Chile: Zonas de Sacrificio, un negro negocio

El carbón en Chile sigue siendo utilizado para la generación de electricidad a pesar del anuncio de la no construcción de nuevas centrales y la fuerte entrada de energías renovables no convencionales. El costo de esta sucia combustión repercute en las personas que habitan las denominadas Zonas de Sacrificio.

En Chile las termoeléctricas a carbón se localizan en cinco áreas del territorio. Insertas en enormes parques industriales, operan junto a fundiciones de cobre y hierro, cementeras, plantas químicas, terminales de gas y petróleo, embarques y desembarques de concentrados de cobre, plantas de explosivos y de celulosa, entre otros. Estos lugares comparten situa- ciones de pobreza entre sus habitantes, postergación y abandono por parte del Estado, y altos niveles de contaminación en el aire, suelos y aguas, producto de la concentración histórica de este tipo de industrias. Todas ellas, emplazadas a una corta distancia de las zonas donde habitan comunidades, tristemente denomina- das “Zonas de Sacrificio” ubicadas en las ciudades y pueblos de Mejillones, Tocopilla, Huasco, Ventanas y Coronel, cuyos habitan- tes conviven a diario con altas concentraciones de polvo fino que contamina aire, suelos y agua, varamientos de carbón, derrames de hidrocarburos, entre otros.

Diferentes estudios que demuestran los efectos de la contaminación proveniente de termoeléctricas a carbón en la salud de los niños de las Zonas de Sacrificio han sido invalidados por los gobiernos de turno y las empresas, y otras investigaciones simplemente no han sido consideradas. Las organizaciones sociales alegan que el Estado de Chile no ha adoptado medidas adecuadas para evitar violentar los derechos de los habitantes de estas zonas, al transgredir el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación establecido en la Constitución de la República, como también los derechos humanos a la vida y a la salud.

Lo anterior, en parte, ha sido posible debido a que la normativa ambiental chilena es laxa y en muchos casos inexistente. Chi- le carece de normas que establezcan límites a la contaminación para suelos y aguas, y muchos contaminantes atmosféricos generados por la combustión del carbón no están normados. Casi todas las Zonas de Sacrificio tienen niveles de contaminación que superan los límites establecidos en la normativa nacional, la que ya es bastante permisiva con estándares ambientales inferiores a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), y lo adoptado por los países de donde provienen las empresas que operan centrales termoeléctricas en Chile, como es el caso de EE.UU. (Aes Gener), Italia (Enel) y Francia (Engie).

Chile ha explotado yacimientos de carbón desde el siglo XIX para abastecer la demanda de barcos a vapor que cruzaban el Cabo de Hornos. El alto costo de producción llevó a que en 1997 se cerraran los principales yacimientos nacionales de carbón ubicados en el Golfo de Arauco. Actualmente la principal explotación nacional de carbón se encuentra en la Patagonia chilena, específicamente en Isla Riesco, donde Mina Invierno es el rajo abierto a carbón más grande de la historia de Chile.

La generación eléctrica en Chile está a cargo del sector privado, compuesto por compañías nacionales y extranjeras.

28 son las unidades termoeléctricas a carbón que operaban el año 2019 en el país, y Mina Invierno es la explotación nacional de carbón que en parte las abastece

Este proyecto inició sus operaciones el 2013 pese a la oposición de la comunidad, y contempla la extracción, almacenamiento, chancado, transporte y venta de carbón para abastecer a las centrales termoeléctricas del país, donde se produce carbón duro de mala calidad, muy contaminante y de bajo poder calorífico.

Entre 2005 y 2010, debido al desabastecimiento de gas hacia Chile por parte de Argentina, los gobiernos de la época vieron con buenos ojos la construcción de nuevas centrales termoeléctricas a carbón, otorgando facilidades a inversionistas para obtener permisos ambientales y sectoriales (algunos de los cuales fueron declarados ilegales por los tribunales de justicia posteriormente) y que trajo como resultado la entrada en operación de 13 nuevas centrales termoeléctricas en los últimos 10 años. El crecimiento económico experimentado en Chile durante las últimas décadas se ha basado principalmente en el auge de la minería de cobre que utiliza en gran medida electricidad proveniente del carbón.

Todavía en el año 2019 la matriz eléctrica de Chile es altamente dependiente de combustibles fósiles. Éstos sustentan cerca de un 60% la capacidad instalada nacional en base a energías térmicas (gas, carbón y petróleo), mientras que alrededor de un 40% de la generación bruta de electricidad proviene de la quema de carbón por parte de las centrales termoeléctricas. Durante los últimos años, los cambios tecnológicos y el desarrollo de la industria internacional han permitido que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) bajen sus costos ingresando fuertemente al parque generador eléctrico de Chile. Lamentablemente esto no es suficiente, pues pese a existir una capacidad instalada creciente, la generación de electricidad en base a ERNC aún no supera el 20%.

Durante el 2018 la empresa Engie marcó un hito en la industria del carbón, al anunciar el primer cierre de centrales en el país. Si bien, comunicó su intención de cerrar dos de sus unidades termoeléctricas a carbón más contaminantes y que habían cum- plido casi 60 años de funcionamiento en la Zona de Sacrificio de Tocopilla; durante el 2019 inauguró la nueva y más grande central a carbón construida en el país llamada Infraestructura Energética Mejillones, que duplica la potencia instalada de las unidades salientes.

En el 2019 el gobierno y las empresas generadoras de Chile anunciaron un plan voluntario de cierre de centrales termoeléctricas y un cronograma de descarbonización que junto con comprometerse a no construir nuevas plantas a carbón en el país, contempla el cierre de ocho unidades termoeléctricas a carbón al 2024, dejando el cierre de las veinte restantes al año 2040. Este plan de cierre no contempla el cierre de la mina existente en la Patagonia chilena y tampoco es concordante con la situación actual de las Zonas de Sacrificio, ya que las comunidades tendrán que esperar hasta dos décadas para el cierre de todas las centrales carboneras, y adicionalmente no establece una revisión de la laxa normativa ambiental sobre calidad de aire. Además, el plan in- cumpliría los compromisos asumidos por el Presidente Piñera en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 2018, de eliminar las llamadas “Zonas de Sacrificio”, manteniendo la afectación de la calidad de vida de sus habitantes y los ecosistemas, si es que estos plazos persisten en el tiempo.

La industria del carbón en Chile no ha muerto: el cronograma de descarbonización presentado es pobre y no contempla el desmantelamiento de las centrales. El que Chile haya asumido la presidencia de la Conferencia de las Partes (COP 25) durante el 2020, debiese haber ayudado al abandono definitivo del carbón, y en ese sentido, esperar por el bien de las comunidades que este sea el último sacrificio que Chile realice.