Las deudas que subsisten diez años después de la creación de la primera área oceánica protegida en Chile

A la fecha, ninguna cuenta con planes de administración o manejo, pero se espera que a fines de año se publique el del parque marino Nazca-Desventuradas. Desde la formación de esta figura, la sobrepesca se ha reducido, pero la fiscalización in situ implica una gran inversión y su presupuesto ha disminuido, advierten los expertos. Fuente: El Mercurio, 12 de noviembre de 2020.


El próximo miércoles se cumplirán 10 años desde la creación del primer gran parque marino oceánico de Chile, el Motu Motiro Hiva, en la zona de las cordilleras marinas de Salas y Gómez y de Nazca, en el Pacífico Sur. Con su materialización inmediatamente se dio protección a 4% del territorio marítimo chileno.

La cifra siguió aumentando con el parque marino Nazca-Desventuradas en 2016, el área marina costera protegida de múltiples usos (AMCP-MU) de Rapa Nui, el parque marino y AMCP-MU de Juan Fernández en 2018, y el parque marino Islas Diego Ramírez-Paso Drake en 2019.

‘En los últimos años y siguiendo la tendencia mundial, Chile ha avanzado en establecer áreas marinas protegidas teniendo hoy 43,2% de su superficie marina bajo algún tipo de figura de protección. Esto lo convierte en uno de los cinco países del mundo con mayor protección de estos ecosistemas’, destaca Sonia Español, líder del área de investigación de Océanos y Ecosistemas Marinos de Fundación Meri.

No obstante, reconoce que no es suficiente con la declaración de área protegida, sino que también hay que avanzar en lo normativo para que estas áreas tengan directrices que permitan una gestión efectiva y de calidad. Español agrega que si no cuentan con financiamiento e instrumentos de gestión que velen por cumplir objetivos, como la protección de especies o el control efectivo de la pesca ilegal, corren el riesgo de convertirse en designaciones de papel.

En el Gobierno están conscientes de que a una década del comienzo de la creación de estas grandes áreas oceánicas, ninguna cuenta con planes de administración o de manejo. Por eso la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dice que tanto su cartera como la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca se han fijado como ‘tarea prioritaria avanzar hacia la gestión efectiva’ de todos los parques y reservas marinas. En el caso de las AMCP-MU, ‘una de nuestras metas es contar al 2022 con planes de manejo para todas ellas’, dice.

Diálogo con la comunidad

Al mismo tiempo trabajan en actualizar el reglamento de parques y reservas marinas. Además, con apoyo de WWF Chile, han avanzado en elaborar estrategias de gestión y administración que involucran a la comunidad, los servicios públicos, las ONG y los científicos. ‘Lo que proyectamos es que todos estos instrumentos sean finalizados y aprobados durante el año 2021’, destaca Schmidt.

Carlos Gaymer, oceanógrafo de la U. Católica del Norte, reconoce que el aumento de creación de áreas protegidas marinas de gran escala, no solo en Chile sino que a nivel mundial, es muy reciente y por lo tanto están en pleno desarrollo sus planes de administración. De hecho, explica que la mayor de todas, Papahânaumokuâkea, en EE.UU., demoró unos 12 años (desde su creación en 2006) hasta contar con un plan de administración.

Gaymer lidera el Núcleo Milenio de Ecología y Manejo Sustentable de Islas Oceánicas, que asesora al ministerio en la elaboración preliminar de estos instrumentos. ‘Lo que hacemos es entregar una propuesta de plan y el Estado después elabora un documento que somete a consulta pública’, detalla.

La tarea no ha sido sencilla ya que requiere de actividad en terreno y mucho diálogo con la comunidad.

Por ejemplo, en los casos del AMCP-MU de Rapa Nui y el parque marino Motu Motiro Hiva se tuvo que llegar a un consenso sobre la protección de áreas sin afectar la pescalocal. La comunidad isleña quiere además que la Armada haga al menos 10 viajes de fiscalización al año para que monitoree in situ la actividad pesquera ilegal.

En Juan Fernández, en tanto, están en la mitad del proceso de generación del plan. Se estaban haciendo las primeras actividades, como la identificación de las especies y ecosistemas prioritarios para conservar, pero con la pandemia el trabajo se detuvo ya que por las restricciones de viaje no han podido viajar a terreno.

En el caso de Nazca-Desventuradas, en cambio, Gaymer destaca que el plan ya está elaborado y el decreto va a ser publicado probablemente a fin de año, porque ya pasó todo el proceso de consulta pública y evaluación ambiental.

‘Todas estas áreas marinas se protegieron porque hay una fuerte sobrepesca a nivel nacional, especialmente por el tema del jurel y la albacora’, explica Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana Chile.

Afirma que hoy están lejos de ser parques ‘de papel’. ‘Hay una red satelital internacional, la Global Fishing Watch, monitoreándolos permanentemente, Sernapesca está vigilando y también la Armada. La sobrepesca en los lugares donde hay parques marinos hoy está bien vigilada’, asegura.

Pero un importante tema por resolver es el financiamiento, coinciden los especialistas. ‘Se deben buscar fuentes y que se prolonguen en el tiempo’, dice Van der Meer.

Gaymer calcula que el costo para administrar el parque Nazca-Desventuradas cada cinco años podría llegar a 6 mil millones de pesos y 7 mil millones en el caso de las áreas marinas de Rapa Nui. Una parte la va a tener que poner el Estado, pero este también está gestionando con varias organizaciones internacionales crear un gran fondo que permita financiar las áreas protegidas, dice.

Hoy existe un fondo asignado general para las áreas marinas. ‘Lamentablemente este año bajó. Eran $205 millones en 2019 y ahora para 2021 quedó en $132 millones’, critica Van der Meer.

El tema de la fiscalización es el más caro para este tipo de áreas protegidas donde fácilmente el 80% del presupuesto puede irse en este tipo de actividades, reconoce Gaymer. Esto por los costos de combustible y el tiempo de navegación para llegar a las distintas áreas.

El parque marino Nazca-Desventuradas permite proteger especies sensibles y de valor económico como el jurel, que estaba siendo sobreexplotado.

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