El sábado 21 de agosto, cerca de 50 organizaciones campesinas se encontraron en la Asamblea Rural Virtual por el agua y la vida, donde analizaron los impactos de la prórroga por 12 años a la Ley de Riego, la Ley de Servicios Sanitarios Rurales y el Censo Agropecuario. Según la declaración, estas disposiciones “apuntan a vaciar el campo de campesinos y campesinas, por lo cual es necesario revertir esta tendencia, partiendo por la Ley Nº 18.450 que subsidia obras privadas de riego, actualmente en silenciosa tramitación en el Congreso”.
Declaración de la Asamblea Rural por el Agua y la Vida: “Las políticas públicas condenan a muerte a nuestras cuencas”
La actividad, autoconvocada y transmitida por el facebook de la Confederación Nacional de Campesinos de Chile, CONAPROCH, se transformó en un poderoso espacio de convergencia de reflexiones y análisis que el mundo campesino viene haciendo de manera dispersa hace muchos años, pero que ahora logra una comprensión común: las políticas públicas apuntan a la descampesinización, justo en momentos en que Chile necesita con urgencia asegurar soberanamente alimentos sanos para su población.
Parece absurdo, pero es lo que ocurre cuando el diseño de la institucionalidad se rige por las leyes del mercado y no por las de la naturaleza, despreciando los saberes y miradas que hablan de otras maneras de hacer y de vivir. Mediante ponencias hechas colectivamente, se analizó la prórroga a la Ley de Riego 18.450, el Censo Agropecuario y la Ley 20.998 que crea los Servicios Sanitarios Rurales, evidenciándose que todas comparten un patrón común: precarizar la vida en el campo y promover el extractivismo contra la salud de las cuencas y de la vida de quienes las habitan.
La Ley de Riego
Pretende ser prorrogada por 12 años más, persiste en la lógica productivista y en el subsidio a la agroindustria, sin hacerse cargo del desbalance hídrico que esta misma ley ha generado. El proyecto en tramitación, pretende seguir financiando con dineros públicos a quienes posean más tierra, más agua y mayor capital para realizar las obras, quedando nuevamente afuera quienes viven en el territorio y llevan años esperando inversiones de menor cuantía para viabilizar la agricultura familiar campesina. Como esas inversiones no llegan, aumenta la migración, y con el despoblamiento, la expansión de los monocultivos en los cerros y de los bolsones de pobreza en las ciudades. Esto es grave, porque está demostrado que quienes despliegan labores de reparación y recuperación de las cuencas, son las comunidades, por lo tanto proyectar leyes de este tipo, terminará de secar los ríos como ya pasó en Copiapó. De ahí la exigencia de modificaciones acordes al Cambio climático y la crisis global que estamos viviendo, por ejemplo, incluir como beneficiario prioritario de la ley al campesino, a quien vive en el campo, y sin concurso, sino por el solo mérito de la necesidad; la prórroga no debe ser mayor a 3 años, sometida a permanente evaluación; los criterios de puntuación deben excluir a los que más tienen y procurar bonificar las prácticas regenerativas y agroecológicas, cautelando que el agua que se ahorre no se traduzca en expansión, sino en caudal devuelto a las cuencas.
La ley 20.998
Quedó claro que se trata de una privatización encubierta para entero beneficio de las sanitarias y maleficio campesino. La demanda de los dirigentes de asegurar agua en calidad, cantidad y de manera continua a las y los usuarios de las 1800 APR de Chile, Asociaciones que por 57 años han sabido sostener comunitariamente los servicios, se transformó maliciosamente en una ley que concesiona el agua de la ruralidad, exigiendo condiciones que serán incumplibles mientras persista la extracción acelerada de la agroindustria, la minería, las forestales y las inmobiliarias, que como ya se dijo, los gobiernos siguen promoviendo. La ley establece que si no se cumple con las exigencias en 10 años, la concesión termina caducando y el servicio será asumido por las sanitarias. No se entiende, en vez de fortalecer los sistemas comunitarios, se impone la fracasada privatización que hizo estallar a Chile. Si el agua en nuestras localidades depende de un servicio centralizado y mercantilizado, se aniquilará la vida campesina, dispersa y comunitaria.
La revisión del Censo Agropecuario
Permitió apreciar que quien tiene menos de 2 hectáreas, y no registra ventas ni producción de 2018 a 2020, responde un Censo abreviado, excluyendo de las políticas públicas a quienes habitan y no solo “producen” en los territorios. Ante todo esto, las comunidades manifestaron la voluntad de seguir caminando en colectivo, poniendo en valor la cultura campesina y exigiendo por el bien no solo del campo, sino también de las ciudades, y de la vida toda, que la política pública se ajuste a las personas y no las personas a las políticas, como ha sido hasta ahora.
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