‘SIN DUDA QUE ES COMPATIBLE LA MINERÍA CON LA PROTECCIÓN’
Desde la Sociedad Nacional de Minería se han opuesto desde un inicio al proyecto de ley, al que califican como ‘irresponsable’ y derechamente, de características ‘anti mineras’, ya que de aprobarse tal como ingresó, no se podría desarrollar la industria desde Copiapó al sur, afirman. El presidente del gremio, Diego Hernández, sostiene que se trataría de una situación muy complicada para el sector, que afectaría a las arcas fiscales y a los empleos, pero también para el Estado, ya que se tendría que compensar a aquellas empresas que no podrían seguir operando, como son Los Bronces (Anglo American), Caserones (Lumina Copper) y Los Pelambres (Antofagasta Minerals), que se suman a las divisiones Andina y El Teniente, de la estatal Codelco.

‘Es absurdo, si el proyecto sale con retroactividad hay que cerrar Chile e irse, sería una irresponsabilidad de los parlamentarios, por eso no creo que se apruebe de esa manera’, sostiene el líder gremial, que advierte que estos depósitos ya se encuentran protegidos por la ley, ya que se exige que si un proyecto tiene un efecto sobre un glaciar, debe contar con Estudio de Impacto Ambiental. ‘Sin duda que la minería es compatible con la protección de los glaciares, pero hay que analizar caso a caso, porque los glaciares son muy diversos a lo largo de Chile’, apunta Hernández.

Otro de los ejes de la postura del gremio tiene que ver con las definiciones que recoge la moción parlamentaria, en cuanto a la falta de detalle con que, señalan en la Sonami, el proyecto describe qué corresponde a un glaciar, al permafrost y al ambiente periglaciar. Según el también expresidente de Codelco, dicha ambigüedad podría generar aún más incertezas para los inversionistas. ‘Lo que va a suceder es que finalmente el Poder Judicial va a terminar definiendo qué es un glaciar, un ambiente periglaciar y el permafrost, porque el proyecto genera ambigüedades, lo que se verá reflejado en mayor judicialización e incremento en la incerteza jurídica, en el momento que se necesita lo contrario para fomentar las posibles inversiones que se podrían desarrollar en Chile en minería’. Por último, Hernández también reconoce las faltas que se han cometido en el pasado, con proyectos mineros que han afectado a este tipo de depósitos. ‘Sin duda que se han cometido errores, y a raíz de eso es que la legislación ha avanzado. Ni Andina 244 ni Pascua Lama se materializaron, ya que se trata de proyectos que se iniciaron con otra regulación’, asegura.

‘SI LA LEY NO ES CLARA, PUEDE SER MÁS PERNICIOSO QUE BENEFICIOSO’
Desde la academia también han seguido de cerca la discusión respecto del proyecto de ley que busca establecer la protección de los glaciares. Es en este contexto que el vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, James McPhee, apunta a que es fundamental que el Estado haga los máximos esfuerzos ‘por conocer sus recursos naturales, por comprenderlos y por preservar aquellos elementos de nuestro medio ambiente que son objeto de protección por el valor que tienen, ya sea intrínseco, cultural, ecológico, social’.

Dentro de estos elementos se incluyen los glaciares. El también experto en sustentabilidad de la gestión de los recursos hídricos sostiene que estos cuerpos —comúnmente compuestos de hielos, dependiendo de la situación de la cuenca de la que se habla, de la época del año y de la situación hidrológica— resultan claves para regular los flujos de agua en una cuenca hidrográfica, impidiendo que los ríos bajen muy dramáticamente su caudal.

Sin embargo, el académico advierte que más importante que la protección, es conocer lo que quiere resguardar. ‘Hay que tener muy claras las definiciones, porque el problema es que si no se tiene claro qué es lo que hay que proteger, puede terminar teniendo efectos imprevistos, y con una ley que no permita su aplicación, porque si resulta ser muy maximalista y establece áreas de protección donde hay actividades humanas desarrolladas históricamente, no se sabe qué pasa ahí y cómo se resuelve el tema’. McPhee ejemplifica que más allá de la minería, existen otras actividades que históricamente se han desarrollado en la cordillera, como el turismo, el transporte o proyectos de energía, por lo que señala que ‘los efectos en esas actividades, si la ley no es clara, pueden ser más perniciosos que beneficiosos’.

A nivel global, el experto apunta a que hay otros países en donde derechamente se han intervenido glaciares para desarrollar algunas actividades económicas, por lo que —a su juicio— la política más coherente es la definición de áreas protegidas, es decir, más allá del objeto, como es un glaciar, se debe avanzar en la protección de un ecosistema. Pero para eso, es clave que las definiciones técnicas sean nítidas, de lo contrario se pueden generar efectos indeseados. ‘Los glaciares debiesen ser protegidos apropiadamente, y toda actividad humana que se desarrolle en sus cercanías debe tomar eso en cuenta y someterse a la legislación vigente. Nadie puede ignorar la presencia de glaciares’, dice McPhee.