La comisión recibió en audiencia a la investigadora senior del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola (Incar), Dra. Doris Soto, y a la Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Dra. Judith Schönsteiner, quienes se refirieron a la materia en referencia.
En la ocasión, la Dra. Doris Soto relató que desde hace un par de años el Incar ha estado promoviendo la instauración de un enfoque ecosistémico en la acuicultura nacional. “El principio precautorio está orientado por tres principios claves para la contribución de la acuicultura al desarrollo sostenible”, dijo. Dentro de este marco, en primer lugar “la acuicultura se debería desarrollar en el contexto de las funciones y servicios ecosistemicos sin degradación de estos más allá de su resiliencia”, mencionó. Además, “la acuicultura debería mejorar el bienestar humano y la equidad para todas las partes interesadas relevantes; y debería desarrollarse en el contexto de otros sectores, políticas y metas en forma apropiada”, mencionó.
La investigadora añadió que “los efectos de la salmonicultura sobre el ambiente marino se han estudiado y normado (SEIA, RAMA) en el entorno de los centros o granjas de cultivo, pero la concesión (o granja individual) como área de gestión no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales”.
En este ámbito, en octubre de 2020 Incar, junto a WWF, emitieron una propuesta de desempeño ambiental de la acuicultura a nivel de ecosistema, la cual establece indicadores de presión por barrio y se utilizaron también otros indicadores que reflejan la sensibilidad de los ecosistemas a ciertas perturbaciones, determinándose que hay ecosistemas o cuerpos de agua más sensibles que otros.
“Con este enfoque ya podemos proponer cuerpos de agua donde sería necesario reducir y quizá no permitir cultivos intensivos y otros donde se puede continuar con precaución”, dijo la académica. Entre los cuerpos de agua que parecen más susceptibles aparecen, por ejemplo, el estuario y seno de Reloncaví, el fiordo Comau, el canal Puyuhuapi y el fiordo Cupquelán.
Entre las propuestas del Incar aparece: definir cuerpos de agua relevantes (unidades ecosistémicas) para una o más ACS (área de concesiones de salmónidos); establecer indicadores relevantes a escala de estos cuerpos de agua; establecer nivel de riesgo para definir capacidad de carga; establecer o mejorar sistemas de monitoreo y seguimiento integrados y permanentes de estos cuerpos de agua con una frecuencia a intensidad acorde al riesgo; establecer áreas de conservación en zonas carentes; y respetar áreas de conservación donde la hay y reconocer su valor incluso para la salmonicultura. “El Incar, con el apoyo de otras instituciones, se encuentra preparando una propuesta más elaborada”, sostuvo la Dra. Doris Soto.
La investigadora destacó que “el compromiso y cumplimiento de los países de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), agenda 2030, presenta un desafío y también una oportunidad para la acuicultura frente a mercados externos, internos y la aceptación social”. En ese sentido, llamó a la industria a avanzar en esta materia, destacando que la acuicultura aparece como un sector que puede mejorar y puede tener un desempeño mejor que varias otras industrias.
Derechos humanos
Posteriormente, la Dra. Judith Schönsteiner se refirió al estudio “Normativa aplicable a la industria del salmón en Chile: Brechas con los estándares internacionales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos”, donde ella participa como autora, junto con Cristóbal Carmona, Franco Arias, Daniela Ortega y Karla Varas.
Según lo informado, se trata de un estudio solicitado por el Danish Institute for Human Rights, que fue realizado entre marzo y julio de 2020, y actualizado en mayo de 2021, siendo publicado en julio de este año. En dicha fecha, la investigación fue entregada a las autoridades estatales a través de una consulta realizada en el marco de la Política Nacional de Acuicultura, realizada por Subpesca.
Entre las conclusiones del estudio en materia ambiental, se tiene que “la normativa y fiscalización en materia sanitaria es más exigente y eficaz que en materia ambiental y laboral, donde hay brechas importantes con los estándares internacionales”. Asimismo, se informa que el sistema de renovación de concesiones no contiene incentivos eficaces en materia ambiental, y que la certificación de fiscalizadores privados y laboratorios de referencia es importante, pero falta una supervisión más proactiva de parte de los organismos públicos.
En materia de derechos humanos, en tanto, se concluye que “la consulta indígena en relación con proyectos de inversión no está conforme con los estándares internacionales; y que la Ley Lafkenche no cuenta con una implementación eficaz (es engorrosa para ambas partes)”. Asimismo, se identificó que la ayuda legal para acceso a la justicia es insuficiente y que se requiere mayor transparencia hacia las comunidades y consumidores.
Los y las congresistas presentes tomaron nota de las exposiciones de las académicas e hicieron hincapié en la necesidad de que la actividad se desarrolle de manera sostenible, considerando las recomendaciones de expertos y acorde con los desafíos que impone el cambio climático.
“No es que estemos en contra de la salmonicultura o la acuicultura, sino que esta tiene que hacerse de manera responsable”, dijo, por ejemplo, la senadora Isabel Allende. Por su parte, la senadora Ximena Órdenes, reconoció la importancia de la industria del salmón en términos de exportaciones para el país, pero destacó la necesidad de analizar las variables ambientales en su desempeño futuro. “Hay indicadores que tenemos que considerar”, dijo, destacando la importancia de abordar temas como la prohibición de ingreso de nuevas concesiones para cultivo de peces.
