Las montañas prohibidas de Chile

Un reciente catastro identificó que a lo largo de Chile existen más de cien restricciones de acceso a cumbres y zonas de montaña, y que la mayoría de los casos se concentra en la Región Metropolitana. Un tema que cobra cada vez más relevancia debido a la creciente demanda por espacios abiertos y que recuerda el vacío legal que hay en esta materia. Fuente: El Mercurio – Domingo, 6 de diciembre de 2020.

Entre los montañistas hay una frase que se repite. Cuando no logran una cumbre, suelen decir que la cima no es lo más importante y que, si no se pudo esta vez, no hay de qué preocuparse: el cerro siempre seguirá allí.

El problema es que en Chile hay montañas que ‘desaparecen’ del mapa. Es el caso del cerro Punta Negra, en el Cajón del Maipo, una cumbre de cuatro mil metros, con un espectacular canalón central de nieve y vistas impresionantes hacia las aguas turquesa del embalse El Yeso, cuyo acceso hoy está prohibido. Una reja de la empresa Aguas Andinas impide el paso por razones de seguridad. Según explican en la empresa, porque allí están las lagunas Negra y Lo Encañado, reservas de agua cruda fundamentales que abastecen a Santiago, y porque existe el riesgo de derrumbes y escurrimientos.

‘Yo subí el Punta Negra hace 21 años, cuando había muchos menos montañistas que ahora, y si bien ya existía una reja, nadie la controlaba: pasabas por el lado a pleno día y había una huella que podías seguir’, dice Marcelo Camus, uno de los fundadores de Andes Handbook, guía esencial del andinismo en Chile. ‘Pero con los años se fue poniendo cada vez más cabrón. Instalaron una casetita de vigilancia con guardia y a veces llegaban en camioneta y te sacaban. Para evitar el control, sé de amigos que llevaron un bote a motor para navegar el embalse El Yeso y llegar al otro lado. Es un cerro muy emblemático: si subes el Punta Negra te gradúas como montañista. Y además hay varias otras cumbres ahí, es un cordón montañoso de gran belleza. Yo volví hace unos años, pero entrando de noche, a escondidas. Como si fuese un ladrón’.

El acceso al cerro Punta Negra es el caso más mencionado según el Catastro Nacional de Restricciones de Acceso a la Montaña, que acaba de elaborar la Fundación Plantae, una ONG que promueve ‘la conservación, acceso y uso conscientes de los espacios naturales’. Un inédito registro hecho a lo largo de Chile que vuelve a poner sobre la mesa un problema latente, sobre todo considerando el crecimiento que han tenido actividades como el trekking y el montañismo en los últimos años. El informe indica que en todas las regiones hay restricciones de acceso a cumbres y zonas de montaña(121 en total), y que el 36 por ciento de ellas son prohibiciones absolutas (como en el Punta Negra). En cuanto a las razones de la restricción, la más mencionada fue el carácter de propiedad privada de esos terrenos, seguido por la conducta de los mismos usuarios que dañan estos territorios, y cuyos costos son absorbidos por los administradores o propietarios.

‘Debido a la naturaleza del muestreo —una encuesta online—, es posible que los casos sean el doble o el triple de los que se lograron levantar’, dice Camilo Hornauer, montañista y presidente de la Fundación Plantae, y agrega que la mayoría de los casos (33) se encuentran en la Región Metropolitana, seguidos por Valparaíso y O’Higgins. ‘Esto es grave, considerando el gran número de habitantes y visitantes que llegan a Santiago todos los años y que demandan usar espacios para el ocio, la recreación, el deporte y el turismo’.

Después del Punta Negra, el segundo caso más mencionado en el catastro de Plantae es el acceso a los valles del río Olivares y Colorado, que si bien son terrenos fiscales (es la zona donde la campaña Queremos Parque pide crear un parque nacional de 142.000 hectáreas), para llegar a ellos hay que cumplir con un estricto protocolo del Ministerio de Bienes Nacionales —con reglas excluyentes, como pertenecer a la Federación de Andinismo— y presentar esa autorización en el portón controlado por la empresa AES Gener, que tiene operaciones hidroeléctricas en la entrada de estos valles.

‘La Región Metropolitana cuenta con escasas áreas protegidas del Estado con acceso público (solo el 1,24% de la superficie total) y, además, el valle cordillerano está altamente privatizado y fragmentado: si antes había un fundo que tenía un solo dueño, ahora se ha loteado o dividido por herencia, y el propietario que hace 30 años sabía que por ahí pasaba gente, con nuevos dueños esa comprensión del terreno cambia’, dice Hornauer, uno de los impulsores de Queremos Parque, campaña a la que adhieren otras 120 organizaciones ciudadanas. ‘Todo esto hace de la montaña un lugar poco accesible para la visitación’.

A diferencia de las playas…

Álvaro Vivanco, presidente del Club Alemán Andino y una de las personas que mejor conoce la historia del andinismo en Chile, dice que el problema del acceso a las montañas comenzó en los años ochenta. ‘A partir de entonces hubo un gran desarrollo de empresas mineras e hidroeléctricas que instalaron sus proyectos en zonas de montaña. Algunas minas ya existían, como la ex Disputada de Las Condes (hoy Los Bronces), pero eran mucho más chicas. Antes los montañistas iban en auto y los dejaban pasar. Pero yo siempre he conocido esa zona como cerrada, y sin posibilidad de conseguir permiso. Para mí es deprimente’.

Vivanco se refiere a montañas clásicas para los antiguos montañistas capitalinos como el cerro Negro, en la zona de los glaciares Olivares, que de pronto desaparecieron del mapa: su acceso hoy está cerrado por las operaciones mineras de Anglo American y Codelco. ‘Los protocolos de seguridad para acceder a esos sectores son muy estrictos y no solo para los montañistas. La principal razón que dan tiene que ver con la prevención de accidentes’, dice Vivanco, quien vivió años en Austria y Noruega, y compara realidades: ‘Allá cualquier persona tiene derecho a ir a cualquier cerro y yo nunca vi un portón, salvo pequeñas excepciones. En Noruega era extremo: podías acampar en todas partes porque la naturaleza es pública. Además, en países como Austria los clubes de montaña son fuertes y a través de ellos los montañistas pueden acceder a seguros que incluyen la prima de rescate. Si tienes un accidente en los Alpes, te van a ir a rescatar de inmediato’.

Según Vivanco, en Chile el problema comienza porque las montañas, a diferencia de las playas, no son consideradas un bien nacional de uso público, ni tampoco en su totalidad son bienes fiscales. De hecho, según datos de la FAO, el 63,8 por ciento del territorio de Chile es de montaña, y de ese porcentaje, el 40 por ciento tiene dueño privado. Además, no existe una ley que garantice o regule el acceso a las montañas.

‘Chile no es un lugar de montaña, es un lugar de portones’, dice Joaquín Barañao, fundador del sitio Wikiexplora —que entrega información sobre más de mil rutas en los Andes— y quien en marzo de 2010 asesoró al entonces senador Andrés Allamand para presentar el primer proyecto de ley que intentó regular el acceso a los valles de la cordillera de los Andes. ‘Lo convencí de hacerlo, lo escribimos, pero nunca se discutió. Está archivado. Hoy creo que era un proyecto bien tímido: tomaba elementos de la ley de acceso a las playas y decía que si dentro de tu predio había una montaña grande, esta se definía como aquella que tenía una altitud mínima equivalente al 65 por ciento de la cumbre más alta de la región. Pero el problema es que dejaba afuera muchas montañas súper importantes, como el Manquehue, por ejemplo’.

Según Barañao, una de las dificultades de hacer una ley sobre este tema es que no está definido qué es una montaña. ‘En el caso de las playas, nadie te puede discutir qué es el borde del mar. Pero respecto de las montañas, si dentro de un fundo alguien tuviera un cerro como el Santa Lucía, ¿eso no sería montaña? Esto debe discutirse. Además, creo que hay una sobreprotección absurda por el tema de los accidentes. Todos los años hay gente que se ahoga en las playas, pero no por eso se cierran. Prohibir los accesos es una lógica muy equivocada’.

Barañao lamenta además que, en muchos casos, los portones que impiden el acceso a cerros emblemáticos están puestos justo a la entrada de los valles, lo que corta extensiones de terreno gigantescas. Así sucede con el volcán Maipo, que está 61 kilómetros valle adentro, en un zona donde existen decenas de montañas hoy prohibidas. La empresa Gasco, dueña del fundo de acceso, solo permite el ingreso a ese volcán. Y para eso, entre otras exigencias, las personas deben acreditar experiencia en alta montaña, informar el detalle de la ruta y pagar 25.000 pesos.

Iniciativas legislativas transversales

Tras el proyecto de Allamand, a fines de 2010 se presentó otro impulsado por el senador Francisco Chahuán, que apuntaba a la obligatoriedad de crear servidumbres de paso para predios tanto particulares como fiscales, pero también fue archivado. Actualmente se encuentra en trámite el proyecto de ley que presentó el diputado Sebastián Torrealba a mediados de 2018, que busca promover el acceso a las altas cumbres de montaña. Sin embargo, según dice el propio Torrealba, con el estallido social y la pandemia, quedó como ‘poco prioritario’.

Su proyecto apunta fundamentalmente a garantizar el acceso a las montañas que se encuentran en terrenos fiscales. ‘Cuando un privado colinda con un bien fiscal de montaña, debe darle acceso a las personas, no con grandes caminos para autos, sino con pasos solo para medios no motorizados’, explica el diputado. ‘Es un proyecto que tiene que ver con un acceso más consciente a la montaña. Hoy tenemos montañas increíbles que pareciera que nadie las puede tocar. Entonces, primero queremos generar una lógica de accesos y democratizar la montaña como objetivo principal’.

Sin embargo, el proyecto de Torrealba recibe críticas. La principal es que solo se refiere a propiedades fiscales. Además, no cambia la calificación jurídica de las mismas. ‘Para nosotros, las montañas deben ser bienes nacionales de uso público, entrando en la categoría de aquellos bienes que son de dominio del Estado y cuyo uso corresponde a toda la nación. Además, ampliamos el concepto a montañas, altas cumbres y áreas circundantes’, dice el economista y escalador Christian Moscoso, director regional de Acceso Panam Chile, ONG que en paralelo diseñó otro proyecto de ley y se ha reunido en varias oportunidades con el diputado Torrealba.

Según Moscoso, el ideal sería lograr lo que en algunos países como Noruega, Suecia o el Reino Unido se llama ‘Right to Roam’, o ‘Derecho a deambular’, un concepto que reconoce el acceso a la naturaleza como un derecho humano. ‘Creemos que todas las personas tienen el derecho de estar en contacto con la naturaleza’, afirma Moscoso. ‘Y cuando se trata de propiedad privada, esta debe estar sujeta a una servidumbre de paso, porque hay un bien superior que es el acceso a estos lugares’.

El senador Alfonso de Urresti también ha estado involucrado en este tema. De hecho, en la reciente discusión para la Ley de Presupuesto hizo indicaciones —que fueron aprobadas— para que semestralmente la Subsecretaría del Medio Ambiente informe sobre las acciones que permitan avanzar en la creación de un gran parque nacional en los valles de los ríos Colorado y Olivares, el cual cuenta con el apoyo del Congreso.

‘Creemos que hay una falta de voluntad política del Estado’, dice De Urresti. ‘No es posible normalizar que porque algunos terrenos son propiedad de mineras, eléctricas o el propio fisco, no se pueda avanzar en la política de montaña que el país se merece. Entre algunas propuestas discutidas, una que parece muy razonable es aquella que propone la posibilidad de que quienes tienen terrenos que no estén siendo utilizados, que no estén destinados a conservación y que, además, sean un obstáculo objetivo para el acceso a la montaña, paguen contribuciones más altas’.

Alianza para las montañas

En 2014, a raíz de de la integración de Chile a la Alianza para las Montañas —una iniciativa desarrollada bajo Naciones Unidas que busca promover el desarrollo sostenible de las montañas y proteger los ecosistemas de altura—, se creó el Comité Nacional de las Montañas, que integran 14 organismos estatales, entre ellos los ministerios del Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Cancillería. Con sesiones cuatro veces al año, uno de sus objetivos ha sido la elaboración de una Política Nacional para la Gestión Sustentable de las Montañas, pero hasta ahora no ha habido mayores avances. ‘Actualmente la Política se encuentra a la espera para ser aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad’, informan vía mail desde Cancillería, que lidera el Comité.

Respecto a temas de acceso a las montañas, desde Cancillería agregan que esta Política reconoce que ‘la gestión sostenible de las montañas está vinculada a contar con un acceso consciente, responsable, inclusivo y seguro a las montañas’, pero aclaran que como Comité ‘no pueden dictar normas de cumplimiento obligatorio, sino de seguimiento voluntario a través de la coordinación, definición de principios e identificación de buenas prácticas’.

¿Capital mundial?

Con el paulatino levantamiento de las cuarentenas, en Santiago y otros rincones de Chile comenzó a observarse un fenómeno llamativo: filas de gente intentando ingresar a los parques y áreas naturales. Ciertamente el encierro obligado debido al coronavirus volvió a relevar la importancia de que haya áreas verdes y lugares abiertos no solo para el esparcimiento, sino para la salud física y mental de las personas.

‘Después de la pandemia, si tratas de ir al Manquehue hay 50 veces más gente que antes. Esa necesidad de volver a conectarse con la naturaleza me tocó vivirla a mí mismo’, dice José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo y uno de los impulsores del proyecto Corfo que busca convertir a Santiago en Capital Mundial del Turismo Montaña.

Para lograr este ambicioso objetivo, que se proyecta para 2030, Corfo y el resto de los organismos involucrados —como las municipalidades de Lo Barnechea y San José de Maipo y la Asociación de Parques Cordillera— identificaron las principales problemáticas que debieran resolverse. Entre ellas están la capacitación de guías de turismo y la creación de infraestructura, pero no el tema del acceso a las montañas.

‘No creo que este sea el problema más difícil de solucionar. Hoy, lo más complicado es generar una estructura estandarizada en los distintos destinos de montaña’, asegura Uriarte: ‘Sin duda, tenemos que generar las condiciones para que los destinos de montaña sean utilizables, pero no hay que inventar la pólvora para establecer esos mecanismos. No somos los primeros que estamos pensando en cómo ponernos de acuerdo con privados para que el acceso sea posible y sustentable’.

Pablo Terrazas, vicepresidente de Corfo, reconoce que este tema es uno de los tantos que deben resolverse. ‘Parte del desafío de este trabajo público-privado es ir conciliando las distintas vocaciones que tiene nuestro territorio desde un punto de vista productivo y de conservación’, dice. ‘Por ejemplo, hay zonas que tienen que estar exclusivamente destinadas a la conservación, otras tienen que permitir su uso para actividades tradicionales (como los arrieros), otras a valles agrícolas y otras a turismo, entre otros usos. Todo esto debe estar conjugado de manera armónica a través de un ordenamiento territorial’.

‘Conozco perfecto todas estas temáticas porque me ha tocado vivirlas’, agrega Martín Lebert, gerente de este programa de Corfo y montañista hace más de 20 años. ‘Me he saltado rejas para poder escalar y creo que eso debiera cambiar, pero tampoco podemos obligar a nadie a que abra su casa y que venga cualquiera. Nosotros como programa no nos estamos metiendo en esa parte política, porque no nos corresponde. Lo que sí estamos haciendo es potenciar los destinos que ya existen con las montañas que están abiertas para que se desarrollen de la mejor manera’.

Para Camilo Hornauer, la educación es clave para alcanzar cambios culturales que nos permitan, como sociedad, deambular responsable y libremente en la naturaleza. Además, considerando que, según el marco jurídico actual en Chile, la propiedad privada es un derecho superior, Hornauer cree que los dueños debieran contar con estímulos o beneficios del Estado para gestionar los territorios o tener infraestructura apropiada para una visitación responsable: ‘Y si cobran por el acceso, estos cobros debieran ser justos, no indebidos. Es decir, que permitan asegurar que haya un baño, un estacionamiento o delimitar un sendero, todo en beneficios de los visitantes y del ecosistema’.

Así también lo cree Robert Frankl, dueño del fundo de acceso al glaciar Universidad, en la cordillera de la Región de O’Higgins, otro caso emblemático de restricciones. ‘Actualmente la ganadería está yendo en retirada y estos campos se están quedando sin sustento’, dice Frankl. ‘Por otra parte, los avalúos fiscales casi se triplicaron. En mi caso eso significa que lo que puedes obtener por el talaje, dado el contexto de sequía que hay, no te da para cubrir las contribuciones. Todo ese escenario lleva a que las cordilleras se abran al turismo, que es la única forma de darle una rentabilidad a la cordillera. Hoy estamos desarrollando este destino para abrirlo al turismo, pero tiene que ser sustentable, no para élites, pero que sí te permita preservar lo que hay’.

Sin embargo, los años siguen pasando y las restricciones de acceso a las montañas no solo se mantienen, sino que aumentan. En 2009, el destacado explorador Cristián Donoso escribió una comentada columna titulada El país de las montañas prohibidas, donde ya hacía notar este problema y hablaba del ‘muro de Berlín’ que las grandes empresas mineras y algunos propietarios habían interpuesto entre la ciudad y su cordillera.

‘Han pasado 11 años de esa columna y todavía anda circulando’, dice Donoso hoy. ‘Pero de esa época hasta ahora los accesos se han ido cerrando más. Sitios como el valle de la Engorda o el de las Arenas, en el Cajón del Maipo, eran absolutamente libres. Sin duda hay una creciente demanda por acceder a la naturaleza, tal como quedó demostrado después de este largo período de confinamiento. El Estado debe responder a esa necesidad ciudadana y abrir nuevos espacios, porque finalmente son espacios de integración social que favorecen la salud y el desarrollo espiritual de las personas. Además, hay una tremenda oportunidad de desarrollo económico vinculado al turismo de montaña y de naturaleza. Pero el tema es complejo, porque es difícil no entrar en colisión con el derecho a la propiedad. Por eso creo que hay que ser realistas, ir por etapas, identificar cuáles son las zonas en conflicto y cuáles no, y desde ahí hacerlas accesibles a la ciudadanía”.

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– Bajo presupuesto

El catastro de Fundación Plantae también identificó restricciones incluso en parques nacionales. Las dos más emblemáticas son el acceso al volcán Lanín, en el Parque Nacional Villarrica, y al cordón del Caulle, en el Parque Nacional Puyehue. En el primer caso se trata de una prohibición de Conaf debido a que no existe una ruta establecida (aunque no hay personal ni fiscalización); en el segundo, porque algunos senderos están cerrados por riesgo de incendios, amenaza de virus hanta, falta de guardaparques y porque desde la Región de Los Ríos no cuenta con caminos públicos de acceso ni portería de Conaf.

Según Plantae, el escaso presupuesto de Conaf también incide en que haya restricciones. ‘Es incomprensible que el aporte fiscal al presupuesto total del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) sea 5 veces menor al que se le asigna al Parque Metropolitano de Santiago. La diferencia es abismal y preocupante’, dice Javier Salvatierra, Director Ejecutivo de Fundación Plantae (según datos de la Dirección de Presupuesto y un informe de Fundación Terram elaborado en base a datos de ese mismo organismo, en 2020 el aporte fiscal fue de 5,7 mil millones de pesos para el SNASPE versus 35,9 para el Parque Metropolitano; el resto del presupuesto para SNASPE proviene de ingresos de operación). ‘Este aporte fiscal ni siquiera cubre la mitad del sueldo de los guardaparques. Si bien la superficie protegida en el SNASPE ha aumentado en el tiempo y el gobierno ha manifestado la importancia de estas áreas, el aporte fiscal a su presupuesto total sigue bajando. De hecho, se espera que para el 2021 disminuya en un 9,5 por ciento’, agrega.

– Día de la montaña

El próximo viernes 11 de diciembre se celebrará el Día Internacional de las Montañas en la Región Metropolitana, con una serie de descuentos y promociones en actividades como senderismo, mountainbike, rafting y canopy, en sitios como el Cajón del Maipo, Yerba Loca y Parques de Farellones. También habrá talleres gratuitos de trekking en la Asociación Parque Cordillera y conversatorios online sobre el tema.