Chile es el único que ha anunciado públicamente su rechazo al acuerdo. ¿La razón? un artículo que, aseguran, amenaza la soberanía nacional. Fuente: The Clinic, 10 de septiembre de 2020.
¿Por qué Chile no lo firma? Cuatro preguntas clave sobre el Acuerdo de Escazú
¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ?
Su nombre completo es “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.
El documento consta de 24 artículos que tienen como eje principal garantizar tres derechos en materia medioambiental:
1. Acceso a la información.
2. Participación en la toma de decisiones.
3. Acceso a la justicia.
Estos tres derechos forman parte del principio 10 que se acordó en la primera Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro el año 1992, que establece que:
“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.
¿QUIÉNES LO REDACTARON?
El Acuerdo de Escazú comenzó sus tratativas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) el año 2012, donde se estableció la hoja de ruta para avanzar en garantizar los tres derechos antes mencionados.
Tras una serie de reuniones preparatorias entre 2012 y 2014, finalmente emanó un primer documento bautizado como “La Decisión de Santiago”, donde se creó un comité de negociación conformado por 24 países, incluido Chile, que llegó a ser copresidente de su mesa directiva.
Durante nueve reuniones, se trabajó sobre un documento preliminar que redactó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo dependiente de la ONU. De este modo, se fueron incorporando propuestas de los países durante nueve reuniones.
El documento final se adoptó el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y cuenta con la venia del propio secretario general de la ONU, António Guterres.
¿QUIÉNES LO FIRMAN Y QUIÉNES NO?
Actualmente, el Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 22 países, de los 33 que forman parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). De ellos, nueve ya lo han ratificado en sus respectivos Congresos (se necesitan 11 para que el acuerdo entre en vigencia).
De Sudamérica, firmaron Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Paraguay; y ratificaron Guyana, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Sólo Chile, Venezuela y Surinam están fuera del acuerdo.
De Centroamérica, firmaron Costa Rica, Guatemala y México; ratificaron Nicaragua y Panamá; y se mantuvieron al margen Belice, El Salvador y Honduras.
Finalmente, del Caribe firmaron Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana y Santa Lucía; ratificaron Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, y Saint Kitts y Nevis. Fuera del acuerdo quedaron Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica y San Cristóbal y Nieves.
¿POR QUÉ CHILE LO RECHAZA?
Chile es el único país de los 33 miembros de la Celac que anunció públicamente que no firmará el Acuerdo de Escazú, pese a que durante las reuniones preparativas había asumido el liderazgo del proceso.
El Gobierno hasta ahora entrega dos argumentos para no adherir. El primero de ellos apunta a que buena parte de los lineamientos del convenio ya estarían incorporados en la legislación ambiental chilena. “No agrega nada”, llegó a decir el Presidente Piñera en septiembre del 2019.
Por otro lado, también han esbozado que su ratificación podría suponer una amenaza a la soberanía nacional. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que el convenio “incrementa la incertidumbre jurídica, dando la preferencia a Bolivia como país sin costa, en todas las disyuntivas internacionales donde Chile tiene conflictos ambientales pendientes con ese país, como el del río Silala”.
La secretaria de Estado hace referencia al artículo 11 del acuerdo, que señala que los países que adhieren “prestarán especial consideración a los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de América Latina y el Caribe”.
Además, en el artículo 19 se recomienda como fórmula resolver diferencias entre los países a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Recientemente el canciller Andrés Allamand reafirmó la posición de Chile ante el Acuerdo de Escazú: “El acuerdo, en opinión del Gobierno y como está planteado, es inconveniente para Chile. Esa es la razón por la que hasta ahora no se ha suscrito”.