará si aumentan rápidamente los niveles de inversión en el país, contribuyendo simultáneamente al crecimiento de la economía y a disminuir el desempleo con sus indeseables efectos sociales. Dado que en la mayoría de los casos la inversión requiere de permisos ambientales y sectoriales para poder materializarse, es crucial que la legislación ambiental también aporte para que el Gobierno y las empresas puedan otorgar y obtener, respectivamente, esos permisos en forma más expedita’, explica Jaime Solari, presidente ejecutivo de SGA, una de las principales consultoras que elaboran la documentación de los proyectos que se someten a evaluación ambiental.

Solari comenta que esta propuesta es respaldada por otros profesionales de la consultoría ambiental agrupados en la Asociación de Ingenieros Consultores, por colegios profesionales —como el Instituto de Ingenieros y el de Ingenieros de Minas—, y profesionales de empresas de los sectores energía y minería.

En concreto, el elemento principal de este planteamiento es que a través de esta modificación legal se extienda el alcance del artículo de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, que posibilita reducir a la mitad —de 180 a 90 días— el plazo de evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental de ‘proyectos o actividades que deben ser implementados de manera urgente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas’. La idea es ampliar esta norma a todos los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entre 2021 y 2023, ya sea por Estudio o por Declaración de Impacto Ambiental (EIA y DIA, respectivamente).

Un ejemplo de la aplicación de esta normativa, dice Solari, fue Aguas Andinas y la instalación de un sistema de estanques de reserva en Pirque, el que entró en operación a fines del año pasado y aumentó la autonomía para el abastecimiento de agua de la capital en casos de emergencia. En este proyecto se invocó el artículo 15 de la ley 19.300 y se logró que la evaluación se realizara en casi 90 días.

Esta propuesta de ley corta ya fue presentada al Servicio de Evaluación Ambiental y al Ministerio del Medio ambiente, donde —según comenta Solari— habría tenido una buena recepción, lo mismo que entre parlamentarios de oposición, como el senador Guido Girardi.

La propuesta también plantea la validación legal de los procesos de participación ciudadana en forma digital o a distancia, dándoles legitimidad a estos procesos.

‘Recientes experiencias indican que de esta forma se puede alcanzar una participación aun mayor de ciudadanos en estas actividades, logrando una mayor divulgación del proyecto y un mayor número de consultas’, asegura Jaime Solari, quien agrega que no tiene sentido, por ejemplo, detener la tramitación ambiental del EIA del proyecto del Puerto San Antonio por las restricciones sanitarias a actividades presenciales de la comunidad, cuando en esa comuna existe una altísima conectividad digital que asegura la participación de la gran mayoría de los vecinos en una actividad de presentación del proyecto vía digital.

De hecho, a causa de la pandemia se paralizó el 40% de los proyectos en trámite y en la actualidad, a medida que el desconfinamiento ha avanzado, se estima que cerca del 20% de los proyectos en evaluación sigue suspendido.

Permisos sectoriales con plataforma digital única

Una tercera propuesta es la habilitación de una plataforma digital para la tramitación de los permisos sectoriales —que son autorizaciones que se obtienen una vez que finaliza la evaluación ambiental—, tal como existe actualmente para la tramitación digital ambiental en el SEIA.

‘Obtener los permisos sectoriales es otra materia que demora las inversiones una vez que se ha obtenido el permiso ambiental del proyecto o actividad. La tramitación debe ser en una plataforma digital única, donde se puedan visualizar los requisitos para solicitar el permiso, hacer el seguimiento de su tramitación, y los plazos de tramitación estén claramente establecidos’, plantea el ejecutivo y añade que al igual que en el caso de la legislación ambiental sobre el SEIA, si el plazo para resolver sobre el permiso sectorial no se cumple por el servicio respectivo, el permiso deberá entenderse por aprobado.

El ejecutivo de SGA añade que ninguna de estas modificaciones a la Ley 19.300 desprotege el medio ambiente, debilita la participación ciudadana o significa pérdida de atribuciones de los servicios públicos responsables por la institucionalidad ambiental y sectorial, ya que un cuarto elemento que considera la propuesta es dotar a estas instituciones de mayores recursos para reforzarlas y contar con profesionales internos y externos para cumplir con revisiones exigentes en plazos más acotados y poder llegar a comunidades pobres en recursos digitales para que puedan hacer efectivos sus derechos a la participación ciudadana.