En su libelo -según lo informado por el Diario Constitucional-, los recurrentes señalaron que en la región de los Lagos y de Aysén se reportó una mortandad masiva de salmones y la empresa recurrida (Salmones Camanchaca) informó que habría sido ocasionado por la floración de algas nocivas. Esto habría provocado que aquella materia orgánica estuviera acumulada dentro y fuera del centro de cultivo, contaminando el agua, y casi dos semanas después la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) le ordenó el retiro de este contenido.

En razón de estos hechos, Sernapesca habría autorizado el traslado del 22% de los peces presentes en la Agrupación de Concesiones Salmoneras hacia otros centros de cultivos, y posteriormente, a zonas libres de esta alga. Sin embargo, no habría dado mayor información sobre el destino de las mortalidades o la cantidad de peces vivos trasladados.

Los demandantes alegaban que el actuar de las recurridas habría sido arbitrario e ilegal, al permitir que los salmones muertos permanecieran más del tiempo prudente, adoptando de forma tardía los protocolos necesarios, y por la falta de información de las gestiones adoptadas. Denunciaron así la vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 Nº2 y 8 de la Constitución, porque no se habrían aplicado las normativas pertinentes y se les habría privado de vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En su informe, en tanto, la Autoridad Marítima indicó que se fiscalizó la zona afectada, constando el retiro de mortalidad, además de disponerse un cierre perimetral y la concentración de materia en estanques herméticos. No obstante, luego se formularon las denuncias respectivas al Ministerio Público por un intenso olor de descomposición presente en el lugar, de manera que estima no haber actuado de forma arbitraria o ilegal al haber dado cumplimiento a sus obligaciones legales.

A su turno, Sernapesca pidió el rechazo del recurso. Esgrimió que no solo actúo dentro de sus competencias, sino que su actuación estuvo fundada racionalmente y en coherencia con la protección del entorno ambiental afectado, pues adoptó las medidas que permitieron terminar con la contingencia producida por la floración algal nociva, entregándose la información respectiva a cada una de las solicitudes presentadas.

La empresa salmonicultora, por su parte, informó que cumplió con la normativa sectorial, toda vez que Sernapesca autorizó la activación de los respectivos planes de contingencia. Agregó que no hay nada que cautelar mediante el presente recurso, pues los hechos denunciados ya forman parte de un procedimiento ante la autoridad ambiental competente y además, son objeto de una investigación penal.

La Corte de Puerto Montt rechazó el recurso. Señaló que se acreditó la competencia de los organismos multisectoriales para evitar los daños ambientales, decretándose medidas concretas que se llevaron a efecto con la supervigilancia de estos organismos.

Además, prosigue el fallo, “el Servicio de Pesca una vez verificado el término de la contingencia efectuando los análisis de los centros de cultivo como así también de los parámetros ambientales dio por finalizado el proceso de contingencia, efectuando las denuncias respectivas ante los tribunales competentes para el conocimiento de los hechos y responsabilidades que fueren procedentes”.

Así las cosas, al haberse concluido el procedimiento de contingencia en cuestión y existiendo plena publicidad del destino final de la mortandad producida, se concluyó que los recurridos han actuado dentro del ordenamiento jurídico. Lo que lleva también a declarar que el recurso ha perdido su oportunidad en atención que dicho procedimiento ha finalizado, estando el entorno ambiental dentro de los parámetros normales para el funcionamiento de los centros de cultivo.

Vea texto de la sentencia Corte Suprema Rol nº45.264-2021 y Corte de Puerto Montt Rol Nº280-2021.