Contraloría detectó que 94% de obras en borde del lago Villarrica no posee concesión marítima y fijó 2021 como plazo para iniciar regularización
Armada advierte que falta una línea de base para concretar las fiscalizaciones, que en este caso debió hacer la capitanía de puerto, y se instruirá una investigación interna. Fuente: El Mercurio, 23 de enero de 2021.
El 94% de 686 obras náuticas detectadas por una investigación de la Contraloría Regional de La Araucanía, en el borde costero del lago Villarrica, no posee concesión marítima; 511 de ellas en la comuna de Villarrica y 132 en Pucón.
En total, se individualizaron 643 instalaciones «habidas por el equipo fiscalizador en el borde del mencionado lago, condición que importa la ocupación ilegal de bienes nacionales de uso público y bienes fiscales como playas, terrenos de playas fiscales, rocas, fondo de lago y porciones de agua de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 del decreto con fuerza de ley N° 340 de 1960, del Ministerio de Hacienda y 125 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas», indica el informe.
La auditoría, que se extendió por más de un año, buscaba verificar si construcciones de apoyo marítimo y recreacional en el borde costero del citado lago tenían concesiones y si habían sido correctamente otorgadas.
Ello, en el marco general de las exigencias de la declaratoria de condición de «saturado» que emitió en 2017 el Ministerio del Medio Ambiente para el lago.
Entre los factores que influyeron en ese estado, refiere el informe, se consideraron residuos de infiltraciones de aguas servidas desde sistemas de tratamiento de viviendas individuales en el borde costero.
El órgano contralor fijó como plazo este año a la Capitanía de Puerto del lago Villarrica para elaborar un programa de control de construcciones ilegales e iniciar la regularización de estas. Entre las falencias detectadas, advierte que la capitanía «no tiene un catastro actualizado de concesiones marítimas vigentes», que deberá elaborar, y «en lo sucesivo, velar por su debida y oportuna actualización».
El informe refiere que habiendo un procedimiento de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) para detectar caducidades, «no consta su efectiva implementación en esa capitanía (…), no dispone de un plan de fiscalización a ocupaciones ilegales ni procedimientos formalizados para que funcionarios que evalúan una solicitud de concesión se abstengan en caso de conflictos de interés».
Entre las medidas inmediatas, le ordenó la caducidad de tres concesiones existentes en los sectores de Los Guindos y La Puntilla de Villarrica; exigir ingreso de montos de ll garantías de concesiones vigentes, y el cobro de rentas y tarifas impagas.
A nivel interno, le ordenó a la Armada instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades funcionarias. Ese proceso «se iniciará en un breve plazo, a objeto de que se determinen las responsabilidades, y en el caso de existir omisiones o faltas, se procederá» de acuerdo a la normativa de la Armada, confirmó el gobernador marítimo de Valdivia, comandante Juan Pablo Colipí, en cuya jurisdicción está la capitanía de puerto del lago.
«Se están estudiando los puntos y verificando cuál fue el accionar de los servidores navales encargados», añadió Colipí, pero advirtió que se requiere una línea de base definitiva (línea de aguas máximas). «A nivel nacional, se trabaja en una estandarización de procedimientos y en el plan de fiscalización», tarea que desarrolla Directemar. Sobre la posibilidad de mayor dotación, Colipf dijo que no es necesario por el momento, «siendo más urgente estandarizar y protocolizar los procedimientos (…) con todos los servicios con competencias y responsabilidades en estos temas».
