“A este ritmo se implementaría en 1.400 años”: Denuncian irregularidades en Programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví

La abogada ambiental Josefina Correa y el coordinador de la campaña Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld, denunciaron a través de una minuta múltiples irregularidades e incumplimientos en el Programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchincaví (PRAS); elaborado en primera instancia como una solución a las múltiples formas de contaminación industrial en una de las comunas apodadas como “zona de sacrificio” ambiental.

El próximo lunes, el Congreso discutirá el presupuesto anual de este proyecto, el cual fue planeado entre 2014 y 2017 por Fundación Chile; entidad público-privada elegida sin pasar por licitación para la tarea y cuyo directorio está integrado en un 50% por directores de la minera australiana BHP y en un 50% por “representantes de Estado”. El ex ministro de Economía, José Ramón Valente, y el actual vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, son algunos de los directores de la fundación que desarrolló el programa.

Por su parte, la Subsecretaría de Medio Ambiente es la encargada desde el Ejecutivo para ejecutar e implementar el programa de Fundación Chile, tarea que en la actualidad avanza a goteos.

Desde Escazú Ahora denuncian que la subsecretaría ejecuta un 0.071% anual del presupuesto, avance con el que calculan tardarían 1.400 años en llevar a cabo el plan de recuperación ambiental y social. Gastos millonarios en planes y asesorías comunicacionales y “un efecto casi nulo sobre el estándar de vida de la población” son parte de lo alertado por Correa y Benfeld para un programa que contó con una inversión estatal inicial de “más de $284 millones” son también incluidas en la denuncia. (Revise acá la minuta de Escazú Ahora Chile).

Según explican, durante el proceso de evaluación previa al proceso de formulación de presupuesto 2021 para el programa ya en ejecución, el Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia calificó lo elaborado por Fundación Chile como objetado técnicamente, puesto que “no cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la población que se ve afectada por dicho problema), consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados) ni coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su estrategia de intervención)”.

Es decir, según informan Correa y Benfeld, el Programa de Recuperación Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví preparado por Fundación Chile no cuenta con indicadores que permitan “verificar el cumplimiento de su único objetivo, que es recuperar ambientalmente el territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

Ejemplo de esto es la incapacidad de llevar a cabo proyectos ya presupuestados, como la implementación de un “sistema de monitoreo de calidad de aire que cumpla los estándares nacionales”. De acuerdo con el documento, el 2019 la Subsecretaría de Medio Ambiente destinó $124 millones para el sistema; el cual al año siguiente, dentro del presupuesto 2020, nuevamente fue incluido, sólo que con un aumento a $154 millones. Una situación similar ocurrió con “con la solución ejecutada para evaluar la factibilidad técnica de una norma de calidad secundaria en la Bahía de Quintero”, para la cual se asignaron $55 millones el 2019 y fue vuelta a incluir en el año siguiente.

Los autores califican de irrisorio el monto que se asignó para la “generación de una política pública de salud con énfasis en el territorio, la actualización de la política comunal de salud para que incluya participación ciudadana y el aumento del nivel del Hospital de Quintero y Puchuncaví”. Para estos fines, denuncian que se contemplaron $11 millones.

En contraposición, acusan que no se escatimó en gastos para elementos de corte publicitario para el programa. La subsecretaría destinó $36 millones para realizar “un plan comunicacional” y una asesoría comunicacional de cerca de $50 millones elevan el gasto a $86 millones en este ítem.

“Estamos en un país que bajo un quiebre institucional ha demandado mayor justicia, y ha marcado una necesidad preferente de un cambio de la conducta estatal. No es posible que se engañe de esta manera a quienes durante años han sido destinados al sacrificio en pos del enriquecimiento de unos pocos. El nuevo Chile que comienza demanda un cambio en las estructuras normativas y de política pública que durante años han posibilitado que comunidades completas se vean vulneradas en sus derechos por la degradación de su territorio y medioambiente. El Congreso Nacional debe hacer eco de estas demandas y reparar, desde la ejecución de fondos públicos, el manejo de este tipo de iniciativas. Solo así lograremos acceder a esa tan anhelada justicia ambiental y social que las comunidades y los territorios tanto reclaman y merecen”, expresan ya al final de la minuta.