La autoridad indicó que las iniciativas que preparan son sobre transición energética, sistemas medianos, la modernización del régimen de fiscalización y supervigilancia para el sector energía que establece la superintendencia de energía, y el proyecto de concesiones de energía distrital.

Nueva superintendencia

Según López, el objetivo del proyecto de ley que moderniza la actual Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), es que el organismo tenga nuevas atribuciones para la protección del usuario final, donde en materia de resolución de reclamos, podrá «ordenar a empresa que resuelva todos los casos iguales en base a un caso particular, estandarizar los reclamos de clientes e instruir resolución de “casos tipo”, y ordenar la devolución de dineros cobrados en exceso o indebidamente y la reparación o reemplazo de artefactos dañados».

En su función fiscalizadora, uno de los objetivos de la iniciativa es que la SEC pueda «suspender la comercialización u ordenar el retiro de productos que incumplan la normativa o representen un riesgo para las personas o las cosas, requerir directamente el auxilio de la fuerza pública en casos de obstrucción o impedimento de sus facultades, cuando exista un riesgo inminente para la seguridad de las personas y clausurar locales o instalaciones, en casos que exista peligro para las personas o las cosas».

López dijo que también se busca que la futura Superintendencia, en materia de transparencia, se establecerá un repositorio público y sistematizado de interpretaciones de las normas, además de que en los procedimientos sancionatorios haya mayores exigencias a la fundamentación de las resoluciones sancionatorias, entre otro puntos.

También se pretende ampliar su ámbito de competencia hacia todos los recursos energéticos, con atribuciones como fiscalizar seguridad de información y cumplimiento de normativa sobre protección de la vida privada, autorizar proyectos pilotos, «fundamentales para el impulso de nuevas tecnologías, como el H2 verde».

Otros puntos que contempla el proyecto es la obligación de la SEC de planificar anualmente la fiscalización, permitiendo «que los regulados focalicen sus esfuerzos en estos temas y la mejora de los niveles de cumplimiento sin necesidad de procesos sancionatorios, y con ahorro de recursos públicos».