Mauricio Oviedo, presidente del Primer Tribunal Ambiental: “El fallo de Pascua Lama es un hito porque cierra una etapa en la justicia ambiental”

Es la causa con más impacto mediático que resuelve hasta ahora el Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, pero además con jurisdicción en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo.

Es que el fallo que decretó la clausura total y definitiva del proyecto Pascua Lama, junto con mantener la multa por más de $7 mil millones impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), marcó una especie de hito dentro de la justicia ambiental por la envergadura del proyecto y años en tramitación.

El ministro presidente del Primer Tribunal Ambiental, Mauricio Oviedo, analizó este dictamen, pero también lo que significa el caso Dominga, cuyo fallo está en acuerdo y pronto será despachado, además de los avances en la comprensión de la justicia ambiental en una macrozona marcada por proyectos mineros de gran envergadura.

El reciente fallo sobre la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama, ¿marcó un hito dentro de la justicia ambientar? Es un hito, pero un hito desde el punto de vista de una transición. Uno podría encasillar a este proyecto entre la antigua institucionalidad ambiental y la actual legislación ambiental, que no tiene nada que ver con su antecesora. Incluso en un período de 10 años ha cambiado mucho, para ser más preciso del 2010, cuando viene la gran reforma. Han ocurrido muchos cambios. No sólo cosméticos, sino del punto de vista de la cultura de todos los actores en materia ambiental. Con esto quiero decir: comunidades, tribunales y la propia industria. Esto ha cambiado la mirada sobre la temática ambiental, que antes estaba allí dentro los procesos productivos como una arista más, pero ahora es el gran tema, que cruza decisiones de diverso orden, entre ellas, las inversiones industriales.

¿Este dictamen y otros del Primer Tribunal Ambiental están haciendo asimilar su labor a todo nivel?
Quiero retomar un poco la pregunta anterior. Es un hito porque cierra una etapa, una época. Hay que pensar que el proyecto Pascua Lama tenía una RSA del 2001 y las modificaciones al proyecto que fue el objeto de sanción ambiental por parte de la Superintendencia data del 2006. Estamos hablando de proyectos de inversión evaluados con otra lógica en el SEIA, muy distinta. Lo que es ahora el estándar para un proyecto de esas características a 4.500 metros de altura, con afectación de glaciares, me caben serias dudas si pasaría tan rápida su aprobación como Pascua Lama. Estamos en otro contexto, en otra época…

TRANSICIÓN

¿Cree entonces que hay otros estándares en el país para evaluar ambientalmente un proyecto?
Exactamente. Los estándares se elevaron un montón, tanto en el SEIA como en la fiscalización y en los tribunales ambientales, que son el último eslabón de esta mejora continua que hemos logrado como país. Obviamente aplicamos los estándares actuales, no aplicamos estándares de hace 20 años atrás. Los proyectos mineros antiguos traen esos estándares incorporados en su licencia ambiental. Por eso digo que Pascua Lama tiene esa doble característica: es un proyecto antiguo, fiscalizado en el inicio de la potestad de la SMA en el 2013 y san-donado el 2020 por una justicia ambiental moderna. Por eso digo que es una transición extraña, entre lo antiguo, y lo que es y debe ser hoy.

Otro fallo que también pronto deberá emitir el Primer Tribunal Ambiental es en el caso Dominga…

Es otro caso complejo, pero aquí voy a ser muy cuidadoso, no sólo porque la causa está en acuerdo, sino que también estoy inhabilitado. Yo ya me pronuncié en esa causa en el 2018 y luego hay que recordar que las partes fueron de recurso de casación a la Corte Suprema. La Suprema anuló nuestro fallo y de paso inhabilitó a los ministro que participamos en el fallo. Yo tengo una visión sobre ese proyecto y lo que yo diga no quiero que se interprete como que estoy prejuzgando. Lo que sí puedo decir es que el fallo está decidido, está en acuerdo, pero saldrá próximamente.

Pero tendrá una opinión en términos generales, sobre esta causa…

Dominga también es un mal ejemplo que como institucionalidad hemos fallado, porque en lo que respecta al primera fallo, lo que se dijo allí es que habían anomalías de procedimientos en sus evaluaciones. Dicho en simple: el SEA regional dijo una cosa, pero el órgano regional que es la comisión dijo otra y luego frente a la reclamación administrativa el Consejo de Ministros dijo otra. Dominga es un ejemplo de lo mal que estaba la institucionalidad ambiental. Por Dominga, creo no equivocarme, es que el Ejecutivo se decidió a cambiar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y eliminar por ejemplo al Consejo de Ministros, que es una instancia 100% política, sin características técnicas, como si lo tiene el SEA hasta el informe consolidado de evaluación. Estos proyectos han sido polémicos, han hecho crujir al sistema, pero sacamos lecciones. Con Pascua Lama la lección No 1 es que proyectos con bajos estándares no pueden sino ajustarse a lo aprobado. Un proyecto como Pascua Lama, con bajo estándar de evaluación, y más encima el titular del proyecto lo incumple. Tenemos un proyecto malo y ejecutado de la peor manera.

CORTE SUPREMA

El dictamen que devolvió la Corte Suprema al Primer Tribunal Ambiental para que falle en el fondo del caso Dominga, ¿qué significa?
Nosotros estimamos los vicios procedimentales que había incurrido el Consejo de Ministros como la comisión de evaluación al rechazar este proyecto, sin muchos fundamentos. Sin embargo, la Corte Suprema estimó que estos vicios no eran de una cuantía o magnitud relevante para retrotraer el procedimiento. Como estimamos que eso era relevante, y no nos permitía seguir avanzando en el fondo de la causa, por su magnitud, llegamos hasta allí. Pero la Corte Suprema no compartió esa opinión y nos ordenó derechamente: ahora vayan al fondo del caso, que significa redactar el fallo con la idoneidad del proyecto, pero con su aspecto más cuestionable, que es la línea de base medio marino. Entiendo que eso sería la discusión central del proyecto.
La jurisdicción del Primer Tribunal Ambiental abarca el Norte Grande donde están en desarrollo proyectos mineros de envergadura.

¿Cómo las empresas han ido asimilando su labor y el tema leyes ambientales? De lo que he visto después de tres años de funcionamiento del tribunal, uno puede sacar una fotografía. Antes de 2017 las causas de la zona norte eran vistas y resueltas por el Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago. Entonces el tener un tribunal en el territorio, instalado en un punto centro entre Arica y Coquimbo, que sería Antofagasta, de por sí es un ventaja. Nosotros analizamos los proyectos en el territorio, nos permite desplegarnos en el territorio, y muchas veces vamos a faenas, lo que aporta mucho a la resolución de la controversia. Entonces uno va viendo que la industria minera, al tener una justicia y superintendencia presentes en la zona, va entendiendo de a poco sobre el rol y el estándar mínimo exigible a sus proyectos.

Además, lo hemos percibido, sobre todo en cómo se plantean las empresas en los juicios ambientales, ya que vemos un compromiso y compresión que la industria minera debe ir de la mano de un alto cumplimiento a los estándares ambientales. No he escuchado o leído que la legislación ambiental entorpece a la industria. Veo lo contrario, efectivamente, la industria está consciente y quiere internalizar estos conceptos.