Los retos de la acuicultura chilena para las próximas dos décadas

Fundación Terram fue una de las ONGs que participó del proceso de consulta pública de la Política Nacional de Acuicultura, la cual, a través de su abogado, Ignacio Martínez, cuestionó que desde el Gobierno se esté impulsando una actualización de la Política Nacional de Acuicultura, “sin considerar el actual escenario político del país, el cual se encuentra en pleno proceso de elaborar una nueva Constitución, lo que inevitablemente puede modificar algunas de las bases de la actual regulación asociada a la acuicultura”. Fuente: Revista Salmonexpert, Nº96, 2021.


La actual Política Nacional de Acuicultura (PNA), que entrega el marco en que se desarrolla esta actividad, data del año 2003, la cual estableció objetivos y ámbitos de aplicación asociados a su desarrollo sustentable.

Considerando los cambios, el desarrollo y profundización que ha experimentado esta actividad en el país, la autoridad sectorial -representada por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca)- decidió actualizarla, teniendo en cuenta la situación actual de la acuicultura chilena y los desafíos que deberá enfrentar durante las próximas dos décadas.

En este sentido, Subpesca desarrolló una consulta ciudadana que estuvo abierta entre el 30 de abril y el 5 de julio de 2021, sobre los resultados del Proyecto FIPA 2017-17 “Propuesta de Política nacional de acuicultura para las próximas dos décadas”, donde las instituciones mandantes fueron el Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA) y Subpesca.

La propuesta de actualización de la PNA vigente se basó en un proceso participativo, transparente e informado, el que incluyó consulta a acuicultores experimentados de la pequeña y gran industria, como así también a expertos del sector público, privado, académicos, ONGs y organizaciones indígenas.

El informe del proyecto, entregado en julio de 2019, fue ejecutado por el Laboratorio de Economía y Gestión de Recursos Acuáticos de la Escuela de Ciencias del Mar, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (Incar), Programa Copas Sur-Austral, de la Universidad de Concepción (UDEC), más dos consultores independientes.

En el documento- elaborado antes del estallido social y pandemia, de acuerdo con lo señalado por sus autores- se propone que la PNA debe establecer: “las condiciones, incentivos e instrumentos que permitan que la acuicultura nacional alcance su estado de desarrollo sostenible en un horizonte de 20 años, transformándose en una actividad económica que contribuya efectivamente al desarrollo sostenible de las economías locales, regionales y nacional”.

Diagnóstico

Dentro del diagnóstico que el informe entrega, se establecen diversos problemas que hoy aquejan al sector acuícola, tales como:bajadiversificacióndelaacuicultura nacional, débil estrategia comercial y una dispar presencia en los mercados; baja aceptabilidad social de la acuicultura; una insuficiente gestión sanitaria y ambiental de la acuicultura; una débil e insuficiente institucionalidad público- privada; una normativa no ajustada a los requerimientos y oportunidades y una insuficiencia de conocimientos y competencias       adecuadas.

Teniendo en cuenta estos factores, el informe llega a la conclusión que, “de acuerdo a la situación actual y tendencias observadas hasta el año 2019, la acuicultura nacional no es sostenible en el largo plazo”. Para poder revertir esta situación, se especificaron cuatro ámbitos de acción sobre los que la propuesta de PNA debería operar e influir: económico, social, ambiental y gobernanza (Cuadro).

En este contexto, desde la propuesta de PNA se define la visión de la actividad al 2038 como: “Una acuicultura dinámica, diversificada, innovadora y competitiva, generando un entorno productivo ambientalmente sostenible, social y económicamente viable, que contribuye significativamente a las economías locales, regionales y nacional, sustentada por una gobernanza efectiva”.

Desafíos

Respecto a los principales desafíos que tendrá que sortear la acuicultura para las próximas dos décadas, el documento señala a las enfermedades, las que “continúan siendo una de las grandes amenazas para el sector a nivel mundial y prácticamente todos los grupos de especies han sufrido la aparición y expansión de enfermedades devastadoras como el ISA en salmón Atlántico”.

Otro problema destacado por el informe, es el uso indebido y abuso de antimicrobianos y otros medicamentos veterinarios. “Esto ha afectado también en forma significativa la percepción del sector acuícola tanto desde la perspectiva de los consumidores, como desde la perspectiva de las comunidades locales donde se genera la producción”.

También se nombra la vulnerabilidad de la acuicultura al cambio climático, donde urge entender cuáles son y serán sus efectos y cómo se puede responder a ellos.

Salmonicultura

La propuesta de PNA no entrega propuestas específicas para la salmonicultura u otras de las principales actividades de este sector económico (mitilicultura u ostricultura, por ejemplo), “sino que son propuestas transversales para la actividad en su conjunto y en la que quienes la implementen a lo largo del país deberán dar la importancia relativa necesaria a uno u otro tipo de acuicultura”, señaló uno de los académicos de la PUCV involucrados en el proyecto, Exequiel González.

Sobre el ámbito específico de la salmonicultura, desde el Consejo del Salmón (gremio que agrupa a AquaChile, Cermaq, Mowi y Salmones Aysén) expresaron que participaron de la consulta pública de la PNA: “En nuestra opinión, se debe potenciar el desarrollo de la acuicultura compatibilizando dos asuntos relevantes: el uso sustentable de los recursos y la creciente demanda por alimentos que hay en el mundo”, expresó la directora del gremio, Joanna Davidovich.

“Dado este contexto, creemos que Chile requiere de un marco general que permita impulsar el crecimiento sostenible de la acuicultura con investigación, desarrollo e innovación en los procesos productivos”, agregó la ejecutiva.

Para el Consejo del Salmón, esta nueva Política Nacional de Acuicultura debe poner como ejes fundamentales la competitividad y la protección del entorno y del medio ambiente, de forma que el progreso se comparta en las comunidades.

Respecto a uno de los objetivos del PNA que expresa el llegar a tener en el país una «acuicultura nacional sostenible a largo plazo», Davidovich expresa que: “Es posible conciliar desarrollo productivo con protección del medio ambiente y del entorno a través de más ciencia, tecnología e innovación, para que así, en conjunto, tanto el sector privado como el público, abordemos los desafíos ambientales, mejoremos la salud de los peces y apuntemos hacia una mayor sostenibilidad de la industria en el tiempo”.

Por su parte, desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, su presidente, Carlos Odebret, comentó sobre la relevancia de contar con una PNA actualizada: “La producción de alimentos es uno de los pilares de la economía nacional y la acuicultura ha demostrado ser un motor muy relevante para la economía del sur de Chile. Entonces, una política nacional de acuicultura contribuye a mirar el futuro de la actividad y del desarrollo regional”.

Para la Asociación, uno de los puntos más importantes que esta política debería considerar, es el uso del borde costero: “Debido a que los intereses del borde costero se han ampliado en los últimos años, es muy importante definir orientaciones sobre cómo se resolverán los potenciales conflictos de uso. Esto pasa porque tenemos reglas de uso de los años 80 o 90 y no hemos sido capaces de diseñar mecanismos institucionales eficaces para planificar y administrar los múltiples intereses”.

Sobre cómo se puede llegar a tener una actividad acuícola sostenible a largo plazo, Odebret señaló que: “colaborando, no hay forma siquiera de imaginarse un futuro si no hay colaboración. Por ello es clave tener estructuras institucionales que faciliten el proceso de construcción de políticas públicas, protección ambiental, participación ciudadana, I+D y desarrollo social/territorial”.

Enfoque ecosistémico

La Sociedad Chilena de Acuicultura también participó en la consulta pública por esta nueva PNA, donde sus asociados contribuyeron aportando conocimientos desde sus diversas disciplinas.

Para la organización, esta PNA es relevante, “en la medida que entregue un marco referencial que apoye el desarrollo de la actividad acuícola del país con enfoque ecosistémico, para así asegurar su sustentabilidad y estabilidad económico social en el tiempo, estableciendo una visión y misión claras”.

La vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Acuicultura, María Isabel Toledo, académica de la Escuela de Ciencias del Mar de la PUCV, añadió que otros aspectos a considerar de esta PNA tienen relación con la descentralización y simplificación de los procesos y decisiones, y en especial una coordinación eficiente de la Política Nacional de Acuicultura con otras políticas, para lograr un desarrollo armónico nacional y regional.

“Es relevante considerar la variabilidad geográfica y las distintas especies que se cultivan a lo largo del país, no obstante un análisis integral con enfoque ecosistémico, tomando en cuenta la gobernanza, los aspectos económico- sociales y los ambientales, se aplanaría la curva de problemas y aseguraría una sustentabilidad a largo plazo. Con ello se promovería el desarrollo de las economías locales, regionales y nacional”, señaló la experta respecto a cómo lograr una actividad acuícola sostenible a largo plazo.

El documento sometido a consulta pública también abordó el tema de la urgente diversificación de la acuicultura nacional. Toledo agregó al respecto que “se debe beneficiar la actividad de la Acuicultura de Pequeña Escala (APE) con un marco legal específicamente diseñado a su nivel de producción, favorecer el acceso a zonas costeras, promover el desarrollo e innovación tecnológica y de estrategias comerciales, programas de introducción a mercados de productos APE, entre otras”.

Regulación débil

Por parte de las ONGs, Fundación Terram fue una de las que participó del proceso de consulta pública, la cual, a través de su abogado, Ignacio Martínez, expresó respecto a este documento que les llamó profundamente la atención que desde el Gobierno se esté impulsando una actualización de la Política Nacional de Acuicultura, “sin considerar el actual escenario político del país, el cual se encuentra en pleno proceso de elaborar una nueva Constitución, lo que inevitablemente puede modificar algunas de las bases de la actual regulación asociada a la acuicultura”.

“En este contexto, es de esperar la eventual redefinición de una serie de principios, derechos fundamentales y deberes en materia ambiental, así como la reconfiguración del régimen de ciertos bienes públicos donde la acuicultura se desarrolla o hace uso, como es el caso del borde costero, junto con el establecimiento de mecanismos que garanticen una mayor democracia ambiental y autonomía territorial y cultural”, especificó el abogado.

Para Terram, los objetivos que plantea esta política en materia ambiental son absolutamente insuficientes y no apuntan a los cambios trascendentales que la industria requiere.

Martínez agregó sobre este punto que: “es realmente alarmante que hoy se siga aumentando la biomasa de los centros de cultivo en ecosistemas frágiles, en que existe evidencia de riesgo climático, o que se sigan otorgando concesiones salmonicultoras al interior o en las cercanías de áreas protegidas. Por el contrario, una política que realmente apunte a mejorar los estándares ambientales debiera concentrar sus esfuerzos en sacar a la salmonicultura de esos sectores”.

Asimismo, uno de los ámbitos de acción de la propuesta es el aspecto «gobernanza», respecto a este ítem, desde la ONG señalaron que: “Nos preocupa enormemente que la política propuesta haya omitido poner el foco en la debilidad que hoy existe en la regulación acuícola en diversos aspectos, por ejemplo, en la laxitud y falta de claridad del régimen de caducidades aplicables a las concesiones de acuicultura, donde la posibilidad de aplicar dicha sanción frente a incumplimientos graves es extremadamente difícil o prácticamente imposible”.

La discusión sobre cómo el país pretende seguir desarrollando esta relevante actividad productiva ya está en marcha y ahora se esperan los pasos a seguir por parte de Subpesca, para ir definiendo de manera consensuada e informada el futuro de la acuicultura nacional y sus alcances en diversas materias.

 

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