Pescadores industriales se querellan por descontrol en pesca de merluza común

La merluza común ha dado mucho que hablar este último tiempo en la zona. Primeramente, fueron los parlamentarios quienes levantaron este tema luego de que se aprobara en general una moción destinada a frenar la pesca de arrastre del recurso, hecho que, según el sector industrial, traerá serias consecuencias en materia de empleabilidad si ve luz verde en el Congrego.

Ayer, en tanto, este mismo grupo -representado en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) del Biobío- informó sobre la presentación de una querella por los delitos de pesca ilegal de la merluza común y asociación ilícita en contra de todos quienes resulten responsables de cometer estas prácticas. A juicio del gremio, son estas situaciones las que están llevando al colapso pesquero y no el sistema de pesca industrial.

Remberto Valdés, abogado de Asipes, explicó que las acciones legales fueron ingresadas en el Juzgado de Garantía de Constitución producto de que varias caletas de la Región del Maule se han determinado como el foco de la comisión del ilícito. Eso sí, aventuró que estas se irán ampliando durante la investigación si se indica que los hechos pudiesen estarse produciendo en zonas como Valparaíso, O’Higgins o Biobío, a fin de que los tribunales persigan a las mafias dedicadas a estas ilegalidades.

Dentro de las razones que motivaron el ingreso de la querella asoman informes de universidades y centros de estudios y los propios decomisos que alertan que la pesca ilegal está fuera de control. Parte de estas evidencias provienen también del Comité Científico-Técnico de Recursos Demersales Zona Centro Sur, órgano asesor y de consulta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que a fines de enero estableció que la principal limitante para la recuperación de la especie “es el elevado nivel de ilegalidad en la pesquería, hecho reconocido por los usuarios y que ha sido estimado en diversas iniciativas de investigación, incluso por este Comité”.

A esto se agregan las sesiones públicas del Comité de Manejo de la Merluza Común de 2019. Según la querella, dirigentes artesanales de El Maule confesaron en aquella ocasión la extracción anual de más de 50 mil toneladas de merluza, siendo su cuota asignada de 3.267 toneladas, es decir, el 11% de la cuota global para todo el país.

Valdés mencionó también que las enormes cantidades de pescado sin acreditación de origen, además de no pagar impuestos tras las ventas, generan “dinero negro”, el que se estima en unos US$ 60 millones. A eso sumó el transporte y almacenado sin resguardo sanitario.

TRÁMITE ADECUADO

De acuerdo a la presidenta de la Asipes, Macarena Cepeda, la querella presentada ayer tiene un claro objetivo: resguardar los recursos pesqueros y la sostenibilidad del mar y los pescadores artesanales “que están a merced de las mafias”.

“Los grupos que controlan este ilícito destruyen los precios y empobrecen a los pescadores artesanales (…) Esta querella no es en contra de la pesca artesanal, es en contra de aquellos que no cumplen la ley y depredan el mar”, enfatizó la ejecutiva.

Desde el sector artesanal local valoraron la presentación legal. Hugo Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales (Ferepa), reconoció que la querella se trata de una acción adecuada. “Nosotros nos hemos quejado como Región de la situación en Maule, ya que hace daño a la sustentabilidad. Ahora, bajo esa perspectiva, me parece que a quien se debiera culpar más es al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) por no cumplir los parámetros de fiscalización”, subrayó.

Añadió que en términos generales “está bien llevar a cabo formalidades de esta naturaleza”, aunque remarcó que a raíz del pasado “la industria no tiene mucha cabida moral”.