Ley de glaciares: Gobierno estima caída de 2,4% en el PIB y destrucción de 42 mil empleos

Foto: Pauta.

De prosperar, la polémica moción afectaría fuertemente a la industria minera, obligando a detener cinco grandes faenas. A nivel de producción, el impacto sería de entre 22% y 28% en la próxima década. Fuente: El Mercurio, 6 de octubre de 2020.


Para mañana miércoles, la comisión de Minería y Energía del Senado tiene en tabla la votación del proyecto de ley que busca instaurar la protección de glaciares. Esta iniciativa acumula casi un año sin movimientos y se reactivó luego de la polémica por la no suscripción del acuerdo de Escazú por parte del Gobierno. La moción parlamentaria, que se encuentra en su primer trámite constitucional, busca crear una protección específica para este tipo de depósitos, prohibiendo toda actividad económica en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost o suelo helado, algo inédito a nivel mundial, a excepción de Argentina.

Ante esta situación, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) emitió un nuevo informe, en el que se detallan los posibles efectos sobre la industria minera en caso de que prospere la ley. Su aprobación debiese ocurrir al menos en la comisión de Minería y Energía, donde el proyecto contaría con el apoyo de los senadores Guido Girardi (PPD) –que además es su creador–, Yasna Provoste (DC) y Álvaro Elizalde (PS). El documento elaborado por Cochilco destaca además que el proyecto cuenta con retroactividad, por lo que afectaría a faenas que ya están en operación y que no podrían continuar: se trata Caserones, Los Pelambres, Los Bronces, Andina y El Teniente, a lo que se suman 10 proyectos, y 21 faenas mineras de mediana y pequeña escala. En este escenario, Cochilco estima un fuerte impacto tanto en la industria como en la economía del país, ya que se trata de las principales faenas que operan en terreno local.

En cuanto a producción de cobre, se proyecta un descenso promedio de un 22% a 28% en un horizonte de 2021 a 2031, lo que significa una pérdida de 1.387 a 1.809 miles de toneladas de cobre fino. En tanto, la menor actividad golpearía fuertemente al PIB del país, en un 2,4%, lo que equivale a una pérdida de US$ 7.158 millones respecto de 2018. En esta línea, se prevé una disminución de un 24% de las exportaciones del sector minero. Pero de prosperar tal cual como dicta el proyecto original, también existirían impactos en la inversión, reduciendo la cartera de proyectos que se espera concretar para la próxima década. Así, subraya el informe, una pérdida de US$ 22 mil millones, equivalentes a un 30,2% de la cartera de inversiones actualizada a septiembre de 2020. En este catastro, las regiones que concentran una mayor afectación son Atacama (32%), O’Higgins (25%), Valparaíso (21%), Metropolitana (14%) y Coquimbo (8%).

Empleo

Una vez superada la pandemia, se espera que el sector minero sea uno de los impulsores en la creación de empleos; sin embargo, en el documento de Cochilco se advierte también de la importante pérdida de puestos de trabajo podría ocurrir. Esto, porque 42.109 empleos actuales se verían afectados en la industria minera, de un universo total de aproximadamente 210.000. La cifra representa una disminución de 20% del total respecto del año 2018, empleos concentrados en su mayoría en la gran minería. Por lo anterior, los sindicatos ya levantaron las alertas, apuntando a la afectación de sus socios. Desde la Federación de Supervisores de la Minería (Fesumin) apuntan a las restricciones que se buscan imponer.

‘Se observa con gran preocupación la ausencia en la discusión de esta moción parlamentaria, de un debate a través de una comisión, que delimite con precisión los alcances técnicos de esta ley, abordando también los aspectos sociales que permitan que Chile establezca una política estratégica respecto de la protección de sus glaciares y un desarrollo minero armónico y sostenible’, sostiene Miguel Fernández, presidente de Fesumin. Por su parte, desde la Federación de Trabajadores del Cobre manifiestan su preocupación ‘respecto de intereses particulares y conductas irresponsables de algunos actores políticos que legislaron de manera irresponsable y absolutista un proyecto que cuenta con serias debilidades y dificultades’.

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