La polémica ambiental que encenderá la nueva Constitución

Hoy no existen plebiscitos 'vinculantes' que permitan a la ciudadanía pronunciarse sobre la pertinencia de proyectos productivos en sus comunas. El proceso constituyente, sin embargo, abre la posibilidad de integrar este tema y garantizar derechos medioambientes en la próxima Carta Magna chilena. Una idea que –por sí sola– desde ya es resistida por un sector y promovida por otros. Fuente: El Longino, 2 de diciembre de 2020.


Para quienes piensan que lo que sucede en las Naciones Unidas no tiene mayor impacto en la vida de una pequeña localidad del interior de la región de Tarapacá, los hechos desmienten esta premisa que, por supuesto, es errada.

De hecho, resulta particularmente interesante (y valioso) lo acontecido –por ejemplo– con una serie de nuevas directrices impartidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la pandemia del coronavirus, entidad que lidera la normativa internacional en los temas sanitarios. Un primer punto relevante fue la iniciativa de la OMS de declarar la ‘Salud Única’ o ‘Una Salud’, un concepto nuevo donde las personas, los animales y el medioambiente son concebidos como tres elementos interdependientes e indivisibles a la hora de generar una real calidad de vida.

Las consecuencias o efectos de imponer en la agenda mundial esta visión son múltiples y alcanzan –de manera insospechada– al proceso constituyente chileno, ése que reescribirá los deberes y los derechos básicos que regirán la convivencia futura del país en los próximos 40 años, partiendo por su nexo con los recursos naturales y los intereses económicos en juego: Al ser miembro de la ONU, Chile está a llamado a respetar su normativa y los Tratados Internacionales deben incluirse en el texto constitucional.

EN DISCUSIÓN

Una de las ideas más debatidas será si la salud es un derecho o un deber del Estado de asegurar a los ciudadanos: También si el derecho al agua para el consumo humano estará garantizado, si la calidad del aire se entenderá como una materia que también debe ser garantizado por el Estado de Chile.

En otros países, los ecologistas desean consagrar los derechos de la naturaleza, el buen vivir a través de una Carta Fundamental que sea biocéntrica. Además, se debatirá hasta donde protegerá el Estado los recursos naturales si éstos son del tipo ‘extractivo’ (pesca o minería). ¿Quedará escrito en la Constitución que Chile rechazará el uso de agroquímicos y material genéticamente modificado? O, los derechos de agua aparecerán consignados en la próxima Constitución en calidad de Bien Común y no como propiedad privada.

Las democracias modernas estos conflictos se han zanjado creando una herramienta constitucional con la que no contamos: Las comunidades tienen derechos a realizar plebiscitos ‘vinculantes’ donde la gente puede pronunciarse sobre la pertinencia de proyectos productivos en sus comunas.

ONG Y GRUPOS EMPRESARIALES

¿A quiénes les podría importar tanto cómo se redacte la llamada Carta Fundamental de Chile? En primer lugar, están los grupos de activistas medioambientales, los cuales funcionan ligados a organizaciones no gubernamentales específicas (ONG).

Estamos hablando de fundaciones o entidades como Defensores del Bosque, Basura Cero, Norte Alegre, Corporación Pacífico Sur, Oceana, Green Peace, Terram, No Alto Maipo, Chile Sustentable, Grupo de Acción por el Biobío y muchísimas otras con menor acceso a la prensa pero que cuentan con expertos que influyen a nivel de la academia, partidos políticos., centros de pensamiento y un puñado de diputados y senadores.

En segundo término, están las organizaciones que agrupan a los grandes empresarios y las grandes empresas. Aquí, resaltan rápidamente los llamados grupo que la sociedad los identifica a través de los apellidos ligados a familias, tales como el grupo Matte (forestal, pesca), grupo Luksic (alimentos y minería), grupo Solari (retail), grupo Yarur (carnes, bancos, farmacias), grupo Angelini (Celulosa, gasolinas) y grupo Said (banco, alimentos).

Acápite aparte son aquellos que –como personas naturales– tienen enorme influencia dentro de algunos mercados: Tal es el caso de Julio Ponce Lerou, accionista principal de la empresa de minería no metálica más grande de Chile (SQM), compañía que además funciona a nivel global con cinco líneas de negocios diferentes y estratégicos. Las fortunas de Horst Paulmann y del presidente de la república son robustas, pero no están ligadas (por ahora) a recursos naturales, que son las áreas de conflicto.

Finalmente, está la influencia que pueden tener los grupos o compañías extranjeras con presencia en Chile: Hay intereses italianos y chinos en la generación de energía, españoles en el agua, japoneses y chinos en el cobre, pero se pueden citar muchos otros. Lo realmente crítico para la ciudadanía es comenzar a informarse (bien) sobre quiénes están detrás de los candidatos que integrarán la próxima Asamblea Constituyente. Y, sobre todo, conocer a fondo cuáles son las ideas ambientales que apoya.

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