Derechos Humanos: oprimidos y expulsados
Cuando las compañías de carbón aparecen, las comunidades locales pueden ser afectadas por desplazamientos forzados y represión. Los compromisos voluntarios son de poca ayuda.
La John Ruggie, representante especial de la ONU para empresas y derechos humanos entre el 2005 y 2011, señalaba que el 28% de las denuncias recibidas eran en contra de compañías mineras, petroleras y/o gasíferas; que las minas de carbón subterráneas son particularmente propensas a colapsos de seguridad y malas condiciones de trabajo; y que las minas a rajo abierto violan los derechos humanos asociados al agua, los alimentos y las comunidades.
Las minas a rajo abierto acaban con las tierras de cultivo, los pastos y las áreas de caza. En Mozambique, empresas a carbón provenientes de Brasil y Gran Bretaña relocalizaron a los habitantes de más de 2.000 hogares entre el 2009 y 2012. Estas personas fueron trasladadas hacia zonas áridas y estériles, donde les resulta difícil cultivar alimentos. Peor aún, la empresa india Jindal opera una mina a rajo abierto sin haber relocalizado a las comunidades locales, quienes viven a solo un kilómetro de distancia. El agua extraída con bombas de las minas por lo general se descarga sin el tratamiento adecuado, contaminando las aguas subterráneas y superficiales de las áreas circundantes. La mina de carbón Cerrejón en Colombia utiliza 17 millones de litros de agua diarios, mientras que la ONU recomienda entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para uso personal y doméstico.
En el noroeste de Bangladesh, un proyecto minero que pretende emplazarse en la localidad de Phulbari, amenaza con relocalizar a 130.000 personas. Pese a que el proyecto aún no se concreta, cerca de 220.000 personas temen perder su suministro de agua potable, generando resistencia de parte de comunidades locales. El 2006, los “Rifles de Bangladesh”, una fuerza paramilitar, asesinó a tres personas e hirió a otras 100. Cada año, los activistas se reúnen en memoria de las víctimas, aun cuando en el 2012 el gobierno trató de impedir esta conmemoración prohibiendo las reuniones de más de cuatro personas. A pesar de esto, durante el 2018 se anunciaron otros dos proyectos mineros de 2.000 y 4.000 MW.
Empresas mineras en Colombia, Indonesia, Mozambique y Sudáfrica han sido acusadas de usar de forma violenta a su personal de seguridad en contra de trabajadores que protestan, activistas sindicales y residentes locales. La resistencia ha sido criminalizada para debilitar las protestas y reducir el apoyo a las mismas. En Colombia, los paramilitares asesinaron a tres sindicalistas el 2001. Los familiares de las víctimas han acusado a la empresa americana Drummond de emplear a los culpables de los asesinatos como guardias. Drummond niega la responsabilidad, y a comienzos del 2015 demandó al abogado de las víctimas en los Estados Unidos.
Los pueblos indígenas a menudo se ven afectados por la minería. Los Dayak, una tribu indígena en Indonesia, lucha contra la minería de carbón en sus territorios en la isla de Kalimantan. Algunas comunidades en ese país han sido relocalizadas mediante la utilización de la fuerza más de una vez producto de las actividades mineras. La mina Cerrejón en Colombia, impacta a una región donde el 45% de la población es indígena y 7,5% son afrodescendientes.
Por otro lado, en el mismo país, los Gunadule, luchan contra la decisión del gobierno que ha conferido a una compañía surcoreana concesiones para extraer carbón en sus territorios, sin consultar a las comunidades locales. En Australia, las minas de carbón a menudo se encuentran en los territorios aborígenes. En Rusia, las minas a rajo abierto rodean los asentamientos de los Teleuts y los Shors, pueblos turcos siberianos. El polvo resultante y las aguas residuales han destruido sus lugares de caza y pesca.
Los procesos de participación ciudadana antes de la materialización de un proyecto minero no son confiables. Muchos intentos de restaurar los territorios no tienen buenos resultados. En Jharkhand, India, donde se extrae carbón duro en minas a rajo abierto, el suelo que estaba sobre el mineral fue almacenado para poder ser reutilizado. No obstante, seis años después este suelo había perdido su fertilidad.
La mayoría de las muertes en la minería del carbón ocurren porque se ignoran las normas laborales y de seguridad, lo que en sí mismo es una violación de los derechos humanos. Aunque la industria de la minería solo comprende cerca de un 1% de la fuerza de trabajo mundial, representa un 8% de los accidentes laborales con resultados fatales. Además, no todas las muertes se registran oficialmente, en especial en las minas ilegales de carbón en China, Colombia y Sudáfrica.
Neumoconiosis o “pulmón de minero” es una enfermedad ocupacional reconocida internacionalmente. Rusia, India y Sudáfrica no publican datos sobre el número de víctimas. No obstante, en China, el Ministerio de Salud reveló que en 2010 se habían producido 23.812 nuevos casos, la mitad de estos como resultado de la minería de carbón. Un equipo de investigación internacional examinó 260.000 casos de personas que habían muerto de esta enfermedad a nivel mundial concluyendo que 25.000 muertes se podrían asociar a la minería de carbón. Incluso si la enfermedad no mata, causa gran sufrimiento y pobreza. Si bien es posible una indemnización de parte de las empresas mineras, los pagos a menudo se demoran o son insuficientes.
Muchas áreas mineras e industrias se ubican en áreas pobres de un país. En los Apalaches, una cadena montañosa en la parte oriente de los Estados Unidos, las tasas de pobreza y mortalidad son considerablemente más altas en áreas donde opera la minería del carbón que en otras áreas. Estudios en varios países revelan que la minería beneficia principalmente a una clase pequeña y generalmente urbana, mientras que las comunidades rurales sufren los impactos de esta actividad.
Si el carbón se exporta, la población local casi no se beneficia quedando a menudo solo con los desechos tóxicos. La pobreza también conduce al trabajo infantil en las minas de carbón. Cerca de 400.000 niños trabajan en las 15.000 minas del estado indio en Jharkhand, muchos de ellos a menudo en condiciones inhumanas.
No todas las áreas serán cubiertas por operaciones mine- ras. Sin embargo, se producirán conflictos sobre uso de tierras y aguas, y gestión de recursos hídricos
Las empresas mineras responden a tales acusaciones. El Consejo Internacional de Minería y Metales, conformado por 23 empresas mineras líderes en el mundo, ha publicado directrices para respetar los derechos humanos, y de pueblos indígenas. Algunas están mejorando los servicios de salud e infraestructura. Sin embargo, los gobiernos de muchos países no tienen la voluntad ni capacidad para garantizar a los trabajadores mineros y a los habitantes locales la protección más importante que es aquella otorgada por ley.