En su capítulo correspondiente a la minería, la institución se refirió al actuar de esta industria durante la pandemia, indicando que el sector minero presentó una cierta “normalidad” en sus operaciones y, con ello, experimentó un crecimiento de su producción a pesar de las restricciones sanitarias.

En ese contexto, la Fundación señaló que “la inesperada continuidad operacional extractiva, generó distintas problemáticas y resistencias que fueron visibilizadas por los mismos sindicatos mineros y las comunidades locales“.

Junto con ello, advirtió que “en materia socioambiental, el principal problema y desafío para el sector dice relación con el complejo escenario de escasez hídrica que enfrenta el país, que ya se ha prolongado por once años, el cual se agudiza todavía más en las regiones del norte que estructuralmente presentan una menor disponibilidad de agua y que, precisamente, es donde se desarrolla gran parte de la actividad minera“.

Además, “considerando los efectos de la pandemia, las distintas controversias socioambientales que se han suscitado en el sector, el proceso de elaboración de la Política Nacional Minera 2050 que culminará el año 2021 y los eventuales escenarios de diálogo que establecerá el proceso constituyente, resulta relevante abrir la discusión pública para repensar el rol de la minería en un nuevo escenario social y ambiental, el que debería apuntar realmente a promover procesos productivos de bajo impacto, con un fuerte enfoque en derechos humanos y protección de la naturaleza, que además se haga cargo de la urgencia climática que atraviesa el país y el planeta”, consigna el reporte.

En esa línea, desde Fundación Terram esperan que “el debate constitucional sea una instancia efectivamente democrática y que, a su vez, constituya el poder político y soberano que permita avanzar en una buena gobernanza en materia hídrica, pero también que abra la discusión para re-evaluar el modelo concesional de la minería, su estructura tributaria, la transparencia del sector y el uso eficiente de los recursos públicos que provienen de la explotación, potenciando la diversificación económica y el desarrollo local, y que a su vez visibilice y reduzca los impactos socioambientales de las actividades extractivas”.

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