Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas completó una década en trámite y en ese período el daño al bosque nativo y la erosión subieron 40% y 34%

Este año, y por primera vez en la década que el World Economic Forum (WEF) lleva elaborando su informe de riesgos globales, las cinco principales amenazas mencionadas por los 750 expertos y tomadores de decisión a nivel global encuestados fueron ambientales.

La voz de alarma gira en torno a los fenómenos meteorológicos extremos que provocan grandes daños; el fracaso de los gobiernos y las empresas en la mitigación del cambio climático; los daños ambientales provocados por el ser humano; las catástrofes naturales graves, y la pérdida importante de biodiversidad con el colapso de los ecosistemas (terrestres o marinos), con consecuencias ambientales irreversibles.

Esta constatación del WEF, que tal como otras emanadas desde otras instancias hace hincapié en la urgencia de abordar estos desafíos, encuentra a Chile en medio de un debate que se arrastra hace diez años: la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el organismo que completa la institucionalidad ambiental, tras crearse el Ministerio del Medio ambiente (MMA), la superintendencia (SMA) y los Tribunales Ambientales (TA). El objetivo de esa nueva entidad es, precisamente, asegurar la conservación de la biodiversidad, especialmente en aquellos ecosistemas de alto valor ambiental o que, por su condición de amenaza o degradación, requieren de medidas para su conservación.

En octubre de 2010, durante su primera administración, el Presidente Piñera anunció por primera vez la creación de este organismo y en marzo del año siguiente la iniciativa ingresó al Congreso, donde no tuvo mayores avances. Después, en 2014, la Presidenta Bachelet ingresó un nuevo proyecto, que recogía algunos aspectos del anterior y que después de cinco años logró superar el primer trámite en el Senado desde donde pasó a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara, instancia que en enero pasado lo aprobó en general, y en agosto inició la evaluación en particular. El presidente de la instancia, el diputado del partido ecologista Félix González, dice que esto fue así porque el Ejecutivo les pidió tiempo para sumar casi 200 indicaciones adicionales, lo que sucedió en julio.

Más hectáreas, pero menos que proteger

Más allá de las causas por las que el SBAP no ha visto la luz, hay consenso en que la demora le ha pasado la cuenta al medio ambiente que se busca proteger. ‘Cumplimos una década de espera y cada día la degradación medioambiental es mayor. Todos estos problemas se han profundizado en la última década y la pérdida de biodiversidad ocurre día a día en cada palmo de nuestro territorio y mar. Todavía no tenemos un liderazgo claro en la conservación’, asegura Bárbara Saavedra, directora de Wildlife Conservation Society-Chile, entidad que administra el parque Karukinka, que está en Tierra del Fuego y es una de las mayores áreas de protección privada del país.

Aunque en la última década la superficie con algún grado oficial de protección, como los parques nacionales, reservas y monumentos naturales, que administra Conaf, ha aumentado, según datos del MMA, pasando, del 19% al 21% del territorio, es decir, 15,9 millones de hectáreas —a las que se suma otro par de millones de hectáreas correspondientes a áreas sin reconocimiento oficial, entre las cuales están las áreas protegidas privadas—, en la práctica la biodiversidad a proteger se ha reducido.

Los informes del estado del medio ambiente que el Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile viene realizando desde 1999 muestran que en la última década los suelos con erosión severa o muy severa pasaron de 5 millones de hectáreas en 2012 a 6,7 millones en 2018. Esto representa un incremento de 34%.

En tanto, la pérdida de superficie de bosque nativo a causa de cambios en el uso del suelo pasó de 237 mil hectáreas en 2013 a unas 330 mil en 2018. A esto hay que agregar la afectación por incendios forestales que, solo en las temporadas de 2013 a 2015, afectaron unas 200 mil hectáreas, superficie que a 2018 se había incrementado al menos hasta las 280 mil hectáreas. La suma de estos dos factores implica que mientras el SBAP sigue en trámite se ha perdido casi un 40% de superficie de bosques nativos.

Además, de acuerdo con informes del MMA, en 2018 se reportó que el 65% de las especies clasificadas hasta ese momento (plantas, animales y hongos) estaban en peligro crítico, peligro o condición vulnerable. Se trata de 766 de un total de 1.159 especies que hasta ahora han sido clasificadas, lo que se estima corresponde solo al 10% del total de las especies existentes en el país.

Además, persiste la preocupación en torno a la distribución geográfica de la superficie a proteger, pues del orden del 80% está en la zona sur del país. De hecho, el Sexto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile, que el MMA emitió este año, como parte de los compromisos del Convenio Internacional de Diversidad Biológica, considera que de 127 pisos vegetacionales, 63 de ellos, es decir, cerca del 50%, estarían amenazados, concentrándose su ubicación principalmente en la zona central y sur del país.

Los nudos que persisten

La creación del SBAP es una de las prioridades del MMA, asegura la titular de la cartera, Carolina Schmidt. ‘Hoy más que nunca se hace necesaria su aprobación y pronta implementación. Esto es una inversión no solo ambiental, sino que estratégica para el desarrollo sustentable de nuestro país’, dice.

A juicio de la autoridad, hay consenso entre las organizaciones involucradas en el tema, científicos y ONG de que el proyecto tiene un grado de robustez que le permitirá avanzar. ‘Ya se han votado 45 indicaciones, y actualmente se está discutiendo el régimen laboral del SBAP, donde se explicará en detalle este y los resguardos que existen para los trabajadores del SBAP, en particular para todos los trabajadores que serán traspasados desde Conaf’, añade.

Alejandra Figueroa, que hasta 2018 fue jefa de la División de Recursos Naturales MMA desde donde impulsó el proyecto del SBAP que está actualmente en discusión, dice que precisamente el aspecto laboral es uno de los principales nudos que podrían seguir complicando la iniciativa, aunque a su juicio esto obedece a razones que ‘no son reales’. ‘Las pugnas entre grupos de los sindicatos de Conaf y sus presiones están horadando las confianzas y desgastando al Estado en este proceso. No todos los trabajadores de Conaf se oponen a la creación del servicio. Hicimos un trabajo conjunto con Hacienda para acoger una de las principales demandas que ellos plantearon desde el principio, que era mantener el estatus del Código del Trabajo, aunque se convirtieran en empleados públicos. Por eso me cuesta entender esta negativa y las razones en que la sustentan’, afirma.

La abogada Paulina Riquelme, socia del estudio Eelaw y asesora de la CPC en materias ambientales, dice que una falencia del proyecto que persiste es que el diseño no se hace responsable de las superposiciones de competencias o indefiniciones respecto de estas entre las entidades involucradas en materia ambiental. ‘Nadie quiere ceder competencias, y por eso este proyecto ha costado sangre, sudor y lágrimas’, dice.

‘El resguardo de la biodiversidad siempre entra en colisión con otras agendas políticas que tienen que ver con actividades productivas, como economía o minería, porque se tiene la falsa idea de que estas materias pondrán trabas al crecimiento económico. La configuración del MMA poco ayuda en esto, porque es la única cartera que está subordinada a un consejo de ministros, lo que hace que todas sus acciones de alguna forma queden supeditadas al consenso previo con estas otras carteras’, cree Constanza Pinochet, directora ejecutiva de la Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios de Chile, Así Conserva Chile.

El diputado González confía en que será posible sacar un buen proyecto, aunque no tiene claro cuándo sucederá. Esto, porque hay varios puntos de la iniciativa donde la visión del sector que él representa difiere del Gobierno. Uno es el grado de protección de estas zonas, lo que a su juicio debe ser total, y por esa razón esperan que en las zonas bajo protección —donde a partir de la creación del SBAP también estarán las áreas privadas— se prohíba toda actividad que deba pasar por evaluación ambiental.

Paulina Riquelme y Alejandra Figueroa coinciden en que la propuesta de instalar un banco de compensaciones para que privados puedan mitigar impactos ocasionados en otras zonas será objeto de debate. De hecho, entre las organizaciones ambientalistas hay visiones distintas en torno a la amenaza que este sistema pudiera implicar.

Con todo, Bárbara Saavedra piensa que con todo el tiempo transcurrido lo importante sería mermar la discusión y avanzar para que el servicio pueda ser instalado, y ‘en el proceso ir desplegando las capacidades y mejorando los espacios de acción del SBAP. Hay elementos que justifican de sobra el nacimiento de este servicio que, como elemento central, crea un sistema integrado de áreas protegidas que hoy no tenemos’, puntualiza.