Por 91 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones, la polémica iniciativa dio el primer gran paso de su tramitación, tras ser debatida no solo con argumentos políticos y técnicos sino que otros ideológicos: en general apoyada por la oposición y resistida por el oficialismo.

La iniciativa presentada en 2018 por diputados de oposición fue aprobada por la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en la comisión de Hacienda, con el voto en contra del oficialismo más el diputado DC José Miguel Ortiz, quien, no obstante, votó a favor en sala.

El debate comenzó este martes, pero se votó recién ayer y al haber sido objeto de indicaciones en la comisión de Hacienda, la iniciativa debe volver a la comisión de Minería y Energía de la Cámara.

Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), que presentó la moción en 2018, el diputado Esteban Velásquez opinó que en la actualidad “hay una revalorización de la riqueza mineral, un nuevo concepto en la propia ciudadanía”.

La diputada Daniella Cicardini (PS), en tanto, mencionó que “espero que dejemos atrás el royalty versión Fruna y avancemos a un verdadero royalty minero para Atacama”.

Desde el Partido Comunista, la diputada Camila Vallejo afirmó que “empresas privadas, que ni siquiera son chilenas, se llevan toda la plata, todo el sueldo de Chile, hacia afuera. Eso no es digno. Esos recursos no solo deberían estar usándose para compensar el impacto medioambiental, sino que también para permitir el desarrollo del país”.

En la contraparte, el diputado e integrante de la comisión de Minería de la Cámara Baja, Nicolás Noman (UDI), destacó la aprobación de la iniciativa. “Creo que es justa para nuestra Región, además quiero decir que este proyecto lo he apoyado desde que ingresó a tramitación en el Congreso”.

El diputado Patricio Melero (UDI) dijo que “de aprobarse esto, Chile tributaría un 54,3%, afectando la competitividad y la inversión. No matemos la gallina de los huevos de oro; hagamos bien el tema en materia tributaria y hagámoslo en proporcionalidad a lo que Chile puede, sin afectar la inversión y el crecimiento futuro”.
Reacción del Gobierno

Tras esta votación el Gobierno hizo uso de la reserva de constitucionalidad del proyecto, debido a que crea un tributo, facultad que, según la Constitución, está entregada de manera exclusiva al Ejecutivo.

“Este es un proyecto de ley que es inconstitucional porque busca que la Cámara de Diputados ejerza atribuciones que corresponden a la creación de un tributo, que es exclusiva del Presidente de la República. Nuestra Constitución entrega esa facultad al Ejecutivo. Sobre esto ya se refirieron varios constitucionalistas. Como Gobierno estamos obligados a actuar bajo la institucionalidad vigente”, aseguró el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

El ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, añadió que “el litio en Chile ya paga al Estado, de cada 100 pesos de precio del litio, entre el 40% y el 45%. Eso lo recauda el Estado vía contratos de Corfo e impuestos. Es el porcentaje más alto que cualquier país del mundo. Además, aunque la demanda proyectada de litio va a aumentar en los años que vienen, las proyecciones que nosotros tenemos, es que Chile va a seguir perdiendo participación de mercado”.

También reaccionó en contra de este proyecto la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Su presidente, Diego Hernández, dijo que los diputados se dejaron llevar por argumentos populistas.

“Es lamentable que los diputados y diputadas hayan preferido atender argumentos populistas y poco realistas, en lugar de argumentos técnicos que avalan el efecto negativo que tendría para el sector la aplicación de un royalty a las ventas”, dijo el dirigente.

“Esperamos que en los siguientes procesos de tramitación de este proyecto, de discutida constitucionalidad, prime la cordura y se mantengan las reglas para recuperar la inversión en este periodo post pandemia”, concluyó Hernández.