¿20 años más de Política Nacional de Acuicultura para la industria salmonera?

Columna de opinión sobre la Política Nacional de Acuicultura que pretende impulsar el gobierno a meses de terminar su administración, escrita por Christian Paredes e Ignacio Martínez, abogados de Fundación Terram. Fuente: El Mostrador, 4 de julio de 2021.


A tan solo meses de terminar su administración, el actual gobierno pretende impulsar una nueva Política Nacional de Acuicultura (PNA) para los próximos 20 años, cuya propuesta se encuentra actualmente sometida a consulta pública hasta el próximo lunes 5 de julio. Lo anterior, desde nuestra perspectiva, resulta totalmente fuera de contexto no solo por la desactualización de su información base al día de hoy, levantada con datos recopilados hasta 2018, sino principalmente porque soslaya completamente el actual escenario político del país, el cual se encuentra en pleno proceso de elaborar una nueva Constitución, lo que podría terminar por modificar algunas de las bases de la actual legislación asociada a la acuicultura y a la salmonicultura en particular.

En efecto, resulta altamente probable que a raíz del nuevo texto constitucional que se redacte se redefinan una serie de principios, derechos fundamentales y deberes tanto del Estado como de las personas –naturales y jurídicas– en materia ambiental, así como también el régimen de ciertos bienes públicos donde se desarrolla la acuicultura, como el borde costero, junto con el establecimiento de mecanismos que garanticen una mayor democracia ambiental y autonomía territorial. Bajo este contexto, la impulsión y eventual dictación de una nueva PNA pareciera más bien un intento por afianzar dentro de los próximos años un modelo de producción que durante décadas ha provocado serios impactos socioambientales y culturales en los territorios donde se ha desplegado, razón por la cual se encuentra hoy altamente cuestionada.

A la hora de revisar el contenido de la propuesta de PNA que presenta el gobierno para someter a consulta pública, es posible observar, por ejemplo, la escasa importancia que se le atribuye al riesgo climático y a la existencia de ecosistemas marinos frágiles o vulnerables como límite al desarrollo de la actividad, así como la casi total falta de consideración de la necesidad de participación significativa o incidente de la sociedad civil, las comunidades locales y los pueblos originarios en la adopción de decisiones públicas en la materia. Tampoco se observan propuestas en el sentido de revisar la forma en que están siendo evaluados ambientalmente los proyectos de acuicultura intensiva al día de hoy, ni menos la necesidad de revisar los proyectos más antiguos atendida la variación de las condiciones ambientales a la actualidad y su proyección en las próximas décadas.

Asimismo, resulta lamentable que la propuesta no realice distinciones suficientemente claras en sus programas, objetivos y acciones respecto a los tipos de acuicultura, considerando la especie a cultivar, sistemas productivos y escalas de producción, en vista de que los impactos de cada uno de ellos pueden diferir ostensiblemente. En efecto, salvo contadas excepciones, dichos programas, objetivos y acciones parecieran predicarse monolíticamente de todo tipo de acuicultura, difuminando con ellos los impactos específicos del sector salmonero que exigen un tratamiento diferenciado, considerando que al año 2020 representó aproximadamente el 72% de la producción acuícola a nivel nacional.

Por otra parte, cabe resaltar que uno de los cuatro lineamientos estratégicos de los que se compone la propuesta de PNA del gobierno es alcanzar una “acuicultura socialmente aceptada”, lo cual resulta absolutamente improcedente en cuanto presupone una valoración acerca de supuestos beneficios y potencialidades de la industria que no corresponde realizar en una política pública como la que se propone, siendo de responsabilidad de la propia industria acuícola y, en particular, salmonera, realizar esfuerzos para mejorar su imagen y no así a la autoridad estatal respecto del sector regulado. En este sentido, no es el Estado quien tiene que venir a levantar o corregir una imagen que la misma industria se ha construido con el paso de los años.

De hecho, en esta misma línea, se identifica como una de las brechas asociadas al problema de la baja aceptabilidad social de la acuicultura la existencia de un “déficit de estrategias e instrumentos de información y difusión de las potencialidades y bondades de la acuicultura y de los esfuerzos para minimizar sus impactos negativos a nivel regional y nacional”. Este diagnóstico, evidentemente reduccionista y sesgado de las causas que permitirían explicar la baja aceptabilidad social de la acuicultura y de la salmonicultura en particular, simplifica el problema presentándolo meramente como una cuestión de escasa visibilización de las supuestas “potencialidades y bondades” de esta última –que la propuesta, por lo demás, da por sentadas–, omitiendo referirse a las causas de fondo, las cuales son bien conocidas y se relacionan fundamentalmente con los impactos ambientales, sociales y culturales asociados a la operación de la industria principalmente salmonera, la reiterada ocurrencia de eventos desastrosos como escapes y mortalidades masivas de salmones, y la prácticamente nula participación pública en las decisiones que involucran a la industria, como son por ejemplo el otorgamiento de concesiones acuícolas y evaluación ambiental de proyectos de acuicultura.

Por todo esto, desde Fundación Terram creemos que el gobierno debe detener y poner fin al proceso de elaboración de una nueva PNA, puesto que no considera el proceso constituyente en curso, justamente llamado a zanjar una serie de problemáticas históricas asociadas a la industria salmonera, y porque además, esta propuesta de PNA, lejos de hacerse cargo de impactos socioambientales más inmediatos, solo apunta a levantar la alicaída imagen que tiene la industria salmonera tanto a nivel nacional, como en los distintos territorios donde ha logrado instalarse hasta hoy.

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