Escazú: un tratado desconocido que se vuelve demanda social
Opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, sobre la decisión del Gobierno de no firmar el Acuerdo de Escazú. Fuente: La Mirada Semanal, 1 de octubre de 2020.
Después de casi dos años que se abriera para la firma el Acuerdo de Escazú, el pasado 22 de septiembre, el gobierno de Sebastián Piñera dio a conocer un breve informe que contiene los argumentos con que la actual administración respalda su posición de no suscribir dicho tratado por considerarlo inconveniente para el país. Esta formalización de la postura de la actual administración desató un vendaval de críticas, de forma y fondo, ya que resulta, al menos, poco serio que después de tanto tiempo recién se conozcan los vagos argumentos que La Moneda esgrime para no suscribir el acuerdo. Más, sabiendo que en 2018 fue el propio presidente Piñera junto a su par de Costa Rica quienes hicieron un llamado a los países de la región a suscribir este relevante convenio que aborda temas como el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
El texto difundido por el gobierno hace unos días carece de autoría, pues solo está suscrito por los ministerios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, no identificando autor o responsable. Pero más allá de la forma, lo cierto es que con este anuncio el gobierno transparenta su posición, dejando claro que no tienen interés ni intención de que Chile avance en temas de transparencia de la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones en el trascendente ámbito, así como en la protección de los defensores del medio ambiente.
La declaración pública de esta decisión solo viene a confirmar lo que ya sabíamos, que la actual administración está más comprometida con una agenda pro–inversión que beneficie a grandes sectores empresariales, en desmedro de las comunidades locales y la solución de problemas que afectan a los habitantes de distintas zonas del país. De hecho, durante este periodo de gobierno, incluso antes del inicio de la pandemia, han existido varias iniciativas legislativas propuestas por el ejecutivo cuyo propósito es flexibilizar las regulaciones ambientales vigentes, como el proyecto de ley denominado Agenda Pro – Inversión (boletín N° 11.747-03), que fue modificado en su tramitación legislativa por los parlamentarios. Sin embargo, luego de ser aprobado por ambas cámaras, al presidente Piñera no le gustó el resultado por lo cual decidió poner un veto supresivo a un artículo de contenido ambiental.
En la misma línea, durante esta administración se presentaron dos iniciativas legales para modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo contenido fue duramente criticado y, en consecuencia, dejaron de ser tramitadas. A esto podemos sumar el rol que cumple la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que tiene como propósito promover la inversión privada. De hecho, en la página web de ella se consignan más de 220 proyectos priorizados, es decir apoyados por este gobierno independientemente de si ellos cuentan o no con permiso ambiental, emplazándose en zonas altamente contaminadas o presentando conflictos con comunidades locales.
Así podemos seguir exponiendo ejemplos del actuar deficiente del gobierno en materia ambiental y de derechos humanos, como ocurre con las Zonas de Sacrificio. Más allá de las palabras de buena crianza expuestas por la Ministra de Medio Ambiente y el propio presidente Piñera ante la Asamblea de Naciones Unidas, lo cierto es que poco o nada ha cambiado en la bahía para los habitantes de las zonas.
La postura del gobierno ante el Tratado de Escazú, lejos de zanjar la discusión sobre el tema, abre nuevos flancos, y uno de ellos es a nivel internacional, pues no se puede pretender ejercer como país un rol de liderazgo en las negociaciones climáticas y por otra parte no avanzar en justicia ambiental, transparencia en el acceso a la información, participación pública y sobre todo en derechos humanos.
Lo anterior, contradice lo establecido en el Acuerdo de Paris, cuyo preámbulo señala “reconociendo que el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al adoptar medidas para hacerle frente, las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional (…) afirmando la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación del público, el acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles en los asuntos de que trata el presente Acuerdo”.
Es decir, el Acuerdo de Escazú está en completa sintonía con el Acuerdo de Paris y negarse a suscribirlo más allá de lo bochornoso de la situación, evidencia que no existe un real interés en avanzar con medidas de fondo y que la política ambiental de este gobierno se basa en meras palabras de compromisos negadas en sus conductas efectivas. En fin, lo cierto es que el Acuerdo de Escazú, pasa de ser algo conocido sólo entre expertos para transformarse en una demanda social, que estará presente en los próximos procesos electorales del país.