«Resulta evidente que la salmonicultura no ha estado a la altura de los estándares»

Foto: Salmonexpert

Mauricio Daza, abogado, Constituyente por Magallanes, propone un órgano para evaluación y fiscalización ambiental de proyectos de industrias como la acuícola, autónomo del poder político de turno. Fuente: Salmonexpert, 27 de septiembre de 2021.


Una Constitución para el siglo XXI en la que el Estado resguarde el interés general sin excluir la participación de los privados, pero con “estándares de un Estado democrático de Derecho occidental en el siglo 21”, resume el abogado Mauricio Daza, constituyente por Magallanes, sus expectativas del resultado de la Convención Constituyente.

En entrevista con Salmonexpert, adelanta que “impulsa la creación de un órgano de rango constitucional que tenga a su cargo la evaluación y fiscalización ambiental de proyectos”, “autónomo del poder político de turno, para garantizar que realmente efectúe su labor más allá de cualquier red de influencia que pueda afectar esa tarea”.

“Hoy día, lamentablemente, todas estas decisiones están centralizadas y además, los mecanismos de fiscalización no son idóneos ni adecuados”, fundamenta.

La salmonicultura, al igual que cualquier otra industria, “debe someterse a estándares claros” y ser “fiscalizados de una manera real en materia de sustentabilidad ambiental y social”, recalca y agrega que “resulta evidente que no ha estado, en general, a la altura de estos estándares”. Sobre todo, en el sur austral, añade, “ha generado conflictos con comunidades en las zonas donde se desarrollan, además de haber sido objeto de múltiples cuestionamientos en materia ambiental”.

Más allá de regular una determinada industria hay que hacer cambios para tener una institucionalidad “seria en la evaluación y fiscalización ambiental” y definir mecanismos de participación comunitaria. “Procedimientos serios (de evaluación) y revisar algunos aspectos de la institucionalidad actual y su normativa” afirma y cita “los programas de cumplimiento”, que muchas veces terminan validando infracciones “a los términos en los cuales fue definida una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que ampara precisamente esos proyectos”, agrega.

Respecto del proceso de descentralización en marcha en el país, Daza es categórico: los gobiernos regionales, “deben tener muchas más potestades para implementar políticas públicas diseñadas en las regiones con una participación real de la ciudadanía”. Y en ese contexto, “nuestra institucionalidad ambiental es débil, muy centralizada y sobre todo dependiente del poder político de turno, lo cual genera riesgos respecto de la posibilidad de que exista una evaluación y una posterior fiscalización que sea objetiva”.

“No vamos a avanzar si seguimos teniendo un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y una Superintendencia del Medio Ambiente dirigida por funcionarios que dependen de la confianza del poder político de turno, en la práctica”, afirma insistiendo en su propuesta de un nuevo órgano autónomo de evaluación y fiscalización ambiental.

Otro aspecto vital respecto de la sustentabilidad que debe incluir la nueva Constitución, dice Daza es la redefinición del rol del Estado, “debe cambiar, no podemos seguir con la tesis de la subsidiaridad y en ese contexto el Estado debe tomar un rol activo para resguardar el interés general por sobre los intereses particulares en la gestión de aquellos recursos que son considerados bienes nacionales de uso público”.  Y que “el Estado tenga la Facultad de poder tomar decisiones vinculantes respecto de su mejor forma de explotación. Especialmente cuando existe algún peligro en relación a la sustentabilidad del recurso o que pueda afectar el interés general”.

“Se han cometido excesos en el diseño y asignación de derechos de explotación de recursos naturales”, argumenta, que “se han transformado en verdaderos títulos de propiedad que recaen sobre los recursos que se explotan”, afirma y ejemplifica con “las licencias de pesca respecto de la explotación de recursos hidrobiológicos, también respecto de los permisos que se entregan en el ámbito minero, respecto de la explotación de diversos recursos naturales”.

Asimismo, plantea que está “por definir mecanismos de ordenamiento territorial y manejo integrado de cuencas en todo el país” y que “sean las comunidades, en sus territorios, las que definan su vocación de desarrollo de una forma participativa y transparente” señalando zonas en las cuales determinados emprendimientos pueden realizarse y otros que no.

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