A la medida del empresariado: los riesgos medioambientales de la nueva red de monitoreo en Concón, Quintero y Puchuncaví

Foto: Archivo Terram.

La modernización de 14 estaciones de monitoreo ambiental en dicha zona ha levantado las sospechas de las organizaciones locales, principalmente por la reducción de los parámetros de vigilancia para algunos compuestos. Aunque este tema ha sido debatido en el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), uno de sus integrantes, Nielze Cortes, asegura que dicha instancia jamás tuvo un carácter deliberativo y que el Ministerio de Medioambiente no ha recogido ninguna de las recomendaciones presentadas allí en octubre de 2020. Fuente: Diario U. de Chile, 28 de febrero de 2021.


El fantasma de un plan de descontaminación llevado a cabo a medias, aseguran algunas organizaciones medioambientales y comunales, es uno de los antecedentes más recientes que tienen para dudar sobre la implementación de una nueva red de monitoreo, que comenzaría a funcionar en el segundo semestre de este año en Concón, Quintero y Puchuncaví.

Y es que la medida, anunciada a través de una publicación en el Diario Oficial el 12 de febrero de este año, tiene su origen en una serie de intoxicaciones masivas ocurridas en 2018 en las comunas mencionadas, que propiciaron la tramitación del llamado “Plan exprés de descontaminación ambiental” defendido por el gobierno de turno, y que a su vez incluía la implementación de una nueva red de monitoreo.

Tres años después de dicho episodio, no existe información certera que dé cuenta de cuáles fueron los compuestos que dieron origen a la intoxicación de al menos 1.500 personas, las cuales, según la propia Corte Suprema, fueron vulneradas en sus derechos. No obstante, la nueva red de monitoreo, según lo especificado en la publicación del Diario Oficial, bajo la recomendación del Instituto Meteorológico Finlandés (FMI), instruye priorizar la detección de algunos agentes y dejar de lado otros que estén debajo del 50 por ciento de la normativa vigente.

Esto mismo, que viene siendo debatido desde octubre de 2020 en el Consejo para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), para uno de sus integrantes, Nielze Cortés, abre una gran posibilidad para que las empresas termoeléctricas de la zona aparenten un mejor cumplimiento de las normas del plan de descontaminación, cuyo plazo de inicio vence el próximo año.

“Justo en estas fechas, el próximo año, cuando va a estar implementada la red de monitoreo, empieza la obligación de cumplir el plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví. O sea, podría haber un problema relacionado con la reducción de estos parámetros y que podrían facilitar a que ‘artificialmente’ hubiera un mejor cumplimiento, que se mostrara en los datos un mejor cumplimiento del plan de descontaminación”, manifestó Cortés en conversación con nuestro medio.

Con la implementación de la nueva red de monitoreo, en concreto serían tres los componentes que dejarían de medirse en la zona: el carbono, el óxido de nitrógeno y el ozono. Esto, según explica el dirigente, si se hubiese aplicando con anterioridad, habría dejado fuera también a un componente clave para la emisión de alertas a la comunidad, como es el dióxido de azufre, regulado justamente gracias a la medición actual.

En contra de esta normativa, y solicitando la no eliminación del historial de los compuestos monitoreados en la red vigente, las organizaciones medioambientales integrantes del CRAS ya planean judicializar el tema, puesto que, tal como plantea Cortés, dicho consejo solo ha sido utilizado por el Gobierno para aparentar tener mayor diálogo con las comunidades afectadas.

“Creo que se nos ha faltado el respeto como comunidad (…) El Ministerio ocupa esta mesa, que es el CRAS, solamente para informar, cuando se trata de un consejo que nació con carácter deliberativo. Pero hoy día nos tienen reducidos simplemente para informar lo que ellos han proyectado. De todas las observaciones que hicimos el 1 de octubre del año pasado, ninguna fue considerada”, criticó.

Efectivamente, tal como menciona Cortés, dicha instancia ha debatido el tema en dos oportunidades. La primera, en octubre del año pasado, y la segunda el último jueves 25 de febrero. Esta última reunión contó con la presencia también del jefe de la división de calidad de aire del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Fernández, quien se mostró contrario a la idea de la judicialización planteada por las organizaciones, porque -según dijo- retrasaría las mejoras que se espera lograr con este nuevo sistema.

“Si ustedes judicializaran, que obviamente están en todas sus atribuciones de hacerlo, lo único que van a lograr es que se retrase la implementación y la transformación de la red. Nosotros recibimos muchísimas críticas respecto de la red, pero a mí me sorprende que hoy día estemos discutiendo sobre cómo mantener la red tal cual y agregarle dos o tres cosas. Nosotros queremos hacer una transformación profunda de la red, esa es nuestra vocación. Por eso estamos disponibles para sacar algunos monitores que no aportan información”, señaló el profesional.

Hasta el momento, acusan las organizaciones, tampoco existe claridad sobre el financiamiento de la nueva red, la cual en la actualidad es costeada por las empresas de la zona. La información vertida por el Ministerio del Medio Ambiente en la última reunión del CRAS asegura que se licitará cada dos años la mantención de las 14 estaciones que incluye la red, y que, además, existirá una auditoria y renovación del sistema cada cinco años, a cargo de entidades extranjeras.

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