Dictamen de la Contraloría excluye la pesca industrial del Parque Marino Islas Diego Ramírez – Paso Drake

La determinación consolida el rol de los parques marinos en la conservación de los océanos.


La Contraloría General de la República prohibió las actividades extractivas en el Parque Marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake, en una resolución entregada luego de que la Federación Gremial de Industrias Pesqueras solicitara continuar la extracción pesquera que estaban autorizados a hacer en el área, antes de que esta fuera designada como parque marino.

El grupo de trabajo Patagonia Mar y Tierra – organizaciones de la sociedad civil que buscan mejorar la conservación de la Patagonia chilena-  celebró la decisión tomada por la entidad, destacando que no solo prohíbe las actividades extractivas, sino que además pone sobre la mesa objetivos y principios de conservación, al enfatizar el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, la aplicación del enfoque precautorio – capacidad de detener una actividad que posiblemente impacte al medio, sin necesidad de requerir la certeza científica-, el enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos.

Con este pronunciamiento se fortalece a los parques marinos como una de las figuras de mayor protección que dispone actualmente la legislación. “Esta resolución plantea que estas áreas protegidas pueden establecerse incluso en áreas de pesca independientemente del régimen de acceso a que se encuentren sometidas. Esta figura no permite actividades extractivas, a modo de conservar áreas de importancia para la biodiversidad como las Islas Diego Ramírez y el Paso Drake, zona que se caracteriza por su alta productividad biológica, por una gran riqueza y abundancia de especies endémicas y de importancia global, generando además un efecto de rebalse o “spillover”, que mantendrían o aumentarían el rendimiento de las pesquerías adyacentes”, comentó Eduardo Barros, integrante del grupo de trabajo.

Por su parte Máximo Frangópulos, investigador de la Universidad de Magallanes, aportó que «el dictamen de la Contraloría consolida el parque para la protección de los objetos de conservación como los albatros, pingüinos, mamíferos marinos y bosques de kelp. El parque es un sitio único especialmente para reproducción de las aves marinas debido a que no existen especies exóticas invasoras, como sí ocurre en otras islas subantárticas.  Este un valor que permite que Chile cumpla con obligaciones contraídas en diversos convenios internacionales de protección de la biodiversidad”.

A juicio del grupo, el razonamiento de la Contraloría cobra especial importancia dada la actual discusión constitucional y la protección de la biodiversidad como un bien público, al desestimar “como una situación jurídica consolidada las autorizaciones otorgadas al sector de pesca industrial”, las cuales, recuerda el organismo público, “refieren a límites de tonelaje a extraer de una pesquería en áreas de pesca aprobadas, sin fijarse, dentro de estas últimas, lugares definidos y específicos en los cuales el titular de las mismas trate de efectuar las capturas permitidas”. Es decir, una cosa es disponer de autorizaciones, permisos o licencias y la otra es pretender ejercer derechos sobre área marinas, aspirando extender en dichas áreas un derecho privado sobre los bienes públicos.

Para revisar la resolución de la Contraloría General de la República, haz clic aquí.

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