Contraloría permite concesiones salmonicultoras en Reserva Nacional Kawésqar

La Contraloría afirmó que es posible instalar centros de salmón en la Reserva Nacional Kawésqar, con sus respectivos planes de manejo, lo cual generó rechazo entre las ONG ambientalistas. Para Christian Paredes, abogado de la Fundación Terram, "el dictamen de la Contraloría nos parece cuestionable, pues se basa en una interpretación literal de la Ley de Pesca que, a nuestro entender, resulta disonante con lo dispuesto en la Convención de Washington, en cuanto instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile con rango de ley". Fuente: Salmonexpert, 5 de agosto de 2021.


La Contraloría General de la República emitió un importante dictamen, a través del cual reveló su posición acerca del otorgamiento de concesiones salmonicultoras dentro de la Reserva Nacional Kawésqar. Ello, luego que Fundación Terram, ONG Fima y Greenpeace solicitaran pronunciamiento, respecto a la imposibilidad de entregar nuevos permisos acuícolas en este espacio marítimo, sin un Plan de Manejo aprobado.

En cuanto a la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones de acuicultura al interior de la Reserva Nacional Kawésqar antes de tener aprobado su plan de manejo, el reporte de la entidad señala que mediante su oficio N° 8.913, de 2020, “se cursaron con alcance las resoluciones de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que allí se indican, que otorgan concesiones de acuicultura para salmónidos en dicha área protegida, toda vez que el artículo 158 de la Ley General de Pesca y Acuicultura permite el desarrollo de la actividad de acuicultura en reservas nacionales como la de la especie, pero debiendo las referidas concesiones adecuarse, en sus condiciones de funcionamiento y operación, al plan de manejo que se dicte, el que contendrá las acciones concretas para hacer efectiva la protección y conservación del área”.

“Se consignó asimismo que, en conformidad con lo manifestado en el dictamen N° 83.278, de 2016, la creación de las reservas nacionales y forestales apuntan a la consecución de objetivos de conservación y protección ambiental, por lo que el desarrollo de la actividad de acuicultura en las zonas marítimas que forman parte en estas áreas únicamente puede ser autorizado en la medida que tal actividad resulte compatible con los fines ambientales en cuya virtud esos espacios se encuentran bajo protección oficial, para lo cual debe tenerse en consideración lo establecido en los cuerpos normativos que regulan aquellas reservas, en el acto administrativo que las crea y en el respectivo plan de manejo”, según el informe del órgano fiscalizador.

De lo anteriormente expuesto, la Autoridad expone que “ha sido el propio legislador el que autorizó el desarrollo de actividades de acuicultura en reservas nacionales, sin que se condicionara el otorgamiento de los títulos concesionales a la existencia de un instrumento de gestión, sin perjuicio de la necesidad de adecuar la explotación de dichas concesiones al respectivo plan de manejo, como se indicó en el referido oficio de alcances”.

En ese contexto, Contraloría afirma que “no resulta necesario emitir un pronunciamiento sobre la actuación del SEA, organismo técnico especializado al que, de acuerdo con lo manifestado en el dictamen N° 20.210, de 2017, corresponde evaluar si se generan o presentan alguno de los efectos, características o circunstancias que el artículo 11 de la ley Nº 19.300 señala”.

Visiones

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, indica a Salmonexpert que “se trata de una resolución en la que Contraloría aclara que las concesiones vigentes y las solicitudes en trámite dentro de reservas son otorgadas conforme a lo estipulado en los cuerpos legales que nos regulan y que en ello no hay cuestionamiento alguno”.

“Una vez que se publique un plan de manejo, se podrán establecer acciones para compatibilizar la actividad con el interés de protección de la reserva. Esto es muy probable de hacer pues la acuicultura se desarrolla ocupando un 0,047% del área protegida, y si las solicitudes que están en trámite tuvieran éxito, no superaría un 0,1% en su conjunto”, sostiene Odebret.

Christian Paredes, abogado de la Fundación Terram.
Christian Paredes, abogado de la Fundación Terram.

Por su parte, el abogado de Fundación Terram, Christian Paredes, manifiesta que “el dictamen de la Contraloría nos parece cuestionable, pues se basa en una interpretación literal de la Ley de Pesca que, a nuestro entender, resulta disonante con lo dispuesto en la Convención de Washington, en cuanto instrumento internacional suscrito y ratificado por Chile con rango de ley. Por otra parte, la Contraloría señala que la legislación no condiciona el otorgamiento de concesiones a la existencia previa de un plan de manejo, “sin perjuicio de la necesidad de adecuar su explotación al contenido de este último”, es decir, ex post”.

“Esto, sin embargo, contraviene no sólo el principio precautorio, propio del derecho ambiental y explícito en la ley de pesca, sino que resulta ingenuo frente a la dificultad practica de concretar dicha “adecuación de explotación” tratándose de concesiones salmones ya otorgadas y en operación. En este sentido, frente el respaldo estatal a esta industria y las presiones ejercidas por este rubro, la experiencia permite avizorar que el plan de manejo que se dicte para la Reserva Nacional Kawésqar, por desgracia y muy probablemente, termine adecuándose en su contenido a las condiciones actuales de operación de la salmonicultura y no a la inversa, como presupone el dictamen”, alerta al respecto Paredes.

Desde el Consejo del Salmón, aseguran que “creemos que es factible, compatibilizar el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo de las distintas actividades económicas de manera competitiva y sostenible, con la regulación adecuada y con respeto y buena vinculación con las comunidades, para lograr alto crecimiento y progreso en las regiones y mejorar así la calidad de vida de sus habitantes junto con el cuidado del patrimonio ambiental. Este dictamen lo recibimos en ese espíritu, confiando en el funcionamiento de las instituciones y como un aporte a la certeza jurídica que se necesita para el desarrollo de la acuicultura en nuestro país”.

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