Número de causas de proyectos de inversión judicializados llega a su nivel más alto

De acuerdo con un informe elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se observa que al cierre de la primera mitad del año hubo 54 causas de proyectos de inversión judicializados, equivalentes a US$ 8.720 millones. Fuente: El Mercurio, 30 de julio de 2021.


El primer semestre de este año marcó la mayor cantidad de causas de proyectos de inversión judicializados desde que se crearon los tribunales ambientales. De acuerdo con un informe elaborado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), se observa que al cierre de la primera mitad del año hubo 54 causas de proyectos de inversión judicializados, equivalentes a US$ 8.720 millones. En cuanto al flujo de causas ingresadas y admitidas a tramitación en los tribunales ambientales, en el primer semestre de 2021 hubo 12 causas nuevas, que a su vez representan US$ 3.680 millones.

Además, desde el 2013 a la fecha existen 141 proyectos de inversión que ingresaron al SEIA que han sido judicializados (ya sea que sus causas relacionadas cuenten con sentencia, que estén en trámite en los tribunales ambientales o que hayan sido desistidas o avenidas), representando US$ 43.995 millones. Del total de 106 causas con sentencia en primera instancia, el tiempo transcurrido entre el ingreso de la reclamación y la sentencia del tribunal ambiental correspondiente es de 352 días corridos en promedio. En caso de que se presente un recurso de casación ante la Corte Suprema, las causas extienden en promedio su tiempo de tramitación judicial en 329 días corridos adicionales. Las causas judiciales de proyectos de inversión se concentran en ocho sectores económicos y más de la mitad de los proyectos judicializados históricos (75 de 141) provienen de los sectores de energía y minería, seguidos del sector inmobiliario y del acuícola.

Foto: El Mercurio

 

Así, solo el sector minero concentra más del 60% de los montos de inversión judicializados desde que existen los tribunales ambientales (US$ 25.929 millones). Dicho sector es secundado por el sector energético, que representa más del 25% de la inversión judicializada (US$ 11.331 millones). Javier Irarrázaval, director de Políticas Públicas de la CPC, observa que en este semestre ingresaron menos causas que en los últimos tres semestres anteriores. ‘Aun así, volvió a aumentar el número de causas en trámite por parte de los tribunales ambientales. Eso quiere decir que las causas se empiezan a acumular. Preocupa entonces que una mayor carga de trabajo en los tribunales eventualmente derive en mayores tiempos de tramitación de las causas, puesto que la justicia ambiental debe ser accesible en plazos razonables’, señala Irarrázaval.

El economista comenta además que la macrozona zona sur es la que tiene el mayor número de causas, pero la macrozona norte consolida los mayores montos de inversión judicializados. ‘Esto se debe a que en el norte hay menos proyectos, pero de mayor envergadura, normalmente ligados a minería y energía’, explica. Por otro lado, del total de 170 causas consideradas admisibles, se aprecia que el 37% de los reclamantes (63 causas) correspondió a personas naturales y el 36% a organizaciones de la sociedad civil. El 21% fueron personas jurídicas con fines de lucro (prácticamente todos titulares de proyecto), señalan desde la CPC. Con todo, de un total de 109 sentencias de los tribunales ambientales, 37 acogieron la reclamación (al menos parcialmente y 72 la rechazaron). ‘Esto quiere decir que el 66% (97 de 109) de las sentencias de los tribunales ambientales ratificó la resolución de la autoridad administrativa correspondiente, al rechazar la reclamación judicial interpuesta por el titular o un tercero’, plantean.

Por su parte, Josefina Correa, directora política en Greenpeace, señala que el sector privado tiene un desafío enorme al operar en un país mucho más activo y consciente respecto de la necesidad de proteger la naturaleza, debiendo elevar las prácticas y estándares tecnológicos, pero por sobre todo tienen el deber de mejorar las prácticas con las que operan a un estándar de derechos humanos. Y agrega: ‘La judicialización de proyectos de inversión se produce porque tenemos una mala institucionalidad ambiental, normas insuficientes en su protección y titulares de proyectos que ven en ese espacio uno en el que pueden abusar del derecho, al infringir normas y creer que pueden quedar impunes ante ello’.

Los comentarios están cerrados.